Cimientos firmes

Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line 

Termina una semana cargada de conflictos y con muchos datos llamativos. Pero la primera conclusión, muy positiva, es que los cimientos de la democracia están firmes. La protesta de gendarmes y prefecturianos despertó algunos fantasmas del pasado y el secuestro de Alfonso Severo, un testigo clave en el juicio por el asesinato del militante social Mariano Ferreyra, contribuyó a generar un clima espeso. Pero el trabajador ferroviario fue liberado y ratificó que testificará en la causa, que puede poner en jaque a algunos dirigentes que explotaban a los obreros en una gran sociedad con los grupos empresarios que manejan el pésimo servicio público en Buenos Aires. Habrá que esperar sus palabras en el juicio, pero lo que ya dijo es grave: “Fue un mensaje para la Presidenta”.

 

La sublevación de los uniformados generó gran preocupación en la sociedad, pero salvo algunos trasnochados que quisieron aprovechar el momento para ir por más y algunas oportunistas apariciones políticas, los mismos gendarmes y marineros bajaron el tono a los reclamos.

 

Sin embargo, vale ponerlos en contexto. El conflicto tiene su raíz allá lejos en el tiempo. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se desenganchó el sueldo de los prefectos de los judiciales. Un prefecto nacional -comandante- cobraba lo mismo que un juez y de ahí, en escala hacia abajo. Después, durante el menemismo se sucedieron los incrementos en negro, que no modificaban el básico. Muchos recurrieron a la Justicia y los buffetes de abogados se hicieron un festín con fallos que distorsionaron toda la escala. Un prefecto principal podía percibir 43.243 pesos por mes o 12.260, según qué abogado lo representó. Hay gendarmes rasos que cobran 22.219 y los que no están judicializados pueden ingresar mensualmente apenas 3.878. De acuerdo con datos oficiales, casi todos los comandantes generales de la Gendarmería tienen su sueldo judicializado. Se trata del mayor rango en la fuerza. El que más gana consigue 93.557 pesos por mes; el que menos recibe, 30.499, y el promedio de los 26 comandantes generales es de 57.958.

 

Por eso uno de los reclamos era “que no se toquen los haberes fijados por la Justicia”. Pero fue la Corte Suprema la que ordenó “regularizar” la escala para concluir la cadena de reclamos. Por eso surgió el decreto 1307, que no hizo más que blanquear los adicionales no remunerativos, lo que empujó a muchos a pagar Ganancias y más aportes de jubilaciones y obras sociales. La situación complicaba a los que más ganaban, pero no deberían afectar a los sueldos menores. El Gobierno denunció irregularidades de las mismas cúpulas de uniformados para sumar a todos los efectivos en la defensa de sus privilegios.

 

De todos modos, es un imperdonable desliz de los funcionarios a cargo, no haber visto el efecto que se iba a causar, en momentos en los que la Presidenta tiene varios otros frentes que atender. Pero sin mirarse al espejo, la única respuesta fue el desplazamiento de toda la conducción de Gendarmería y Prefectura.

 

Aunque la protesta sigue, lo positivo es que pese a operaciones mediáticas, los uniformados mantuvieron la línea de subordinación a los poderes democráticos.

 

El clima ayudó a reavivar un reclamo en Misiones. Durante algunas horas, un grupo de policías, que desconoció la representatividad de la Mesa de Diálogo entablada tras la protesta de febrero, amenazó con volver a iniciar medidas de fuerza y sumaron reclamos. En el Gobierno esta vez hubo una rápida reacción que desinfló la maniobra. Había un atraso en uno de los puntos acordados en febrero, que era la refinanciación de las deudas con bancos y financieras que tenían buena parte de los agentes. Se había creado un fondo de siete millones aportados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, pero según fuentes oficiales, no iba a alcanzar a solucionar el problema de fondo. Por eso se negoció con entidades bancarias una línea especial de refinanciación de deudas con ese mismo fondo, que servirá para subsidiar las tasas y atender todas las situaciones. Asimismo, se acordó el pago de horas extras para quienes superen las 48 horas semanales. La presión policial por ampliar los puntos del acuerdo -pretendían la liberación de topes de los sueldos retirados- también tuvo una respuesta muy firme: no se negociará más allá de los puntos del acuerdo de febrero.

 

También hubo otros temas de debate polémico que tienen que ver con la Justicia y los posibles fallos que tienen implicancia directa sobre la ley de Medios. Cinco integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación bloquearon la designación de un juez que debía salir por concurso. El mecanismo es idéntico al de Misiones: el Consejo selecciona una terna y el Ejecutivo debe elegir un candidato que nuevamente pasa por el cedazo del parlamento.

