El diputado provincial Orlando Antonio Schuster presentó un proyecto de ley a través del cual solicitó que los bienes inmuebles de dominio privado del Estado provincial ubicados en el «Parque Nacional Iguazú», no podrán ser objeto de permisos de ocupación, venta, cesión o donación a cualquier título.
Schuster en sus fundamentos explicó «que el 10 de junio del año 2005, el gobernador firmó el Decreto Nº 904/05 por medio del cual se facultó a la dirección general de Tierras y Colonización a otorgar permiso de ocupación a la empresa `Iguazú Balloon S.A.» sobre dos hectáreas y media de terreno ubicadas dentro del predio del `Parque Nacional Iguazú´».
Según el mencionado instrumento legal «el destino del inmueble será el desarrollo de actividades turísticas ejecución del proyecto Globo Aerostático Cautivo…».
A raíz de esta situación, la Administración de Parques Nacionales le hizo saber al Gobernador que la jurisdicción sobre los parques nacionales le corresponde a la Nación. Por lo tanto, le solicitaron que: «se abstenga de continuar con el proceso de habilitación del emprendimiento turístico indicado como Globo Aerostático Cautivo…a la vez que declare nulo el Decreto Nº 904/05, por ser atentatorio de la Ley Orgánica de Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales en relación con la jurisdicción de la APN sobre el área en cuestión».
En respuesta a esto, el Gobernador mediante Carta Documento enviada al Presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales el 12 de agosto del 2005, alega que: «El inmueble en cuestión fue oportunamente desafectado del dominio público nacional, dejando de integrar el establecimiento de utilidad nacional (Parque Nacional Iguazú) y fue transferido en esas condiciones al dominio privado provincial y afectado al plan estratégico de desarrollo turístico de la Provincia de Misiones».
El legislador radical provincial destacó «que más allá del conflicto planteado en torno a la discusión sobre dominio y jurisdicción sobre estas tierras, consideró que lo más importante es que comprendamos la ubicación privilegiada de las mismas y el deber que tenemos de protegerlas, evitando que el Estado se desprenda de ellas».
Aún si tuviésemos en cuenta los argumentos del Gobernador de que: «las actividades sobre recursos naturales, a desarrollarse en predios del dominio privado, aún cuando sean linderos con Reservas Nacionales, son de incumbencia provincial», no se debe perder de vista el peligro que configura la situación de la posibilidad de venta de estas tierras, de acuerdo a lo mencionado en la cláusula segunda del Permiso de Ocupación otorgado el día 15 de junio del 2005: «El permisionario se obliga a aceptar el precio de venta de la tierra que oportunamente sea fijado por el Poder Ejecutivo Provincial….». La lectura de la misma lleva a considerar la venta prácticamente como un hecho consumado, señaló Schuster.
Mencionó además, que el estudio de impacto ambiental realizado carece de un análisis sobre lugares alternativos, generando esto justificadas dudas sobre el verdadero trasfondo de este proyecto. Parecería que su principal objetivo no son los argumentados de ofrecer una alternativa turística y ecológica, sino el de obtener el dominio de tierras en un lugar privilegiado.
Schuster subrayó, «es nuestra obligación como misioneros tomar una postura firme con respecto a este tema. El `Parque Nacional Iguazú´ alberga una de las mayores bellezas naturales de la Argentina y el mundo. Todavía estamos a tiempo de defender nuestros recursos naturales. Esta obra podría realizarse en otro lugar o, en su defecto haberse concesionado el predio. Sin embargo, directamente se otorgó un permiso de ocupación con opción de compra a una empresa determinada».
El legislador al concluir dijo «que sería irresponsable quedarnos de brazos cruzados y permitir que esta importante fracción de terreno sea vendida a particulares, desprendiéndonos así, de la propiedad de una invaluable fracción de nuestro territorio», finalizó.
