César Santiago dijo que una ley de aborto irrestricto no contempla el derecho de los concebidos. En cambio, avaló el fallo de la Corte que considera no punibles los casos de violación. Comenzó el análisis de la reforma del Código Procesal.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago anticipó una postura contraria a la posible legalización del aborto en la Argentina, proyecto que tiene que debatir el Congreso nacional, porque “no contempla los derechos del concebido”.
El magistrado consideró sobre el aborto que “particularmente tengo una opinión negativa, salvando las situaciones en las que yo, ponderando dos males, me podría inclinar por el mal menor”. Sobre el aborto en caso de violación, que la Corte Suprema de Justicia declaró no punible, sostuvo que es válido. “Pero el aborto irrestricto es inaceptable, porque los concebidos, que son personas ,tienen protección legal. Tampoco es un derecho que se ha negado en el fallo de la Corte”, dijo en declaraciones a Radio A.
Santiago dio su postura sobre el tema que se debate ahora entre juristas y diversas asociaciones, con la negativa rotunda de la Iglesia, que ya cuestionó el proyecto a través de los mensajes de varios de sus obispos, como el de Oberá, Santiago Bitar, quien consideró “genocidas” a quienes apoyan la iniciativa, que “deben ser echados de la Patria”.
Santiago encabezó la primera reunión de la comisión mixta conformada por profesionales de la Cámara de Representantes y del Poder Judicial para trabajar en la actualización del Código Procesal Civil. Esta iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación institucional firmado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, y por el director ejecutivo del Centro de Capacitación Judicial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Sergio César Santiago.
Fueron creadas tres comisiones de trabajo, cada una abocada a estudiar posibles reformas de los códigos de procedimientos con miras a facilitar la resolución de conflictos y agilizar la administración de justicia.
Estuvieron presentes en la reunión los coordinadores generales Cecilia Britto y César Santiago; los ministros del STJ Rubén Uset, María Niveiro y Froilán Zarza, y los doctores Luis Villanueva, Rita Núñez, Walquiria Bosch, Gabriel Manitto, Ernesto César Cabral, Miguel Orlando Moreira, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Carmen Bertolotti y Gladys Isabel Maciel.
Cecilia Britto, coordinadora general por parte de la Legislatura, comentó que “esta primera jornada, que tuvo casi cuatro horas de duración con la presencia de todos los integrantes de la comisión que va a analizar y revisar el Código de Procedimiento Civil, fue muy buena porque pudimos consensuar una metodología de trabajo entre los equipos de ambos poderes”.
Precisó que determinaron como fecha máxima para la recepción de propuestas y aportes externos el 15 de mayo, mientras que la próxima reunión será el próximo miércoles a las 16:00, “donde ya se va a hacer una revisión empezando por Art. 1 del Código Procesal Civil hasta culminar con la parte de recursos”, dijo.
“Nos hemos propuesto una meta interesante de trabajo que nos va a significar muchas horas, pero que es posible cumplir, con objetivos claros”, remarcó.
“No es fácil poder compatibilizar metodologías de trabajo, hemos dado ese primer paso, y quiero destacar el interés y la responsabilidad de cada uno de los miembros de la comisión en querer ser parte de este proyecto, en haber tenido una charla previa donde se ha manifestado, sobre todo desde los integrantes del Poder Judicial, la necesidad de reformar ciertos institutos que van a trasladarse rápidamente en celeridad en el proceso”, agregó.
El coordinador general por parte del Poder Judicial, César Santiago, dijo que “las expectativas son muchas, hemos recibido un buen número de aportes de distintas fuentes, entre ellas jueces, secretarios y empleados del Poder Judicial con inquietudes que hoy vamos a poner en consideración”.
“Vamos a tratar de hallar un mejoramiento de las normas de procedimiento logren procesos rápidos y sentencias en tiempo y forma. Buscaremos generar un aporte, con la colaboración inestimable de todos los actores y protagonistas del sistema, de manera que la Cámara de Representantes, que es el ámbito donde se estudian los proyecto y sancionan las leyes, tenga un trabajo científico que contemple democráticamente la participación y la voz de todos, dirigido a mejorar el servicio de justicia, que tiene como destinatario a la comunidad”, remarcó.
Destacó que Misiones está adelantada a la Nación en cuanto a las iniciativas de reformas en la materia -desde sus competencias particulares- y sostuvo que “acá estamos dos Poderes del Estado, y en este sentido estamos a la vanguardia, y eso genera una responsabilidad mayor porque habla de una madurez y calidad institucional importantísima, que nos obliga a que, en términos mediatos, la comunidad vea esos resultados, cómo se traducen en el día a día para la defensa y resguardo de sus derechos y para el acceso a justicia, que es por lo que venimos trabajando”.
“Expectativas”
La titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Rosanna Pia Venchiarutti Sartori, resaltó que “el derecho civil es muy amplio, por lo tanto las expectativas son muchas; hay mucho para ver, pero también explorar si conviene o no modificar”.
“Los tiempos han cambiado, la sociedad evoluciona, y pretendemos que la norma procesal alcance a la evolución de la sociedad. Nosotros tenemos la posibilidad de aplicar por analogía una norma, no es que el Derecho no haya dado respuesta a la sociedad, simplemente que ha dado respuesta con creaciones jurisprudenciales, y hoy es el momento de ver si ellas pueden ser legisladas, como algunas cuestiones legisladas pueden ser derogadas al haber quedado en desuso”, comentó.
“También implica la toma de posición sobre qué sistema procesal queremos, y qué rol le damos a quienes son los operadores de la justicia”, señaló.
La abogada citó como ejemplo que en las localidades de la costa del Río Uruguay, la mayoría de los operadores del Derecho manejan el idioma Portugués. “Nuestro código de procedimiento obliga a que haya un traductor en las audiencias cuando se habla otro idioma, y una forma de hacer más eficiente un procedimiento es diciendo que cuando el operador de justicia, en este caso secretario o juez, conozca el idioma, no haga falta utilizar un traductor, evitando así costos, porque un traductor implica un honorario”.
