Afoa reclama seguridad jurídica y ordenamiento territorial para el desarrollo del sector foresto-industrial

El presidente de la entidad empresaria, Manuel Climent, advirtió que “la falta de seguridad jurídica, nacional y provincial, obliga a los inversores a instalar proyectos forestales en los países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile”.

El presidente de Afoa, Manuel Climent  se quejó por “la falta de seguridad jurídica"

El presidente de Afoa, Manuel Climent se quejó por “la falta de seguridad jurídica"

Empresarios de la Asociación Forestal Argentina (Afoa) celebraron los 60 años de vida desde la creación de la entidad (1946), en el marco del tradicional “Vino de Honor” que se llevó a cabo el pasado miércoles en el Palacio San Miguel, en Capital Federal. En ese ámbito, el presidente de Afoa, Manuel Climent, dialogó con la prensa e indicó que “la falta de seguridad jurídica que existe a nivel nacional y provincial en Argentina, obliga a los inversores, en el caso de los forestales, a instalarse en los países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile. Evidentemente estos son los problemas que hacen que las industrias no se radiquen en el país y podamos seguir adelante. Esto es algo que debe solucionar el Estado, debe asumir su papel y tomar conciencia plena que es el sector es interesante para el país, y aplicar normas lógicas y justas para que la actividad crezca. Si periódicamente cambian las normas, es muy difícil que algún inversor pueda instalarse en el país”.

El empresario se quejó también por la falta de convocatoria al sector forestal cuando se trata de impulsar nuevas leyes que impactan en la actividad, como fue recientemente el caso de la Ley de Presupuesto Mínimo para Protección de Bosques Nativos, más conocida como la “Ley Bonasso” o “Ley de Emergencia Forestal”.

Con respecto al conflicto de las pasteras en Uruguay, sostuvo que a esta altura del debate no es un tema papelero sino de falta racionamiento. “En la actualidad, posiblemente Botnia contamine menos al menos que cualquier otra papelera que exista en Argentina, si se rige por las normas internacionales que debe cumplir. Hoy el debate se maneja por emociones o por lo que vemos en los medios, y esto hace que exista una oposición tan grande. Lamentablemente Botnia se va a instalar, va a trabajar y nosotros nos vamos a quedar mirando”.

Ante este escenario adverso, Climent cerró un balance 2006 negativo para el sector. “Si bien no negativo total porque se ha reactivado en parte el pago del subsidio, pero es otro año que no hemos logrado la aplicación de todos los otros beneficios que tiene la ley 25.080 que son importantes y es necesario que el año próximo realicemos las correcciones necesarios y que esto no se repita”, dijo.

“Desde la Nación sostienen que se han forestado 95 mil hectáreas, pero yo no creo que se haya logrado ni siquiera la mitad, aunque no tengo los datos”, acotó.

En cuanto al negocio de los productos forestales, afirmó que en la región centro del país se mantuvieron “bien” en exportaciones. “Mientras se mantenga el cambio alto en el país, el sector forestal seguirá bien en las exportaciones. Evidentemente podemos seguir así, pero necesitamos consolidar la base forestal y tomar medidas rápidas para no tener baches futuros”.

Ley 25.080

En relación la ley de promoción forestal, el presidente de Afoa en su discurso aclaró que desde el sector privado se apuesta a la continuidad de la Ley 25.080, “pero la prórroga debe darse con algunas correcciones, no tal cuál está vigente en la actualidad. Hay que hacer las cosas ordenadas y prolijas para no seguir frenando la forestación”.

En cuanto a las complicaciones surgidas en la norma destacó que hay que superarlas y ajustar la forma de promoción con el fin de que sea un mecanismo efectivo de contribuir con los pequeños y medianos forestadotes. “Se debe pensar en cómo se van a mantener y atraer las inversiones industriales para que el aporte forestal se refleje en creación de empleo y valor. En este sentido, la ley 25.080 ha sido, al menos, frustrante”, remarcó el empresario. Al mismo tiempo, agregó que “luego de las malas experiencias de las primeras empresas que se adhirieron a la ley, varias de las últimas inversiones industriales en el sector se han realizado renunciando a los supuestos beneficios de la misma por su incumplimiento.

El subsidio se está destrabando a paso muy lento, lo que hace que no se utilice todo el presupuesto programado para este año para cancelar los pagos”, explicó.

Además, Climent recalcó que hay una agenda compleja pendiente, y que en ciertos casos coincide con las generales del país –Ley de Riesgo del trabajo; política fiscal, financiamiento, etc.- que se debe identificar y atender para lograr una expansión integral de la actividad.

