Los representantes de las provincias del norte cuestionaron la ley impulsada por el diputado Miguel Bonasso. Se incluyó una cláusula para compensar a las provincias que podrían ver afectadas sus economías. El Senado nacional aprobó en general por unanimidad el dictamen del proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales, más conocida como «ley de bosques nativos», aunque postergó para la semana próxima el tratamiento en particular. El texto deberá volver a la Cámara de Diputados -que lo sancionó en mayo de este año- que deberá decidir si acepta las modificaciones introducidas por la Cámara alta.
Durante su intervención, la senadora salteña Sonia Escudero quien presidió parte de la sesión- criticó duramente el proyecto aprobado en la Cámara baja por cuanto «frena el desarrollo de las provincias del norte que son las que aún conservan bosques nativos y se nos pretende condenar a ser el pulmón verde del país», en tanto que se opuso a «las medidas que se toman desde Buenos Aires y que perjudican fuertemente las economías regionales».
«Las provincias no desarrolladas tenemos que compensar la contaminación de la Argentina rica y desarrollada», insistió la legisladora. A su vez, también criticó la norma, por cuanto «se están afectando jurisdicciones provinciales porque no se está respetando el concepto de presupuestos mínimos ambientales que significa establecer un piso mínimo de protección ambiental».
Se opuso, por último, al régimen de sanciones previsto en el proyecto, porque corresponde al derecho público provincial. En ese sentido resaltó que «establecer el procedimiento y los montos es querer hacer desaparecer las competencias de las provincias».
El proyecto establece una moratoria de cómo máximo de un año puede ser menos- para que las provincias realicen el ordenamiento de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones. Y establece que aquellas que no lo realicen, no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de aprovechamiento de sus recursos forestales.
Prevé, asimismo, la obligatoriedad de realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental como paso previo a toda autorización de desmonte. Crea, además, un Registro Nacional de Infractores, que concentrará la información proveniente de todas las jurisdicciones provinciales sobre aquellos incumplidores de la normativa ambiental nacional o provincial, las cuales no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sustentable.
Una de las modificaciones más importantes -introducida por los senadores salteños Sonia Escudero y Marcelo López Arias- es la incorporación de un Fondo para compensar a las provincias que conserven bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan. La duda es cómo estará conformado pues los representantes de las provincias del norte reclaman que se establezca un porcentaje sobre las retenciones a las exportaciones. El proyecto deja librado este punto a una decisión del Ejecutivo Nacional. También se asignará anualmente una partida presupuestaria que no podrá ser inferior al 0,05 % del presupuesto nacional.
Entre los puntos en discordia, cabe mencionar la posibilidad de autorizar desmontes durante el tiempo que dure la realización del ordenamiento territorial. Si bien el texto en tratamiento en el Senado lo prevé, aún no existe pleno acuerdo entre los senadores. De todos modos, la autorización de desmontes no podrá superar el 0,5% de la superficie total de bosque nativo y siempre que no se encuentren en áreas rojas, aquellas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse, según se desprende del articulado del proyecto.
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