Análisis semanal: Macri rompe lanzas a favor del tarifazo y el Central busca la manera de frenar la ola verde

Análisis semanal: Macri rompe lanzas a favor del tarifazo y el Central busca la manera de frenar la ola verde

La cruzada que viene librando el Banco Central para sostener el valor del paso lo llevó a concretar la semana pasada la mayor venta de dólares de los últimos 15 años. El miércoles Argentina sacrificó la friolera más de 1.400 millones de dólares de sus reservas en lo que representó el pico más alto de una progresión de intervenciones que comenzó en marzo y que ya acumula ventas por más de 6.700 millones de unidades de la divisa estadounidense.

La cifra récord del miércoles apenas sirvió para calmar a las fieras, la demanda de dólares no menguó y el valor del billete verde en bancos y en la city porteña no paró de crecer. El viernes cerró en 20,90 pesos, después de haber alcanzado ese día los 21,20 pesos, la cotización más alta de la historia. En todo abril el dólar aumentó 44 centavos pese a que el Central volcó más de 4.700 millones para mantenerlo a raya.

Atento a que la política de sacrificar reservas no demostraba ser suficiente y que además resultaba cada vez más costosa en términos de pérdida de reservas, el Central apeló a otra de sus armas: aumentar las tasas de interés. La autoridad monetaria la subió 300 puntos básicos, de 27,25 a 30,25 por ciento. La idea es aceitar la bicicleta financiera para que corra más rápido que el dólar.

Con esa medida el Central busca que los pesos que sostienen la demanda de dólares se vuelquen a Lebacs, lo que permitiría contener al dólar sin necesidad de que el Central salga a vender. La suba de tasas permitiría frenar la sangría de reservas, pero lo hará a costo de un creciente déficit cuasifiscal y de un esperable enfriamiento de la economía que obliga a recalcular los pronósticos de crecimiento.

Desde el Gobierno nacional atribuyen la suba del dólar a factores externos, concretamente al incremento de las tasas en Estados Unidos. La tasa del Bono del Tesoro tocó la semana pasada 3,03 por ciento y se estima que a fin de año llegue a 3,5 por ciento. Una tasa superior al 3 por ciento en dólares en una inversión considerada como una de las más seguras del mundo funciona como un imán para capitales especulativos. Para países como Argentina eso se traduce en fuga de capitales y encarecimiento del crédito.

Si la interpretación que hacen desde el Gobierno nacional es cierta y las turbulencias de los últimos meses se explican exclusivamente por factores externos, queda en claro que el país se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad frente a cualquier alteración en el contexto mundial.

A diferencia del Gobierno, la gran mayoría de los analistas prefiere hablar de una combinación de factores que incluye elementos externos, pero también internos. Advierten respecto a una caída en la confianza generada por las dificultades que encuentra el equipo económico del gobierno nacional para cumplir con algunos objetivos básicos, como la reducción de la inflación y del déficit fiscal total y la alta dependencia al financiamiento externo.

A la incertidumbre en el plano económico se sumaron en la última semana nubarrones políticos. Que el Gobierno nacional encuentre resistencia incluso entre su propia tropa para aumentar tarifas o que hasta ahora no haya conseguido avances significativos en materia de reforma laboral, son leídos como indicios negativos tanto dentro como fuera del país.

Desde los mercados entienden que para tener éxito en su programa económico y más allá de la apuesta al gradualismo, el Gobierno deberá seguir tomando medidas de corte impopular. Las tarifas tendrán que aumentar alrededor de 25 por ciento -más inflación- en lo que queda de este año y parte de 2019 y los salarios deberán continuar perdiendo poder adquisitivo, de otra manera no se podrá reducir el déficit ni frenar la inflación.

Para llevar adelante esas políticas de redistribución regresiva de la riqueza hace falta un gobierno fuerte, con capacidad de asumir costo político pesado sin que se vea amenazada la paz social y la continuidad del gobierno en 2019. En ese contexto será clave para Macri y su equipo conservar la demostrada capacidad que tienen de generar expectativas a futuro aun cuando el presente resulte desalentador.

Nunca menos

En busca de proyectar una imagen de fortaleza política en medio de la tormenta desatada tras el último episodio de sinceramiento de tarifas, el presidente Macri grabó un mensaje en el que aseguró que no retrocederá un ápice. Para el Gobierno nacional, el tarifazo es cosa juzgada, los servicios nunca valdrán menos.

Luego de disciplinar a sus socios radicales que habían hecho declaraciones públicas contra la suba de los servicios, Macri buscó trasladar a provincias y municipios el costo político de tan impopular decisión.

Ocurre que de la mano de la quita de subsidios nacionales a los consumos de energía y de gas se produjo un crecimiento desmedido no solo del costo mayorista de la energía y el gas, sino también de los impuestos que se cobran en proporción a dichas tarifas. Desde la oposición argumentaron que una buena manera de morigerar el impacto de la suba de tarifas en los bolsillos de los usuarios sería reducir la carga impositiva.

Rápido de reflejos, el macrismo vio la posibilidad de esquivar el golpe y el presidente pidió a gobernadores e intendentes que se hicieran cargo de disminuir los impuestos y tasas.

