Radicales piden informes de hechos delictivos en el municipio de Iguazú

Los diputados Pablo Andersen, Edmundo Soria Vieta, Orlando Schuster y
Norberto Hein presentaron un proyecto de comunicación, donde solicitan que el Poder Ejecutivo, por donde corresponda y en el marco de los hechos
delictivos presuntamente cometidos por funcionarios de rango político del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Puerto Iguazú, en principio
encuadrados en las figuras de malversación de fondos, estafa y asociación
ilícita, informe y arbitre trámites en relación a los siguientes puntos: 1. Si se otorgó algún tipo de subsidio o remitió fondos con asignación
específica al Municipio de Puerto Iguazú, durante la gestión del actual
Intendente Sr. Claudio Filippa; en su caso, cuales fueron los montos,
destino y resultado de las correspondientes rendiciones de cuenta o de otros controles tendientes a verificar el real y efectivo cumplimiento de sus
objetivos.


2. Si se tiene conocimiento de supuestos desvíos de fondos provenientes de
Programas Nacionales destinados a comedores comunitarios y obras de
infraestructura para la normalización de la prestación del servicio de agua
potable en el Municipio de Puerto Iguazú; en tal supuesto, si tal
irregularidad fue comunicada a las autoridades de aplicación del Gobierno
Federal y que medidas adoptaron las mismas para deslindar consecuentes
responsabilidades.

3. Si tiene conocimiento que los funcionarios presuntamente involucrados en los hechos delictivos antes mencionados estarían prófugos, incluso fuera del país.

4. Que medidas se están adoptando ya sea por parte de la policía provincial
como de ésta en coordinación con fuerzas de seguridad federales, a los
fines de dar con el paradero de los funcionarios presuntamente involucrados
en los referidos hechos delictivos.

5. Que, concluido el examen de las cuentas del Municipio de Puerto Iguazú
por parte del Tribunal de Cuentas, se requiera a dicho organismo de control
remita de inmediato a la Cámara de Diputados, sus resultados.

El titular del Bloque, Pablo Andersen afirmó que, «la ciudadanía misionera
se ve conmovida nuevamente por hechos de corrupción mediante la presunta comisión de ilícitos contra la administración pública municipal. No hace un mes todavía los vecinos de San Vicente exigían explicaciones en torno al destino dado a fondos recibidos por el Intendente para paliar la dramática situación que atravesaban cientos de productores afectados por la emergencia agropecuaria que culminaron, como es sabido, con el incendio del edificio comunal.

Esta vez son funcionarios-algunos de rango político- del Municipio de Puerto Iguazú a los que se acusa de malversación de fondos, estafa y asociación ilícita. Se trataría de desvíos de fondos con graves consecuencias no solo en relación a la indemnidad del patrimonio público
sino que habrían importado otras graves implicancias de índole social como el cierre de comedores comunitarios y la paralización de obras de
infraestructura destinadas al mejoramiento del servicio de provisión de agua
potable».


Agregó, «propiciamos el presente proyecto de comunicación sin pretender en
modo alguno superar los limites jurídico-constitucionales impuestos por la
autonomía político-institucional, administrativa y financiera que goza el
Municipio, con la convicción de que las instituciones locales actuarán con
la premura y responsabilidad que les cabe en la debida y oportuna
dilucidación de las responsabilidades políticas y administrativas que
correspondan; ello, sin perjuicio de las competencias que deben ejercer en
el caso tanto el Tribunal de Cuentas como el Poder Judicial».
«Sin perjuicio de lo expuesto sostenemos la necesidad y conveniencia de que el Poder Ejecutivo informe a la Cámara si ha otorgado subsidios a una
administración sospechada de corrupción y en tal supuesto, si se adoptaron
los recaudos tendientes a verificar que los fondos públicos hayan sido
debidamente aplicados a las finalidades de su asignación. Por otra parte,
llama la atención con que facilidad los funcionarios involucrados en hechos
de ésta índole se fugan y eluden la acción de la justicia y hasta se
permiten hacer declaraciones a la prensa desde algún lugar que todo el mundo conoce menos, aparentemente, las fuerzas de seguridad. En tal sentido indagamos a efectos de saber si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento del hecho de que los funcionarios implicados en el presunto desfalco están prófugos y que se esta haciendo por parte de las fuerzas de seguridad para capturarlos y ponerlos a disposición del Juez que instruye la causa «.

Finalmente apuntó,»asimismo entendemos pertinente que el Tribunal de Cuentas remita a esta Cámara los resultados del examen de las cuentas del Municipio, impulsado con motivo de los hechos delictivos contra la administración pública municipal oportunamente denunciados».

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