Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
“No podemos seguir dependiendo de otros países para cubrir nuestras necesidades energéticas”. “Hay que ponerle fin a los subsidios que reciben las petroleras y espero que el Congreso lo vote”. Las palabras no son de la presidenta Cristina Fernández, sino de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, pero bien pueden reflejar el debate en la Argentina.
Como con la resolución 125, la reestatización de Aerolíneas o la recuperación de los fondos de las administradoras de jubilaciones, Argentina enfrenta un momento fundacional, que puede derivar en la recuperación del control de un activo tan importante como el combustible. El embate que iniciaron Chubut y Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y La Pampa, contra YPF y la caída de algunas concesiones significa un paso más hacia recuperar soberanía.
Es, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, poner a la economía al servicio de la política y no al revés, como ocurrió en mayor o menor medida en el país desde la última dictadura, cuyo oscuro aniversario se recordará el próximo sábado.
Se inició un proceso en 1976, con sangre y desaparecidos, que se consolidó en democracia, con la entrega de las empresas estatales y una apertura indiscriminada a los mercados internacionales.
Las secuelas todavía persisten y sus correcciones, toda vez que se tocan intereses económicos o de alguna multinacional, derivan en lobbies escandalosos, presiones de todo tipo y un exacerbado discurso antiestatal. Hay políticos, empresarios y periodistas más preocupados en qué va a pasar con la empresa YPF que en la potestad de los recursos naturales.
Que quede claro, además, que YPF es una empresa argentina, que tiene accionistas mayoritarios españoles. Es decir, no se está hablando de una oleada antiempresas, sino de, como mínimo, garantizar que cumplan las inversiones necesarias para que el país no se quede sin energía.
Lo mismo sucede con la nueva estrategia diplomática y jurídica ante la usurpación inglesa en Malvinas. Ante cada planteo argentino, se prioriza más en los medios la respuesta inglesa que los argumentos oficiales. Se busca más desacreditar al Gobierno que defender una cuestión de Estado, que puede ser sinónimo, pero no es lo mismo.
Una de las principales críticas sobre el rumbo que ha tomado la administración de Cristina Fernández es justamente al fortalecimiento del rol del Estado en las decisiones económicas que afectan la vida de los argentinos. Ese fortalecimiento es contrastado con la idea de que el Estado no está para administrar una empresa, por su tácita ineficiencia, argumento que justificó todas las privatizaciones y el malvender de los recursos nacionales aquí y en otras países. Pero el Estado no es ineficiente en si mismo, lo hacen ineficiente quienes lo integran. O, por el contrario, se puede poner al Estado en un rol activo y cuidar sus bienes y activos que en definitiva, determinan qué país se pretende ser.
Como es difícil rebatir los resultados de esta nueva política, se ataca por la tangente y se pretende desacreditar a los representantes del modelo. De ahí editoriales que cuestionan la conformación del Gobierno por incluir a quienes tienen gen montonero -no el del coraje, sino el de la soberbia- o el árbol genealógico de algún funcionario que se remonta a dogmáticos pensadores judíos.
Para algunos es más fácil debatir el gen de La Cámpora o la geneaología de algunos funcionarios que el rol del Estado, la posible estatización de YPF o a qué debe jugar el Banco Central. Estigmatizar es más sencillo que argumentar.
Quienes justificaban el achicamiento del Estado en aras de un mercado libre y ordenador, fracasaron ostensiblemente en prevenir agudas crisis financieras que se hubieran evitado o morigerado con las regulaciones necesarias. Claro que el plato lo pagan los millones de desempleados alrededor del globo, no los eficientes funcionarios. España, sin ir más lejos, con una desocupación récord, sigue achicando el Estado con el cierre de 24 empresas. Rajoy sostiene, que las empresas no eran eficientes, pero la eficiencia no es per se, cualidad del sector privado. En 2012, los desocupados en el país ibérico podrían llegar a los 6 millones y nada parece mejorar con una reforma que pretende mayor flexibilidad y menos salarios.
Otro gran tema de debate lo conforma la reforma del Banco Central argentino, con una normativa resabio del neoliberalismo imperante en los 90, que le dio cuerpo a la ley de Convertibilidad, herramienta que le permitió en su momento, a Carlos Menem normalizar el desbande de la economía.