Sus voceros más encumbrados hicieron lo posible por instalar la idea de que el mayor peso de la carga impositiva corría por cuenta de las provincias y de los municipios. En ese plan, el ministro del Interior Rogelio Frigerio llegó a afirmar que 25 por ciento del costo total de la tarifa podía explicarse por tasas municipales e impuestos provinciales, lo que podría verificarse en algunos casos puntuales, pero no está ni cerca de ser la norma.

La Nación es responsable de la mayor parte de la carga impositiva que pesa sobre las facturas de servicios en casi todo el país. El IVA grava con una alícuota 21 por ciento a usuarios residenciales y 27 por ciento para comercios y es por lejos la carga impositiva más pesada en casi la totalidad de las facturas de energía de Argentina.

En Misiones por ejemplo, la Provincia cobra 5 por ciento de Ingresos Brutos sobre el valor de la tarifa de energía eléctrica. Dicha carga no está discriminada en las boletas porque está incluida en el VAD (Valor Agregado de Distribución) que cobra la prestataria provincial EMSA, mientras que los municipios cobran por conceptos como el uso de espacio aéreo con bonificaciones en el consumo de energía en sus dependencias.

Atendiendo más a las cuestiones sociales que a los retruques de la política, el Gobernador Hugo Passalacqua ordenó que se deje de cobrar Ingresos Brutos a los usuarios que consuman menos de 300 KWh por mes. Al respecto, el mandatario reiteró que desde su gobierno seguirán haciendo todo lo que esté a su alcance para amortiguar los efectos de la crisis en los hogares de menores recursos.

Catarata de proyectos

Tal como había ocurrido una semana antes, el Congreso volvió a ser escenario para la polémica por el tarifazo. Opositores presentaron numerosos proyectos que planteaban distintos mecanismos para reducir el impacto social de la suba de tarifas, desde retrotraer la situación a septiembre del año pasado hasta aplicar bonificaciones en el pago de impuestos.

El oficialismo también hizo lo suyo. Con la firma de Humberto Schiavoni –el senador misionero gana cada vez más protagonismo en los espacios de toma de decisión de la órbita nacional- presentó el proyecto de “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”, que según explicó el exdirector ejecutivo de la EBY busca evitar distorsiones producidas por conceptos ajenos introducidos en las boletas de servicios públicos.

El proyecto obliga a detallar con precisión todos los conceptos incluidos en las boletas de servicios públicos y reserva al usuario la potestad de no pagar por conceptos que no estén directamente relacionados con la prestación en cuestión. “Las facturas (…) deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado éste según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere, incluyendo sólo el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiere”, dice uno de los artículos.

Explicita que no se podrán incorporar otros conceptos y en el caso de que así fuera los usuarios podrán no pagarlos. Los incumplimientos de distribuidores o “los sujetos responsables de la facturación” se multarán de 10 a 10.0000 veces el monto cobrado indebidamente y la pérdida de concesiones.

Con este proyecto, el Gobierno nacional pasa de solicitar a provincias y municipios la eliminación de impuestos, tasas y cargos extra, a imponerlo a través de una ley.

Oposición cordial versus alineamiento irrestricto

En medio de la discusión por las tarifas, el bloque misionerista presentó un proyecto que proponer reducir a cero los impuestos a los combustibles en toda la provincia. La iniciativa pretende resarcir a la provincia por la caída del ITC diferenciado y aliviar las crecientes asimetrías con Encarnación en los precios de las naftas.

Desde la liberación de los precios de los combustible, Misiones es la provincia en la que más subieron, lo que llevó a que un litro de nafta en la capital provincial cueste nueve pesos más que en su vecina Encarnación y que los precios del combustible en todo Misiones superen también a los de Brasil.

Los renovadores misioneros pretendían que el proyecto sea tratado sobre tablas en la sesión del miércoles de la Cámara baja, lo que no fue posible por el voto negativo de los diputados de Cambiemos.

Uno de los que votó en contra de la iniciativa orientada directamente a beneficiar a los misioneros, fue el radical Luis Pastori, lo que le valió críticas incluso desde su propio partido.

Puertas adentro fueron muchos los radicales que cuestionaron duramente a su diputado nacional e incluso algunos se atrevieron a hacerlo públicamente. Uno de ellos fue el concejal posadeño Maximiliano Florindo –a quien muchos correligionarios temen por su locuacidad sin filtro- quien consideró que el proyecto que impulsa el Gobierno provincial sería beneficioso para la población y planteó su “respetuosa disidencia” con el voto de Pastori.

Como conclusión política, la sesión del miércoles dejó en claro que ni el acuerdo de mutua gobernabilidad, ni las constantes reuniones y el trabajo conjunto Nación-Provincia, ni las visitas de Macri a Misiones, ni la relación cordial entre el presidente y Hugo Passalacqua impiden que los representantes de Misiones conserven la independencia necesaria para formular planteos que beneficien a los misioneros, aun cuando vayan a contrapelo de la línea que marca la Nación.