Ordenamiento territorial

En relación a la cuestión ambiental, el presidente de Afoa sostuvo que el cultivo forestal es uno de los pocos que tiene desarrollado un sistema de gestión que permite certificar la sostenibilidad del manejo del recurso. “La mayoría de las empresas grandes y medianas del país se encuentran certificadas o en vías de certificación por exigentes sellos internacionales, y son socias de la entidad”.

El desafío del sector en la actualidad es expandir este sistema a aquellos que, por escala u otras restricciones, no incorporan buenas prácticas de gestión forestal. En este sentido, los empresarios colaboran con el IRAM y el proyecto de SAGPyA y UE, en el componente de crear una “norma nacional de gestión forestal sostenible”, y aspiramos a que pueda ayudar a expandir “las buenas prácticas forestales” tanto en los bosques de cultivo como en los bosques nativos.

“Pero esto no es suficiente. Somos concientes de que las dimensiones que debemos incorporar al análisis del impacto ambiental son cada vez mayores. Una expansión responsable del área forestal requiere de estudios bases en temas como biodiversidad, consumo de nutrientes y régimen hídrico en zonas con aptitud para el desarrollo forestal. Esta información debería ser integrada para lograr un ordenamiento territorial que permita identificar las zonas aptas para usos productivos forestales, aquellas de protección y las de conservación dentro de los ecosistemas identificados”.

“Estas acciones son difíciles de llevar adelante por Afoa o el sector privado, sino que requiere de una acción activa del Gobierno Nacional y de los Provinciales y del sistema de Ciencia y Técnica nacional. El sector privado puede y debe colaborar, pero no puede conducir esta tarea. Un ordenamiento territorial y conocimiento de base es lo que permitirá guiar las inversiones forestales con el menor impacto ambiental posible”.

A los desafíos de lograr el conocimiento y capacidad institucional para promover una expansión sustentable de la forestación, a los empresarios foresto-industriales se le suman otros temas emergentes: el potencial para bioenergía, mitigación del cambio climático, y la identificación y valuación de los servicios ambientales. “Estos temas requieren de investigadores y funcionarios públicos especializados, así como un sector gerencial forestal con información y formación para responder a una agenda tan nueva como compleja”.

Afoa reclama seguridad jurídica y ordenamiento territorial para el desarrollo del sector foresto-industrial

El presidente de la entidad empresaria, Manuel Climent, advirtió que “la falta de seguridad jurídica, nacional y provincial, obliga a los inversores a instalar proyectos forestales en los países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile”. Por otra parte, indicó que la expansión responsable del área forestal en Argentina requiere de estudios bases en temas como biodiversidad o régimen hídrico en zonas con aptitud para el desarrollo forestal. “Se debe generar información para ser integrada a un ordenamiento del territorio que permita identificar las zonas aptas para usos productivos y así mantener el equilibrio ambiental”, indicó el empresario. Empresarios de la Asociación Forestal Argentina (Afoa) celebraron los 60 años de vida desde la creación de la entidad (1946), en el marco del tradicional “Vino de Honor” que se llevó a cabo el pasado miércoles en el Palacio San Miguel, en Capital Federal. En ese ámbito, el presidente de Afoa, Manuel Climent, dialogó con la prensa e indicó que “la falta de seguridad jurídica que existe a nivel nacional y provincial en Argentina, obliga a los inversores, en el caso de los forestales, a instalarse en los países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile. Evidentemente estos son los problemas que hacen que las industrias no se radiquen en el país y podamos seguir adelante. Esto es algo que debe solucionar el Estado, debe asumir su papel y tomar conciencia plena que es el sector es interesante para el país, y aplicar normas lógicas y justas para que la actividad crezca. Si periódicamente cambian las normas, es muy difícil que algún inversor pueda instalarse en el país”.

El empresario se quejó también por la falta de convocatoria al sector forestal cuando se trata de impulsar nuevas leyes que impactan en la actividad, como fue recientemente el caso de la Ley de Presupuesto Mínimo para Protección de Bosques Nativos, más conocida como la “Ley Bonasso” o “Ley de Emergencia Forestal”.

Con respecto al conflicto de las pasteras en Uruguay, sostuvo que a esta altura del debate no es un tema papelero sino de falta racionamiento. “En la actualidad, posiblemente Botnia contamine menos al menos que cualquier otra papelera que exista en Argentina, si se rige por las normas internacionales que debe cumplir. Hoy el debate se maneja por emociones o por lo que vemos en los medios, y esto hace que exista una oposición tan grande. Lamentablemente Botnia se va a instalar, va a trabajar y nosotros nos vamos a quedar mirando”.

