Muerte del rugbier: Julieta Silva cambió de abogado luego de que el juez decidiera dejarla en prisión

Muerte del rugbier: Julieta Silva cambió de abogado luego de que el juez decidiera dejarla en prisión

Cambio de rumbo en el futuro de Julieta Silva, la joven que atropelló y mató a su novio el rugbier Genaro Fortunato en Mendoza y que, por el momento, se enfrenta a varias semanas en la cárcel hasta la espera de un juicio.

Una vez que la Justicia desestimara el pedido de la defensa de prisión domiciliaria, la propia acusada decidió dar un giro en la historia. Abandonó la defensoría oficial, a cargo de Florencia Garciarena, y se encaminó hacia un nuevo rumbo con los servicios de Alejandro Cazabán, un reconocido abogado de Mendoza.

El letrado fue ex ministro de Seguridad de la gestión del ex gobernador de Mendoza Arturo Lafalla, entre 1995 y 1999, y quien fuera ministro de Gobierno del también ex gobernador Celso Jaque (2007-2011).

La primera medida tomada por Cazabán fue la de pedir la suspensión de los plazos de apelación ante la última medida del Juez de garantías Pablo Peñasco de corroborar la acusación por “homicidio agravado por alevosía y por el vínculo de pareja”. La idea del nuevo abogado es poder estudiar bien el expediente.

Durante la última sesión, el juez Peñasco advirtió que “no tiene asidero científico” la versión de que Silva no pudo ver a Fortunato en el suelo al momento de atropellarlo, a la salida del boliche Mona Bar, a las cinco de la mañana.

Acá no hay estrategia. La única verdad es que no lo vi. Perdón por no haber podido evitarlo, no hay peor condena que la que voy a llevar toda mi vida. Y son mis hijos los únicos que me pueden ayudar a sobrellevar esto”, afirmó Silva entre lágrimas y delante de toda la familia del rugbier fallecido.

Peñasco decidió mantener la prisión preventiva de la joven de 29 años, ya que consideró que Silva corría riesgo y contaba con posibilidaes de abandonar la provincia de Mendoza en las próximas semanas. Además, resolvió trabarle un embargo de bienes propios por una suma de 300 mil pesos.

La decisión de Peñasco no equivale a una resolución definitiva. Es un paso previo en la legislación penal y establece las condiciones en las que la acusada llegará al juicio. Asimismo, el propio magistrado advirtió que la causa puede modificarse antes de ser elevada a debate, siempre y cuando haya pruebas que le permitan cambiar su parecer. “Son poco más de 20 días hábiles los que tiene la causa. Todavía resta mucho por producir”, explicó.



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