También quedó en evidencia que del lado de Cambiemos solo puede esperarse alineamiento directo con la administración nacional, aun cuando ello implique ir en contra de los intereses de la provincia.

Lejos de quedar cerrado, la batalla política por las tarifas recién comienza y promete extenderse en tanto ofrece un escenario inmejorable para que todo el arco opositor e incluso los socios de Cambiemos, se diferencien del Gobierno en la carrera a 2019.

¿Se cae un mito?

Las tarifas de EMSA fueron motivo de quejas airadas y reiteradas durante los últimos diez años, tanto de usuarios residenciales cuanto empresarios. Más allá de cuestiones puntuales relacionadas a cada distribuidora provincial y prestataria local, el panorama tarifario durante los años del kirchnerismo estuvo signado por profundas asimetrías cuya principal explicación se encuentra en las caprichosas diferencias que hacía la Nación a la hora de cobrar.

Resoluciones discriminatorias de la Secretaría de Energía establecían disparidades de hasta 150 por ciento en los precios que cobraba la distribuidora nacional Camessa a las distribuidoras provinciales. Por lejos, los grandes ganadores en el reparto de subsidios durante el kirchnerismo fueron los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires.

La política de sinceramiento de tarifas vino a equiparar la situación, aunque todavía no del todo, lo que reconfiguró el mapa tarifario de energía del país. La quita progresiva de subsidios que viene llevando adelante el gobierno nacional disparó aumentos en los costos mayoristas de la energía que superan el 2.000 por ciento desde 2016 hasta la fecha. Las distribuidoras provinciales trasladaron esas subas de distinta manera a sus usuarios, algunas lo hicieron de forma lineal y otras buscaron amortiguar el golpe, lo que provocó un reacomodamiento del mapa tarifario nacional.

Un reciente informe de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) dio cuenta del nuevo estado de situación en el que EMSA aparece como una de las prestatarias que cobra más barato. Desde el Gobierno provincial lo atribuyen a una eficiente gestión del presidente de la eléctrica provincial Guillermo Aicheler y a la decisión del Gobernador de retrotraer el aumento del VAD y devolver lo cobrado por ese concepto en los primeros meses del año.

Según Adeera, EMSA tiene la segunda tarifa más barata del país para usuarios de categoría residencial que consuman entre 550 y 750 KWh por mes y la cuarta más barata para usuarios residenciales con menores consumos.

La tarifa de EMSA también es la segunda más barata del país –siempre según Adeera- para usuarios comerciales con consumos de hasta 3.000 KWh.

Crisis sobre ruedas

En la edición de la semana pasada de esta columna, se hizo mención a la delicada situación que atraviesa la empresa Transportes Sauer, una de las firmas familiares del autotransporte de cargas con mayor trayectoria en la provincia. Desde la mencionada empresa confirmaron esta semana que existe una posibilidad cierta de ir a la quiebra y la noticia sirvió de disparador para que otros referentes del sector se refirieran a la difícil situación que arrastra el sector desde hace ya varios años.

Empresarios como Claudio Wipplinger y gremialistas coinciden en que uno de los principales problemas es que en los últimos años se registraron incrementos en los costos de la actividad que no pudieron ser trasladados a precios. Combustibles, neumáticos y lubricantes aumentaron mucho más que los precios de los fletes en los últimos diez años, coinciden.

Las asimetrías también perjudicaron al transporte de cargas. Con un atraso cambiario crónico y una inflación superior a la de los países vecinos resulta imposible a los empresarios misioneros competir en el transporte internacional con empresas de Paraguay, Brasil o Chile.

En consecuencia, las empresas que hacían transporte internacional se volcaron a un mercado interno cuya demanda de fletes está virtualmente estancada desde hace varios años, lo que generó una sobreoferta.

El cuadro es más delicado todavía para las empresas con más trayectoria, porque la mayor parte de su personal tiene mucha antigüedad, lo que eleva significativamente el costo laboral.

Empresarios transportistas señalaron que la presencia de grandes tomadores de cargas que establecen por sí mismos los costos de los fletes representan otro escollo para el sector. Por lo bajo apuntan directamente contra la multinacional de capitales chilenos Arauco Argentina (ex Alto Paraná) a la que acusan de “planchar” el precio de los fletes y valerse de pequeñas “tercerizadas” que se arman y desarman según la necesidad de la forestal.

Un misionero en CAME

Por primera vez un dirigente misionero está al frente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la federación más representativa del sector Pyme del país. Se trata de Gerardo Díaz Beltrán, veterinario, productor ganadero, forestal y comerciante, con más de 25 años como dirigente y más de 25 años de experiencia como dirigente del sector empresarial.

Con la llegada del misionero a la CAME garantiza un rol protagónico de esa entidad nacional en la búsqueda de soluciones a las asimetrías de frontera, uno de los temas que con mayor ahínco viene trabajando Díaz Beltrán desde la presidencia de la Confederación Económica de Misiones y de la comisión de Frontera de la CAME.

Como prueba del amplio respaldo que se supo ganar, Díaz Beltrán fue el primer presidente en la historia de la CAME en ser electo por la totalidad de los miembros del consejo directivo.

 



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