Este martes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la Ley Bases, una iniciativa legislativa del oficialismo que consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, esta aprobación ha suscitado preocupación en diversas organizaciones ambientales, que denuncian los posibles impactos negativos que la ley podría tener sobre el medio ambiente y la participación ciudadana.
Una de las voces críticas más destacadas es la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cuyo comunicado subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia y advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Aunque el proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, FARN señala que existen capítulos que plantean un riesgo en la materia, especialmente en lo referido al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los puntos de preocupación destacados por FARN se encuentran:
1. Audiencias públicas optativas:
El proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo para brindar a las autoridades la discreción de sustituir las audiencias públicas por otros mecanismos, lo cual podría limitar la participación ciudadana en decisiones ambientales importantes.
2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El proyecto contiene numerosas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos que apuntan a flexibilizar regulaciones y favorecer la actividad extractiva, lo cual podría tener impactos negativos en el medio ambiente y contradecir compromisos climáticos asumidos por el país.
3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI):
Se establece un régimen de incentivos para grandes inversiones que carece de condiciones ambientales claras, lo cual podría promover un modelo económico primario-extractivo que históricamente ha resultado en degradación ambiental.
4. Posible cancelación de fondos fiduciarios:
La ley facultaría al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar fondos fiduciarios, incluyendo aquellos destinados a la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático, lo cual podría afectar negativamente las políticas ambientales del país.
La preocupación de FARN y otras organizaciones radica en el riesgo que representa la aprobación de esta ley para los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras. Además, señalan que las medidas propuestas podrían debilitar los controles ambientales y reducir los mecanismos de participación ciudadana, lo cual afectaría la calidad democrática del país.
Es importante destacar que estas preocupaciones no han pasado desapercibidas, y se espera que el debate continúe en el Senado, donde se discutirá la aprobación final de la Ley Bases. Mientras tanto, las organizaciones ambientales continuarán vigilantes y haciendo oír sus voces para proteger el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos.
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
