Misiones mejora sueldos y mantiene el orden en un país en crisis. Acuerdos, conflictos y yerbatazo en otra semana política agitada

Sostener el poder adquisitivo de los salarios sin despedir personal es sin dudas la mayor aspiración que permite la difícil situación económica argentina a todas las administraciones públicas del país. Con recaudaciones planchadas por el estancamiento de la actividad y la caída del consumo y con un proceso inflacionario que no da tregua, la Nación, los gobiernos provinciales y los municipios se las vieron en figurillas durante todo el año pasado para evitar despidos y pagar los sueldos más o menos en término. Pocas fueron las que supieron capear el temporal sin sufrir daños permanentes y cuando el cuadro parecía estabilizarse, llegó 2017 con un nuevo desafío: las paritarias.

En ese difícil contexto, que también golpeó con dureza al sector privado, el caso de Misiones se impone por sobre todos los demás como un llamativo ejemplo de éxito. Mientras que en 2016 los despidos e interrupciones de contratos se contaban de a miles en ministerios y organismos nacionales, mientras muchos gobernadores viajaban a Buenos Aires todas las semanas pidiendo ayuda para pagar sueldos y otros debían endeudarse en dólares para apagar el incendio, una provincia pequeña, castigada por un índice de coparticipación desfavorable y ubicada en la región más postergada del país, conseguía evitar despidos y pagar los sueldos todos los meses en término.

Además lo hacía sin tomar deuda y sin ayudas extraordinarias como las que recibieron Córdoba, San Luis y Santa Fe, favorecidas por el fallo de la Corte que ordenó a la Nación devolverles dinero retenido de coparticipación, o Buenos Aires, que recibe periódicamente miles de millones de pesos en asistencia de parte del Gobierno de Macri, o incluso Santa Cruz, cuya administración pública –según reconoció la propia gobernadora Alicia Kirchner- no podría sostenerse sin aportes externos.

Pero además de no dejar echar a nadie, Misiones consiguió sostener el flujo de recursos necesario para mantener la calidad de la educación y la salud públicas e incluso de garantizar el transporte gratuito de los estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, tanto en servicios urbanos cuanto de media distancia.

Las paritarias comienzos de 2017 no fueron la excepción y Misiones volvió a marcar el rumbo. Mientras en otras provincias las negociaciones se extienden más de la cuenta y los paros se tornan moneda cada vez más corriente, el Gobierno que encabeza Hugo Passalacqua ya cerró acuerdos que garantizan a los empleados públicos de las distintas áreas que sus salarios no perderán poder adquisitivo este año. Lo hizo siguiendo un esquema pergeñado por el propio gobernador y el secretario de Haciendo Adolfo Safrán, mediante el cual se asegura un incremento salarial superior a la pauta de inflación prevista por el Gobierno nacional, pero que deja abierta la posibilidad de reabrir la paritaria, mediante la inclusión de una clausula gatillo que se activará en la segunda mitad del año en caso de que la inflación se dispare por encima de las previsiones.

Salarios: el reto de la hora

Para comprender la dificultad que enfrentan las administraciones públicas para acordar salarios en este inicio de año hay que centrar la atención en el devenir de algunas de las principales variables económicas.

La primera a tener en cuenta es la inflación. En una economía en la que los precios no aumentaran no sería necesario incrementar los sueldos para conservar su poder de compra, eso no ocurre en Argentina desde fines de los 90s y desde 2005 que el índice se mantiene por encima del 10 por ciento anual, número que se considera alto en cualquier país del mundo. El año pasado la inflación fue particularmente alta, según el “IPC Congreso” que toma en cuenta varias mediciones provinciales, fue de alrededor de 40 por ciento y para el año en curso el BCRA estableció una meta de 17 por ciento.

Alguno podrá preguntarse por qué negociar salarios este año es más difícil que en años anteriores si el país lleva ya 12 años conviviendo con altos niveles de inflación. La respuesta está en las demás variables, especialmente en las que miden la actividad económica y el nivel de consumo.

Mientras la inflación se manifieste en un contexto de crecimiento económico, a los gobiernos les resulta más fácil otorgar aumentos salariales que acompañen o incluso superen a las subas de precios, porque sus ingresos que provienen de la recaudación se incrementan tanto o más que la inflación. Eso venía ocurriendo -aunque con algunos altibajos- hasta el año pasado, pero a partir del sinceramiento de la economía que llegó de la mano del cambio de gobierno nacional, el crecimiento se detuvo y el consumo se retrajo, pero la inflación en vez de disminuir, se incrementó.

Como resultado, los ingresos de las provincias, tanto por recaudación propia cuanto por coparticipación, aumentaron por debajo de la inflación lo que dificulta seriamente la posibilidad de cerrar acuerdos salariales en porcentajes que equiparen al índice de precios.

La ventaja de hacer bien los deberes

Ante el complicado escenario descripto, la diferencia entre las provincias que consiguen mantenerse en pie sin trasladar los efectos de la crisis a la gente y aquellas que solo pudieron sobrevivir en base a despidos y pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores, está dada por la calidad en la administración. Pero no alcanza con afinar el lápiz cuando la crisis aprieta –cual estudiante que se acuerda de los libros un día antes del examen- sino que resulta necesario venir de administraciones anteriores que hayan sido responsables en el manejo de sus finanzas y en eso Misiones es ejemplo irrefutable, al menos desde el nacimiento de la Renovación.

