ste año, los legisladores misioneros estudiarán la aplicación del sistema donde el juez de Instrucción pasa a ser de Garantías y la investigación queda en manos de los fiscales. El procurador General de justicia, miguel piñero, plantea hacer una readecuación del presupuesto del poder judicial. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Según la opinión del procurador General de Justicia, Miguel Ángel Piñero, las fiscalías de Instrucción de la provincia no se encuentran preparadas para afrontar el cambio.[/su_note]Una de las primeras modificaciones al Código Procesal Penal que se aprobarían este año en la Legislatura misionera tiene que ver con la instauración del sistema acusatorio, donde los jueces de Instrucción pasan a ser de Garantías, y la investigación de las causas pasan a estar en manos de los fiscales.
La iniciativa partió el año pasado en el marco del plan Estratégico de Seguridad y Justicia, que lanzó a nivel nacional el presidente Néstor Kirchner.
Según la opinión del procurador General de Justicia, Miguel Ángel Piñero, las fiscalías de Instrucción de la provincia no se encuentran preparadas para afrontar el cambio.
«Para pasar del sistema de investigación del juez de Instrucción, al sistema acusatorio primero hay que pasar por una etapa intermedia, que es el objetivo al que nosotros apuntamos. Hay que tener presente que las fiscalías habitualmente emiten opinión en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Instrucción, y no están dotadas del personal que posibiliten que éstas puedan actuar en este nuevo sistema», advirtió el jefe de fiscales.
Claro está que para poder implementar este cambio habría que dotar de mayor infraestructura a las fiscalías, cosa que no figura en el presupuesto 2005 destinado para el Poder Judicial.
En este sentido, Piñero explicó que para poder implementar el nuevo sistema próximo a instalarse en Misiones, «habría que hacer una readecuación» de la partida presupuestaría para este año.
«Teniendo en cuenta que los juzgados de Instrucción pasarían a ser juzgados de garantías, no necesitarían del actual plantel de empleados y funcionarios, y podrían ser transferidos a las fiscalías de Instrucción», comentó como una posible solución ante la imposibilidad de destinar una partida superior a la ya destinada al presupuesto.
Según el procurador, el Superior Tribunal de Justicia tiene la potestad para poder reacomodar el presupuesto y «realizar la transferencia de los empleados y los funcionarios, esto está en las esferas de las atribuciones del alto Cuerpo».
Para que el sistema acusatorio pueda funcionar «como corresponde», Piñero también pidió la implementación de la denominada «policía judicial» y la incorporación de más personal.
El Poder Judicial, de estar maniobrando con un presupuesto de unos 40 millones de pesos, ahora pasará a manejar 61 millones pesos. Sin embargo, queda de manifiesto la falta de previsibilidad a la hora de confeccionar el presupuesto.
Por otra parte, ninguno de los diputados preguntó durante las reuniones que se mantuvieron con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, previas a la aprobación del presupuesto, si se había contemplado la inminente instauración del sistema acusatorio, y por ende tenido en cuenta todo lo que las fiscalías necesitan.