Pero sus consecuencias fueron nefastas para la producción, el empleo y la fortaleza del Estado. Se concebía a un banco cuyo único fin debía sostener a rajatable el valor de la moneda -apareada al dólar-, sin otro rol relevante. Ahora, en cambio, se pretende que la entidad se oriente al bien común, basado en la intervención sobre la economía, el mercado financiero y el desarrollo económico con equidad social.
El proyecto de reforma contempla impulsar el crédito, re-regular el sistema financiero, proteger al usuario, la defensa de la competencia, encausar a la Superintendencia, y la absoluta compatibilidad con un esquema real de promoción de la industria y la producción.
Nada será cambiado de un plumazo, pero es apenas el inicio de un debate que forma parte de un esquema de protección y desarrollo argentino.
Ese concepto domina buena parte de las acciones del Gobierno, aún con errores o necesarias correcciones que no son pocos ni menores.
No gustan los modos ni las forma de Guillermo Moreno, pero el concepto de sustituir importaciones y reemplazarlas por producción nacional es pensar en puestos de trabajo y en costos más bajos. Eso también es pelearle a la inflación.
Claro que en el camino, se producen daños colaterales, como la casi paralización de la fábrica de zapatillas Dass en Eldorado, que se vio obligada a dar turnos rotativos a sus 1.500 trabajadores por el freno a las importaciones de insumos básicos. Recién después de una fuerte presión del Gobierno provincial y los legisladores nacionales, se logró destrabar el entuerto y liberar el ingreso de partes, con el compromiso de que Dass debe en el corto plazo, comenzar a producir aquí mismo lo que traía de afuera.
En el encuentro que mantuvieron diputados y senadores misioneros con Moreno hubo “momentos de tensión” que no se justifican ni deben ser tolerados. Más allá de todo, es un simple funcionario que debe velar por los intereses de los misioneros tanto como le preocupa el precio de las góndolas en Buenos Aires.
“No me gusta que me presionen, no me gusta que me extorsionen”, dijo Moreno cuando los misioneros pidieron hablar del tema yerba mate, otro talón de Aquiles difícil de resolver por la actual normativa que rige al Instituto Nacional de la Yerba Mate y la decisión de mantener los precios bajos en los supermercados de Buenos Aires. Pero también aquí Moreno comete errores, como haber autorizado la suba del precio a una yerbatera -Demirol, de Rosario, Santa Fe- que fue denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por tener esclavizados a los trabajadores en yerbales de Misiones, incluidos niños y aborígenes.
Queda claro que a Moreno y otros funcionarios nacionales, poco les preocupa la realidad de un sector fundamental de la economía misionera. Una muestra de ello es la determinación del laudo para la zafra de verano, que fijó el precio, recién en marzo, apenas un diez por ciento por encima del valor vigente hasta septiembre del año pasado. Con este antecedente, es poco probable que el laudo adeudado, que debe regir los valores de la yerba para la cosecha gruesa que arranca en abril, se acerque al 1,70 pesos para el kilo de la hoja verde estimado como mínimo para cubrir los costos. Pero así como se sube en góndola, se debe atender al primer eslabón de la cadena. No es lo mismo aumentar un diez por ciento en góndola, con valores superiores a los diez pesos, que un 20 o más a la hoja verde, con un precio que no supera el peso.
Ante esta realidad, urge reformar al Inym para evitar que sea siempre el laudo el camino para fjar los precios y darle más preponderancia al rol de los productores que a toda la cadena intermedia, que al final del camino, se queda con la riqueza producida en la tierra misionera. Es una corrección necesaria que parece imponerse ahora en la agenda de los legisladores.
Pero es tiempo de correcciones. Otro cambio hecho a tiempo fue el de los débitos laborales en el sector docente.
El gobernador Maurice Closs defendió con vehemencia la caída de los débitos, que permitían a muchos docentes cobrar por una doble vía sin estar frente al aula. «Eso hay que corregir y nadie se puede ofender por eso».
“Yo no puedo pedir un débito laboral y que me pague el Consejo de Educación por un trabajo que no hago y después ir al lugar donde presto el trabajo, y cobrar el sueldo de ese trabajo, entonces cobro dos sueldos y hago una sola tarea . Y esto ocurrió en mi gobierno, eso se debe corregir y nadie se debe ofender por más que haya sido candidato a Papa”, cuestionó Closs el viernes. Es que muchos de los afectados por la caída de los débitos son de la misma Renovación y se generó un malestar en las filas.
“Esto se generalizó de tal manera y por eso asumí no solo la responsabilidad sino también el costo, que no es un costo político”, defendió Closs a su decisión.
