Cartas a la vista

La ajustada victoria de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de Brasil representa aire fresco para los gobiernos de Latinoamérica que confluyen en un modelo más o menos similar que tiene como eje a la fortaleza del Estado para marcar el rumbo de la economía y la distribución del ingreso. Como se reflejó en esta columna la semana anterior, las oposiciones están cortadas por el mismo patrón y pueden reflejarse en el espejo de Aecio Neves en Brasil o, especialmente, en cómo reaccionaron los poderes económicos y mediáticos al triunfo de la guerrillera del Partido de los Trabajadores.
La feroz campaña de la que fue objeto Dilma se replica en Argentina, donde los poderes económicos, financieros y mediáticos, apuran una salida para ponerle fin, por fin, a un modelo político que duró más de diez años. Quieren acelerar el fin de un modelo que no dejó de darles ganancias, sino que les recortó poder y margen de maniobra para imponer un rumbo económico que nunca produjo efecto derrame alguno.
Con matices, ninguna de las oposiciones quiere acorralar a los gobiernos con medidas de mayor inclusión, a pesar de que prometen sostenerlas a pesar de socavar su fuente de financiamiento principal, que es la fortaleza del Estado a través del control de la economía vía impuestos o retenciones a los sectores más enriquecidos.
Apenas unas horas después de haber sido ratificada, Dilma comprobó este argumento con un voto “simbólico” en el Congreso brasileño, que rechazó una medida que obliga al Palacio del Planalto a consultar a representantes de la sociedad civil sobre proyectos de interés social. La normativa destinada a crear mecanismos de participación en de grupos sociales históricamente excluidos, debe pasar el debate y la aprobación en el Senado, pero fue rechazada en la noche del martes por grupos de oposición que obtuvieron el apoyo del principal socio de la coalición gubernamental, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y de otras agrupaciones aliadas. El objetivo parlamentario es “hacerle saber” a la Presidenta que deberá “dialogar” para conseguir la aprobación de sus iniciativas. Sin embargo, Dilma no parece amilanarse y pretende aprobar mediante consulta popular una reforma política y una ley para regular los medios audiovisuales, similar a la ley de Medios argentina.
El triunfo de Dilma se dio a pesar de una feroz campaña mediática. Los principales grupos de comunicación pertenecen a las familiasMarinho –Grupo Globo-; Civita –Grupo Abril-, Frias –Grupo Folha-; Sirotsky –Grupo RBS-; Mesquita –Grupo Estado-; Bandeira de Melo -Grupo Associados-. Entre todos ellos controlan más de 500 medios -entre gráficos, radiales y audiovisuales- que a su vez son nacionales o estaduales.
Lo peor de la campaña sucia ocurrió horas antes de las elecciones, cuando la revista Veja –del grupo Abril- que acusó a la Presidenta de lavado de dinero en Petrobrás en complicidad con Lula. No es casual que en Argentina los principales medios hayan repetido sin chistar la tapa negra que se ilusionaba con influir en los electores.
El mapa político de Brasil también tiene similitudes con el de Argentina. Las grandes ciudades, concentradas en la industria e inmensas extensiones de soja, fue donde menos votos cosechó. En los estados fronterizos con Misiones, fue claro el triunfo de Aecio Neves, que prometía enviar al MERCOSUR al arcón de los recuerdos. La oposición ganó por mucho en San Pablo y por poco en Río Grande do Sul (dos históricos bastiones del PT previo a su cambio electoral), en los dos Mato Grosso, Goias, Paraná, Acre, Rondonia y Santa Catarina.
En las regiones Sur y Sureste (las más ricas del país), sin excepción, el PT fue directamente derrotado o salió debilitado, pero sacó amplia diferencia en el norte, históricamente más pobre y dónde más se percibe el aporte del Estado. En Santa Catarina, Aécio Neves triunfó sobre Dilma 64.59% contra un magro 35.41% de la presidenta reelecta del Brasil. En Paraná, Aécio logró 60.98 contra 39.02 de Dilma y en Río Grande do Sul, Aécio ganó por 53.53 a 46.47 por ciento.