Ante este escenario adverso, Climent cerró un balance 2006 negativo para el sector. “Si bien no negativo total porque se ha reactivado en parte el pago del subsidio, pero es otro año que no hemos logrado la aplicación de todos los otros beneficios que tiene la ley 25.080 que son importantes y es necesario que el año próximo realicemos las correcciones necesarios y que esto no se repita”, dijo.

“Desde la Nación sostienen que se han forestado 95 mil hectáreas, pero yo no creo que se haya logrado ni siquiera la mitad, aunque no tengo los datos”, acotó.

En cuanto al negocio de los productos forestales, afirmó que en la región centro del país se mantuvieron “bien” en exportaciones. “Mientras se mantenga el cambio alto en el país, el sector forestal seguirá bien en las exportaciones. Evidentemente podemos seguir así, pero necesitamos consolidar la base forestal y tomar medidas rápidas para no tener baches futuros”.

Ley 25.080

En relación la ley de promoción forestal, el presidente de Afoa en su discurso aclaró que desde el sector privado se apuesta a la continuidad de la Ley 25.080, “pero la prórroga debe darse con algunas correcciones, no tal cuál está vigente en la actualidad. Hay que hacer las cosas ordenadas y prolijas para no seguir frenando la forestación”.

En cuanto a las complicaciones surgidas en la norma destacó que hay que superarlas y ajustar la forma de promoción con el fin de que sea un mecanismo efectivo de contribuir con los pequeños y medianos forestadotes. “Se debe pensar en cómo se van a mantener y atraer las inversiones industriales para que el aporte forestal se refleje en creación de empleo y valor. En este sentido, la ley 25.080 ha sido, al menos, frustrante”, remarcó el empresario. Al mismo tiempo, agregó que “luego de las malas experiencias de las primeras empresas que se adhirieron a la ley, varias de las últimas inversiones industriales en el sector se han realizado renunciando a los supuestos beneficios de la misma por su incumplimiento.

El subsidio se está destrabando a paso muy lento, lo que hace que no se utilice todo el presupuesto programado para este año para cancelar los pagos”, explicó.

Además, Climent recalcó que hay una agenda compleja pendiente, y que en ciertos casos coincide con las generales del país –Ley de Riesgo del trabajo; política fiscal, financiamiento, etc.- que se debe identificar y atender para lograr una expansión integral de la actividad.

Ordenamiento territorial

En relación a la cuestión ambiental, el presidente de Afoa sostuvo que el cultivo forestal es uno de los pocos que tiene desarrollado un sistema de gestión que permite certificar la sostenibilidad del manejo del recurso. “La mayoría de las empresas grandes y medianas del país se encuentran certificadas o en vías de certificación por exigentes sellos internacionales, y son socias de la entidad”.

El desafío del sector en la actualidad es expandir este sistema a aquellos que, por escala u otras restricciones, no incorporan buenas prácticas de gestión forestal. En este sentido, los empresarios colaboran con el IRAM y el proyecto de SAGPyA y UE, en el componente de crear una “norma nacional de gestión forestal sostenible”, y aspiramos a que pueda ayudar a expandir “las buenas prácticas forestales” tanto en los bosques de cultivo como en los bosques nativos.

“Pero esto no es suficiente. Somos concientes de que las dimensiones que debemos incorporar al análisis del impacto ambiental son cada vez mayores. Una expansión responsable del área forestal requiere de estudios bases en temas como biodiversidad, consumo de nutrientes y régimen hídrico en zonas con aptitud para el desarrollo forestal. Esta información debería ser integrada para lograr un ordenamiento territorial que permita identificar las zonas aptas para usos productivos forestales, aquellas de protección y las de conservación dentro de los ecosistemas identificados”.

“Estas acciones son difíciles de llevar adelante por Afoa o el sector privado, sino que requiere de una acción activa del Gobierno Nacional y de los Provinciales y del sistema de Ciencia y Técnica nacional. El sector privado puede y debe colaborar, pero no puede conducir esta tarea. Un ordenamiento territorial y conocimiento de base es lo que permitirá guiar las inversiones forestales con el menor impacto ambiental posible”.

A los desafíos de lograr el conocimiento y capacidad institucional para promover una expansión sustentable de la forestación, a los empresarios foresto-industriales se le suman otros temas emergentes: el potencial para bioenergía, mitigación del cambio climático, y la identificación y valuación de los servicios ambientales. “Estos temas requieren de investigadores y funcionarios públicos especializados, así como un sector gerencial forestal con información y formación para responder a una agenda tan nueva como compleja”.



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