Uno de los indicadores más acabados de la austeridad que caracterizó a la administración provincial es el nivel de deuda. Basta señalar que en 2003 la provincia debía casi un presupuesto anual completo y 12 años después debía solo una décima parte de su presupuesto de ese año. Llevado a un ejemplo doméstico la situación de Misiones en 2003 era equiparable a la de un trabajador que gana un salario mensual de 20 mil pesos y debe 240 mil pesos, mientras que el cuadro de 2015 muestra al mismo trabajador con idéntico sueldo, pero esta vez con una deuda de solo 24 mil pesos.

 Municipales en huelga y docentes en duda

Por motivos distintos, los sindicatos de trabajadores municipales y de los docentes fueron noticia en la semana que pasó, los primeros por protagonizar un conflicto desmedido que tuvo a los posadeños como rehenes en una disputa salarial y los segundos por esgrimir razones por demás discutibles para justificar su adhesión a un paro.

Luego de ser los primeros del país en acordar salarios, los docentes nucleados en la UDPM estaban listos para dar clases y los alumnos estaban convocados a volver a las aulas el próximo lunes 6. Sin embargo, la UDPM después anunció que adheriría a un paro nacional convocado por la CTERA, su entidad madre, lo que postergaría el inicio de clases por dos días.

Ante la disyuntiva de acatar la convocatoria del gremio nacional u honrar el compromiso asumido con la Provincia, la conducción del principal gremio docente misionero se vio en la difícil tarea de salir a los medios de prensa a explicar que iban a adherir a un paro con el que no comulgaban.

Las explicaciones del caso no alcanzaron para aplacar la inquietud que generó en una parte del Gobierno provincial el hecho de que la UDPM adhiriera a un paro pocos días después de haber acordado el normal inicio de clases. De todas maneras, desde la Provincia aseguraron que no adoptarán medidas contra los docentes que paren esta vez –a diferencia de provincias como Buenos Aires que anticiparon descuentos salariales-  aunque dejaron en claro que evaluarán detenidamente el nivel de responsabilidad que muestren en los próximos meses los distintos actores del sector.

El otro conflicto se desató sobre el final de la semana, cuando los posadeños debieron soportar un paro del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp) que incluyó cortes de calles céntricas de la ciudad y la interrupción durante 48 horas del servicio de recolección de residuos. La medida de fuerza llegó luego de que los trabajadores rechazaran una oferta de aumento salarial de 15 por ciento, las manifestaciones comenzaron el miércoles a la noche y finalizaron sobre el final de la jornada del viernes gracias a la intervención del ministerio de Trabajo de la Provincia que dictó una conciliación obligatoria.

Pese a la tregua, el conflicto está lejos de una solución ya que desde el municipio aseguran que la última oferta que presentaron en la mesa de negociación es la mejor que están en condiciones de ofrecer. Desde la comuna apuntan que las asimetrías con Encarnación no solo perjudican al comercio posadeño sino también al municipio, que vio disminuida su recaudación por la caída en las ventas y un aumento en la morosidad de los contribuyentes.

Funcionarios cercanos a Losada aseguran que la situación económica de la comuna es muy complicada y se quejan abiertamente de lo caro que les cuesta sostener al Concejo Deliberante.  De hecho el intendente Joaquín Losada aprovechó el discurso de apertura de sesiones del Concejo para enrostrar a los ediles el incremento presupuestario que recibió ese cuerpo deliberativo.

 Yerba brava

Los yerbateros finalmente hicieron oír su reclamo en Buenos Aires. Llegaron el miércoles a la capital pero recién el jueves pudieron ganar la Plaza de Mayo y allí llevar adelante las acciones que tenían previstas para hacer visible a escala nacional la crisis que atraviesa al sector.

Luego de un año de venir reclamando a través de distintas vías, los productores consiguieron por vía del Yerbatazo arrancar al Gobierno nacional la promesa de una intervención más firme orientada a favorecer el cumplimiento en tiempo y forma de los precios de la hoja verde.

Más allá de las medidas coyunturales que pudieran adoptarse de cara a la próxima cosecha que comienza en abril, desde el equipo de Gobierno de Macri volvieron a enfatizar que los problemas del sector yerbatero deberían resolverse en el seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entidad que después de 15 años de función todavía no consiguió encontrarle el agujero al mate.

Bajo el mando de Alberto Re, uno de los representantes de la pata radical de Cambiemos en Misiones, y con el apoyo explícito de plana mayor del ministerio de Agroindustria de la Nación, el INYM tendrá este año la posibilidad de torcer un rumbo que viene marcado por la inacción de años anteriores y el desafío de terminar con los incumplimientos en los precios de la materia prima y los pagos a plazos interminables. Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a apoyar el trabajo del instituto dotándolo de las herramientas que necesite para cumplir con las funciones que le corresponden y como respuestas esperan que esta vez haya menos excusas y más soluciones.

Más allá de la buena predisposición mostrada por el Gobierno nacional para buscar soluciones a los problemas de fondo del sector yerbatero, a la hora de atender lo urgente de la crisis el único actor que aparece es el Gobierno provincial. Lo urgente en este caso no pasa por los reclamos de los productores sino por la precaria situación de los tareferos, eternos últimos orejones del tarro de yerba.

Después de varios días de protestas, los sufridos cosecheros misioneros lograron un poco de aire que servirá para que sus hijos puedan iniciar de mejor manera ciclo lectivo y para tirar hasta el inicio de la cosecha de invierno. Como de costumbre, la ayuda llegó desde el Gobierno provincial en forma de kits escolares, módulos de alimentos, órdenes de compra y adelanto de ayuda económica.

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