Seguramente el rechazo a la líder del PT puede tener múltiples lecturas sociológicas y de política interna, pero un dato saliente es que en el corazón del MERCOSUR, sus habitantes votaron por alguien que lo despreciaba. Algo no funciona realmente bien si los ciudadanos no perciben beneficios de la sociedad política y económica y la explicación puede encontrarse en las múltiples trabas para el intercambio comercial fronterizo que contrastan con la fluidez de los negocios entre San Pablo y Buenos Aires.
Más allá de la discusión de fronteriza, Dilma y Aecio y Tabaré y Lacalle Pou en Uruguay, representan dos modelos en pugna y cuyos efectos se sienten en el mundo.
Mientras Brasil, Argentina, Uruguay y otros países de Latinoamérica aplicaron políticas para la contención social y la emergencia de una sociedad excluida, en otros países se aprecian con claridad los efectos del ajuste que remite al neoliberalismo que promueven las oposiciones locales.
La crisis económica arrastró a 2,6 millones de niños a la pobreza en los 41 países más prósperos del mundo desde 2008 y elevó a 76,5 millones los afectados por la pobreza infantil en el mundo desarrollado, destaca un informe de Unicef.
El trabajo, presentado en Roma, estudia cómo cambió -aumentó o descendió- la pobreza infantil entre 2008 y 2012.
Islandia, Grecia, Letonia, Croacia, Irlanda, España, Italia, Francia están entre los países donde más se incrementó la pobreza infantil.
Alerta que la “Gran Recesión ha impuesto a los niños el castigo de una crisis económica” y subraya que son los menores “los que más sufren las consecuencias y los que las padecerán por más tiempo”.
Además de cambios en la dieta, eliminación de actividades extraescolares y las dificultades para adquirir material escolar, los hijos de padres desempleados o con bajos ingresos pueden rendir menos en la escuela, sufrir estrés y padecer humillaciones ante amigos y compañeros de clase.
Los niños son los más vulnerables porque, según el estudio, “la pobreza es un ciclo que se retroalimenta” y “cuanto más tiempo permanezca el niño atrapado en el ciclo, menores posibilidades tendrá de escapar”.
Islandia, Grecia, Letonia, Croacia e Irlanda son los países en los que la pobreza infantil aumentó en mayor medida, todos con crecimientos mayores al 10 por ciento y liderados por el 20,40 por ciento de Islandia, que fue elegido como el mejor del mundo para vivir apenas en 2007. Les siguen Lituania, España, Luxemburgo, Italia, Estonia, México, Francia y Hungría.
En el polo opuesto de países que han mejorado la tasa de pobreza infantil se sitúan 18 países, encabezados por Chile, Polonia y Australia, tres estados que “hallaron el modo de sobrellevar las peores consecuencias de la recesión y redujeron sus cifras de pobreza infantil en aproximadamente un 30 por ciento”.
En términos relativos fue Grecia el país con mayor tasa de pobreza infantil en 2012, con un 40,5 %, seguido de Letonia (38,2 %), España (36,3 %), Israel (35,6 %) y México (34,3 %).
En Alemania, el ejemplo europeo por la fortaleza financiera y de la capitana del barco, Angela Merkel, alrededor de 13 millones de alemanes, prácticamente, uno de cada seis, vivía en 2013 al borde de la pobreza, según datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
Así, 16,1 por ciento de la población alemana no llega al nivel de ingresos mínimos establecido en la estadística de la Unión Europea sobre la renta y las condiciones de vida de 979 euros netos mensuales para una persona sola y de 2.056 euros para una pareja con dos niños menores de 14 años, cifras similares a 2012.
Pero la “crisis” no mata. No nace ni hace sola. Es una abstracción. No surge por un milagro de la naturaleza, sino por obra y gracia de un sistema económico que la genera por su irracional metodología de acumulación, en la que prima el interés financiero por sobre el productivo y, esencialmente, por el lado humano. No es casualidad que los principales países enumerados, hayan seguido a rajatablas las recetas emanadas por el consenso de Washington que todavía persisten, aplicadas por políticos que no se corren un milímetro del libreto. Salvo Islandia, que también vivió de la borrachera especulativa, todos los países salvaron a sus bancos en lugar de sus ciudadanos. En Islandia, la decisión de dejar caer a la banca tiene severas consecuencias, como la obligación de someterse a un severo plan de ajuste y suba de impuestos ordenada por el FMI a cambio de aflojar la presión sobre la deuda.
