Integrantes del fuero de Instrucción admiten que la Justicia misionera no cuenta con medios ni está capacitada para investigar. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Para el fiscal de Instrucción N° 2, Atilio León, "se trabaja con los pocos elementos que tenemos, lo ideal sería crear un fuero especializado. Nosotros no tenemos ni siquiera quién haga un balance".[/su_note]Las denuncias de delitos vinculados contra la hacienda pública, defraudación al fisco, y estafa, siguen incrementándose en los juzgados del fuero de Instrucción. Desde la Justicia aseguran que no están capacitados para resolver casos económicos.
Camarista, jueces, y fiscales, coinciden que se debe crear un fuero penal y económico que se dedique a atender delitos económicos complejos. «Nosotros no tenemos el personal técnico, ni la capacidad operativa para atender este tipo de ilícitos que crece todos los días», explicó un juez de Instrucción del fuero local.
Los tres juzgados de Instrucción de Posadas están atiborrados de denuncias por malversación de caudales públicos, pero algunos magistrados reconocen en off the record que se ven imposibilitados de llevar adelante la debida instrucción debido a la falta de medios. «Tenemos diversas denuncias que están contempladas en el CPP en los artículos 260 y el 265. Pero nos vemos obligados a tener que priorizar y atender otros delitos que son más urgentes como los de homicidios y robos», señaló un secretario.
Los juzgados no cuentan con contadores, ni con técnicos informáticos. Es decir que cada vez que se investiga algún delito económico complejo se busca contratar peritos; que a la larga prefieren no hacer los trabajos porque no les pagan lo que corresponde, según explicaron las fuentes consultadas.
Para el fiscal de Instrucción N° 2, Atilio León, «se trabaja con los pocos elementos que tenemos, lo ideal sería crear un fuero especializado. Nosotros no tenemos ni siquiera quién haga un balance».
Una causa testigo
La causa conocida como la megaestafa a las cuentas judiciales, resulta un ejemplo cabal de la falta de instrumentos con los que cuenta la Justicia provincial para atender delitos económicos.
«Rey actuó de una manera muy efectiva, la investigación de la megaestafa fue hecha con un bisturí, y gracias a ello hoy tenemos una lista de procesados. Pero si se hubiese contado con los elementos necesarios hoy sabríamos cuánto dinero se estafó y a dónde fue a parar, entre otros ítems», reflexionó un camarista que conoce los pormenores del expediente.
El juez de Instrucción N° 2, José Luis Rey, tuvo que pedir auxilio al Superior Tribunal de Justicia para poder desenrollar la madeja que significó la causa que conmocionó a la justicia Misionera. Los contadores que fueron designados «para dar una mano» en la investigación cumplían funciones en el área administrativa del Poder Judicial y no contaban con experiencia para desenvolver un caso.
No son pocos los delitos económicos que esperan una resolución, pero los jueces siempre esperan dejarlos para más adelante.
