Investigan la venta de la sede del ex Club Social

El empresario Carlos Schelling, responsabilizó por la transacción al contador Omar Magua, presidente de la institución al momento de la operación. Tras formular presentaciones administrativas por más de tres años, el empresario Carlos Schelling -socio del Tacurú Social Club desde hace más de 30 años- consiguió que la Justicia investigue si se registraron irregularidades en la venta de la tradicional sede del Club Social, ubicada en la esquina de San Lorenzo y San Martín, operación que se habría concretado tras un pago de 150 mil dólares, cuando el valor real del inmueble al momento de la transacción habría sido superior al millón de unidades de la moneda estadounidense.
Schelling recordó que el local pertenecía al Club Social, entidad que en 1984 se unió al Tacurú, dando forma al Tacurú Social Club. En aquella oportunidad se integraron a la entidad los dos mayores capitales del Club Social: un terreno en Candelaria y su sede principal de San Martín y San Lorenzo.
El empresario posadeño indicó que durante alrededor de diez años se optó por alquilar el inmueble céntrico y estimó que durante ese tiempo se obtuvo una recaudación superior al millón de dólares. “Llegamos a cobrar hasta diez mil dólares por mes”, rememoró. Por aquellos años, el predio fue ocupado por el Casino del Iplyc.
Pero según relató Schelling, a pesar del buen negocio que significaba mantenerlo en alquiler, en mayo de 2003, la comisión directiva del Tacurú Social Club que lideraba el contador Oscar Magua, decidió poner a la venta el local a un precio apenas superior al que implicaba un año de arriendo del mismo. Según indicó, la operación se concretó por un total de 150 mil dólares mientras que las inmobiliarias pedían por predios de menor superficie y de ubicación más alejada del nucleo comercial posadeño no menos de un millón de dólares.
“Mi opinión personal es que yo tengo que estar muy borracho para vender en 150 mil dólares un inmueble al que le saqué un millón en concepto de alquiler”, refirió el empresario, quien además consideró que se produjeron actos “poco claros” mientras se debatía la operación en el marco una reunión de la comisión directiva del Tacurú realizada en mayo de 2003, “un socio había planteado que en el caso de venderse la propiedad, se hicieran publicaciones quincenales en los medios de prensa para abrir el juego a la mayor cantidad de oferentes posibles y conseguir de ese modo el mejor precio posible -planteo que me pareció muy atinado- sin embargo al final de la reunión el mismo socio pidió que le retire esa moción”, relató.
Disconforme con el modo en el que se concretó la venta del inmueble, Scelling aseguró que realizó presentaciones administrativas ante la dirección de Personas Jurídicas quienes “evaluaron el caso con su cuerpo de abogados y elevaron el expediente a la Justicia porque consideraron que habían elementos suficientes para iniciar una investigación.



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