 

Aquí el Consejo directamente anuló el concurso público y designó a dedo a un juez jubilado -Raúl Tettamanti- para hacerse cargo del juzgado que debe fallar sobre el artículo 161 de la ley de Medios, que cuestionó el grupo Clarín y que todavía le permite monopolizar la información en la Argentina. Tettamanti cubrirá el vacío dejado por Edmundo Carbone, un juez que sobrevivió a la dictadura y que justo antes de pedir su jubilación, falló a favor de Clarín.

 

La designación de Tettamanti fue decidida por el juez Ricardo Recondo, una estrella mediática opositora al Gobierno y de origen radical. Contó con el respaldo de los representantes del PRO en el Consejo. Es curioso el doble juego del radicalismo, cuya bandera argumental es la “defensa de las instituciones”. En este caso juega a favor de un grupo económico que se pone por encima de ellas y que se opone a una ley que votó por amplia mayoría el Congreso. Claro está que el radicalismo no acompañó la ley de Medios.

 

El presidente de la UCR, Mario Barletta, quien estuvo en Misiones en las últimas horas, tampoco salió enfáticamente a sentar postura sobre la protesta de gendarmes y prefecturianos y, en cambio, acusó al Gobierno de “atropellar” a ambas instituciones, el mismo discurso usado por Mauricio Macri. “No puede ser que en diez años sigan sueldos tan bajos y en negro y haya tanta cantidad de planes sociales”, cuestionó. Claro, no hizo mención de lo que precedió a estos últimos diez años.

 

Llamativamente, la irregular designación de Tettamanti no fue cuestionada por los medios. La disputa fue presentada como una “presión” del oficialismo para elegir a un juez que falle contra Clarín -María Lorena Gagliardi, era una de las candidatas que estaba en condiciones de ocupar la vacante por haber aprobado todos los exámenes previstos, pero aún sin ser elegida, fue denunciada penalmente por diputados opositores supuestamente por, en el futuro, favorecer al Gobierno-. Sin embargo, en la práctica, el Ejecutivo ni siquiera pudo llegar a contar con una terna para tomar la decisión.

 

Como el Ejecutivo puede recusar a Tettamanti -como ya fue anunciado-, se sobreentiende que la maniobra busca de fondo ganar tiempo ante la inminencia del 7-D.

 

Este 7-O también es relevante. En el norte del continente se realiza una elección que tendrá un fuerte impacto en toda la región. Hugo Chávez pone a prueba su poderío político en un nuevo intento de reelección. Enfrente tiene a un empresario extrapolítico que genera esperanzas en buena parte de las oposiciones de Latinoamérica. Argentina debe mirar con atención lo que suceda con el bolivariano. Si gana, se profundizará una línea política que incluye ahora al Mercosur. Pero si pierde, Henrique Capriles cambiará el eje de la relación con el sur y mirará hacia el norte y sumará un nuevo elemento a la corriente conservadora, que ya se inició en Paraguay con el golpe a Fernando Lugo.

 

Es tanta la expectativa que se genera que el PRO envió desde la Argentina a sus principales operadores para apoyar a Capriles. En los últimos días se lanzaron diversas versiones sobre una supuesta manipulación de los resultados, pero, aunque con final abierto, hasta ahora no hay sospechas ciertas de ello. Hace unos pocos días, durante el conversatorio anual del Centro Carter celebrado en Atlanta, Estados Unidos, el expresidente de ese país, Jimmy Carter, elogió públicamente al sistema electoral venezolano, calificándolo como “el mejor del mundo”. “De las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”, dijo Carter, quien preside la fundación. No es chavista ni mucho menos, pero ya en 2006, cuando Chávez ganó por segunda vez, había declarado que lo hizo “limpiamente y con imparcialidad”.

 

En cambio, el demócrata recalcó que mientras los sistemas comiciales en América Latina han mejorado significativamente, en Estados Unidos se ha consolidado una “corrupción financiera” vinculada a los procesos electorales, alimentada por “resoluciones que han facilitado el flujo de dinero privado a los cofres de los candidatos”.

 

El sistema electoral en Venezuela funciona de manera automatizada en su totalidad, es decir, cada uno de los procesos, desde la inscripción en el Registro Electoral hasta el conteo de los votos, es auditable. De cualquier manera, el resultado de esta tarde tendrá un alto impacto en toda la región.