Queda claro que el modelo que recibe los votos hace poco más de una década en Latinoamérica, lo hace justamente por resistir a las recetas que tuvieron su pico de máxima popularidad durante los 90, con Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Color de Melo, Fernando Enrique Cardozo o los dictadores sobrevivientes en otros países.
“El modelo de inclusión es el que hay que defender”, definió el viernes el gobernador Maurice Closs.
Y es eso lo que se puso en juego en las elecciones vecinas y lo que se apostará en 2015 en la Argentina.
Misiones padeció las consecuencias del neoliberalismo con un fin de ciclo que dejó a más de la mitad de la población en la pobreza.
Hoy el modelo nacional y sostenido con recursos propios de Misiones, cambió la ecuación.
Pero se puede imaginar un escenario distinto si se impone la política del desdén por los programas sociales. En Misiones donde nacen 30 mil niños por año, con una pirámide poblacional del 39 por ciento menor a 18 años, las consecuencias serían devastadoras, no sólo para los chicos, sino para el mismo Gobierno, que se encontraría de repente con un inmenso agujero social.
Solo en Asignación Universal por Hijo, la Anses distribuye en Misiones 1.135.162.080 pesos por año aproximadamente. A la potente herramienta de inclusión social, la provincia le agrega otros recursos a través del plan Hambre Cero para el núcleo más duro de pobreza. El 84 por ciento de los beneficiarios del programa nutricional, reciben a su vez la AUH.
En paralelo, el plan Progresar destinado a los jóvenes estudiantes, aporta otros 154.015.200 pesos al año. Más de 190.351 jubilados cobran por Anses con una mínima de 3.231,63 pesos y un promedio de 6746,15.
Si se comparan estos números con los del año 2003, se aprecia un aumento de 244 por ciento en la cantidad de jubilados y pensionados. Durante su vida laboral, fueron excluidos y hoy serían casi 200 mil personas sin jubilación.
No se trata entonces de una discusión de nombres y de supuestos fines de ciclo. Lo que se pone en juego no es únicamente el valor del dólar, la inflación, la mano más o menos dura contra la inseguridad o la sumisión a los poderes económicos: es, en lo profundo, la continuidad de políticas que por primera vez apuntaron al núcleo duro de la exclusión para sincerarlas, hacerlas visible y darles contención.
Sin embargo, la oposición no parece dispuesta a debatir en profundidad cuál es el rumbo que desea. Mensajes lavados en los que dominan palabras clave como inflación, inseguridad o rebaja de impuestos, dominan por igual los discursos de los presidenciales.
Es llamativo que a menos de un año para las elecciones, en un encuentro identificado como IDEA, lo más saliente es escuchar agravios personales a la Presidenta y reclamarle exhibir su título de abogada. Empresarios y políticos aplaudieron fervorosamente a Daniel Sabsay, el abogado cuya diatriba estuvo demás desde que se inició. Justo él, el constitucionalista porque toma el tren en Constitución, como lo definió el senador Aníbal Fernández, parece que realmente carece del honor para definirse como tal, ya que no cuenta con ninguna especialización ni posgrado, según el curriculum que publica la Facultad de Derecho de la UBA.
El nivel de debate no va mucho más arriba. Los “presidenciales” se comprometieron ante un grupo mediático a debatir en su estudio televisivo sin invitar a los aspirantes del ofiicalismo.
A pedido del canal Todo Noticias, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Elisa Carrió, Hermes Binner, Mauricio Macri, Sergio Massa y José Manuel de la Sota se comprometieron a debatir en televisión el año que viene. El único que no se prestó a fue Daniel Scioli, que pidió «respeto» hacia los demás competidores del oficialismo, pero que seguramente concurrirá.
El debate es sano y necesario. Pero no necesariamente compartir la pantalla en un medio garantiza que haya verdadera discusión. La repetición de consignas no hace a un debate y está probado que quien no tiene la responsabilidad de la gestión, puede –y es regla- recurrir a la denuncia como herramienta para la descalificación. ¿Se escuchó alguna propuesta de los aspirantes? ¿O fueron apenas promesas que tienen similitud en lo impracticable?
