La Cámara de Comercio e Industria de Posadas hizo saber a sus socios y a los comerciantes en general, que a pesar de haber vencido los plazos para el reempadronamiento de cartelería y publicidad, el 82% no reempadronó su cartelería y sólo el 18% de los comerciantes ahora incluidos en la nueva normativa se inscribió. De este 18%, muchos ni siquiera llegaron a abonar la primera cuota, también ya vencida, debido a que notaron el excesivo aumento que la ordenanza municipal establece, cuyos costos según contaron los comerciantes, aumentaron del 100% al mil por ciento con respecto a las anteriores regulaciones.
Además, es destacable mencionar que antes había sólo unos 300 comercios que pagaban por sus carteles por la simple razón de que muchas de las categorías hoy incluidas en la nueva ordenanza no existían. Según la normativa anterior, había como mucho unos 400 comercios que debían abonar, siendo que ahora son 8 mil o más, incluidos comerciantes más pequeños y humildes de la Ciudad de Posadas.
La Cámara hace saber que cada vez son más las voces de quejas que llegan a la Institución por la nueva tasa, muchas de los cuales por temor a las multas o a tener que abonar exorbitantes sumas han decidido apagar sus carteles, bajarlos de sus lugares, taparlos o pintarlos.
Incluso muchos comerciantes informaron a la Cámara de Comercio que se autoconvocarán para realizar un apagón de carteles y aunar sus fuerzas para hacer más fuerte el reclamo hacia la nueva normativa.
Aumento desmedido
La Cámara de comercio e Industria de Posadas, en representación de sus asociados, desde que se dio a conocer la nueva normativa y su puesta en vigencia, considera desmedido el aumento y que también su aplicación es inoportuna, afectando a todos los comerciantes.
Actualmente la normativa establecida por la Municipalidad de Posadas está claramente dañando a los comerciantes, muchos de los que ya han decidido tapar o quitar sus carteles, lo que redunda en varios perjuicios: la ciudad se afea, los comerciantes venden aún menos y el cliente o consumidor pierde los carteles que indican lo que cada comercio ofrece, generando desconcierto y desorden en el comercio en general. Esto también afecta a la municipalidad, quienes debido a los altos costos de la nueva norma, están perdiendo la oportunidad de recaudar.
Una ciudad sin carteles produce un daño irreparable, genera confusión y desorientación en la sociedad. El consumidor que no sabrá donde ir y al haber menos carteles bajará la recaudación de las tasas.
Semanas atrás la Municipalidad de Posadas había asegurado que revisaría la normativa y su modo de ejecución, luego de haber concedido una prórroga y el pago de los informes técnicos en las zonas 2 y 3 de la ciudad, pero hasta hoy no hubo respuestas formales. El pedido concreto de la CCIP consistió en efectuar los aumentos y las nuevas tasas de Cartelería y Publicidad en cuotas anuales, de acuerdo al índice inflacionario, además de nuevas prórrogas, solicitud que aún no tuvo respuesta.
Aumento de Ingresos Brutos
Además la Cámara recibió también estas semanas la preocupación y descontento de los comerciantes por el aumento de la alícuota de los Impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB), que en un inicio, salvo para las industrias, es del 0,5%, con la posibilidad de aumentarla o disminuirla en un 1%.
Así, los rubros que tenían el 2,5% pasarán al 3% y los que estaban en el 3,4% pasarán al 3,9%, lo que se traduciría en un aumento de la presión impositiva para los comerciantes, lo que aumentaría nuevamente las asimetrías fronterizas con las que se está luchando constantemente.
Agentes de retención
Además, según los cálculos de la CCIP, pequeños comerciantes o empresas que facturen más de 166 mil pesos por mes, teniendo sólo tres o cuatro empleados, los convierte en agentes de retención y percepción según la Ordenanza Nº 2964/11 fue la que aprobó “en todas sus partes el Código Fiscal Municipal, la Ordenanza Tributaria, y Habilitación e Inscripción de Estructuras Soportes y Antenas”.
Entre otros puntos, cuestionaron que la retención mínima sea de 1 peso, lo que provoca un gasto administrativo mucho mayor que la propia retención. También se quejaron porque se estableció el monto fijo de 2 millones de pesos de facturación anual, condición para que los comercios se transformen en Agentes de Retención, lo que incluiría a un gran número de comerciantes locales. Y esta reglamentación no tiene en cuenta el rubro, la cantidad de personal que poseen ni las ganancias que representa esa facturación. Es decir que quien llegue a ese monto deberá efectuar retenciones a sus proveedores, con todos los gastos administrativos que ello significa y los inconvenientes que puede acarrear con los mismos proveedores que desconocen la normativa vigente. “Lo que están haciendo es pasar al Contribuyente el Control Tributario”, aseguraron.
