Juzgan a proxenetas de Bernardo de Irigoyen por trata de personas

Una mujer de 62 años fue denunciada por obligar a prostituirse a una menor, en un burdel de Bernardo de Irigoyen. También un hombre está imputado por otros casos.

rminda De Mora, de 62 años, estará sentada en el banquillo del Tribunal Oral Federal de Posadas, acusada de obligar a ejercer la prostitución a su joven nuera, en un burdel llamado “Bar”, en Bernardo de Irigoyen. También es juzgado como presunto proxeneta Ramón De Lara, quien en el mismo local habría explotado sexualmente a otras tres mujeres, dos de ellas menores. Además hay dos imputados considerados partícipes secundarios. Los casos fueron denunciados en 2010.

Sometidas

Hace dos años, una investigación de Gendarmería concluyó con el allanamiento de un prostíbulo situado en el acceso a Bernardo de Irigoyen, donde fueron rescatadas cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad.Una de las menores denunció en aquel momento que se prostituía en el “Bar”, obligada por su suegra, que resultó ser Arminda De Mora, en ese entonces, de 60 años.La chica, que  habría sido reclutada en San Pedro, tenía un pequeño hijo, carecía de identificación formal y habría sido tentada por la sexagenaria para trabajar en el bar nocturno. La “administradora” del local se aprovechó de la extrema pobreza de su nuera.Otras tres víctimas denunciaron que en el “Bar” la cara visible era Ramón Daniel De Lara, quien tras ofrecerles “un trabajo con salida”, las trasladó hasta el burdel y allí comenzó el calvario de las chicas. Se encontraron con que debían vender su cuerpo a los clientes que ingresaban al burdel.
Otros imputadosTambién fueron imputados como partícipes secundarios, Gustavo Florentín Álvez y Mario Florisel Silva, quienes llegan al debate en libertad. Este último no se presentó ayer, los magistrados ordenaron su inmediata detención, y el juicio fue postergado para hoy.

Psicóloga apartada

Hugo Zapana, abogado de De Mora, pidió apartar del debate a la psicóloga, Verónica Pizarro, quien estaba designada para asistir a las víctimas. Los magistrados hicieron lugar a la solicitud del letrado. Zapana argumentó que “Pizarro presionó a una de las víctimas para que denunciara a su suegra, y además la amenazó que si no denunciaba iba a ser cómplice”.



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