“Si soy presidente, los delincuentes irán presos sean extranjeros, argentinos o vicepresidentes”, sumó Cobos a la promesa de Macri de eliminar retenciones a la soja o el impuesto a las Ganancias. Massa no se queda atrás y jura que bajará los impuestos para “fomentar la inversión”.
Esa promesa escucharon comerciantes misioneros de la boca de Aldo Pignanelli, presidente del Banco Central durante el interinato de Eduardo Duhalde. El economista convertido al massismo se reunió con la Cámara de Comercio en privado para exponer su estrategia, que va de la mano con lo que reclaman aquí: una rebaja de impuestos y la flexibilización de los controles fiscales que “afecta al clima de negocios”.
Las cámaras empresarias están en franca oposición a la política fiscal que grava sus ganancias. Mucho más desde que los controles fiscales comenzaron a desnudar maniobras elusivas de varios de los principales hombres de negocio. La guerra declarada a la Dirección General de Rentas es pública y por eso no sorprende que comiencen a buscar respaldos políticos en quienes prometan volver a la época de impuestos cero, que coincidió, temporalmente a fines de los 90 con la explosión de la pobreza y el desempleo en Misiones, con, paradoja, una brutal caída del consumo por falta de algo vital: trabajo.
En el Gobierno siguen de cerca las acciones entre Rentas y comerciantes y aunque hay un convencimiento en el sistema, tampoco quieren tensar la cuerda hasta límites peligrosos. No habrá cambios de fondo, pero podrían revisarse algunas metodologías.
En el oficialismo el escenario político todavía no ha entrado en etapa de definiciones. Solo se conoce la decisión de ir con lista única, pero los nombres y los hombres, aunque se barajan, se mantienen todavía en una cautelosa reserva. Terminado el período ordinario de sesiones en la Legislatura, los distintos bloques de la oposición comienzan a definir sus estrategias de alianzas. Más allá de que prospere una alianza entre la UCR y el PRO, hay consenso para trabajar en “equipo” en las cuestiones macro, definió Alfredo Schiavoni, referente macrista en Misiones. El hermano del titular del PRO dice que para definir acuerdos, lo mejor es ir a interna entre todos. La UCR dio un paso más en su intención de formalizar una alianza con el partido de Macri. La Convención sesionó ayer y fue dominada por el ala acuerdista que comandan Luis Pastori y Gustavo González. Resta una Convención más para aprobar acuerdos, pero la UCR quedó al borde de la fractura. Del otro lado, el massismo apuesta al retorno de Ramón Puerta para pelear la gobernación y arrastrar votos de descontento. Sus propios socios desconfían de las ventajas de tenerlo a Puerta como candidato por lo que también se aventura una interna.
La gestión es fundamental y en la Renovación saben que lo que hay para mostrar es mucho, pero también necesitan reforzar el presente.
El gobernador Maurice Closs mantuvo encuentros clave esta semana con funcionarios nacionales para avanzar en reclamos estratégicos de Misiones. Con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se consiguió el compromiso de respaldo a la ley de Envasado en Origen para la Yerba Mate, una ley que, puesta en práctica, puede transformar la industria provincial. Se aprobaría antes de fin de año, dijo el gobernador chaqueño de licencia, después de escuchar un intenso reclamo, especialmente de la senadora Sandra Giménez, quien había amenazado con dejar de acompañar al kirchnerismo en las votaciones del Congreso. Capitanich también se comprometió a incluir partidas para obras públicas y de saneamiento por mil millones de pesos para Misiones.
Closs también se reunió con Augusto Costa, el secretario de Comercio que a veces hace que los yerbateros extrañen a Guillermo Moreno. El joven funcionario presiona para que los supermercadistas cedan parte de la inmensa torta de ganancias y es capaz de llamar por teléfono a un gerente para conseguir rápidamente que bajen los precios. Un dirigente yerbatero fue testigo de un airado reclamo telefónico que obligó a una conocida cadena de Buenos Aires a bajar más de 20 pesos el kilo de una conocida marca. Sin embargo, Costa es tan reacio a autorizar aumentos como su antecesor. Apenas siete por ciento en promedio fue lo que consiguieron los industriales para los precios de la hoja verde hasta la salida de molino. Así, es casi seguro que no habrá acuerdo en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, aunque, como dijo el Gobernador, el precio que verdaderamente importa, será el que se defina recién en marzo, cuando comienza la cosecha fuerte.