Análisis semanal: Crónicas de ajuste y piquetes al borde de la sedición

La ley de bases se empantana y el Acuerdo de Mayo se aleja de mayo. La batalla cultural llevó a Milei a repetir su stand up contra economistas que lo contradicen y a tensar las relaciones con España. La inflación baja y los números fiscales siguen en verde, aunque el superávit se achica. La recesión se profundiza y destruye empleo. Los salarios pierden y la conflictividad crece. En Misiones un grupo de policías se acuarteló en un episodio no ajeno a intereses políticos y ahora deberá enfrentar el rigor del Protocolo Antipiquetes.

El tratamiento de la Ley de Bases en comisiones del Senado está resultando más complicado de lo que preveía el oficialismo y, a una semana de la emblemática fecha elegida para rubricar el pacto con los gobernadores, no hay posibilidad de llegar con la ley votada.

Las provincias patagónicas siguen firmes con su rechazo a la reinstauración de la cuarta categoría de ganancias, modificación fundamental para sostener la meta fiscal que se impuso el Gobierno nacional, el RIGI exhibe costados oscuros que los funcionarios libertarios no consiguen aclarar y a esta altura parece imposible que el proyecto se apruebe sin modificaciones, lo que obligaría a volver a tratar el asunto en Diputados.

Incluso entre los libertarios no hay consenso respecto a cómo lidiar con el asunto. Hay quienes piden acelerar las negociaciones porque entienden que a la Ley de Bases como una herramienta fundamental para avanzar en la transformación que pretenden, pero hay otros que tienen menos apuro y creen que un nuevo revés legislativo le daría al Gobierno argumentos en la línea del “principio de revelación” que resultarían muy útiles para sostener la épica de la lucha contra la casta.

Desde esta tribuna sueñan incluso con Milei firmando su propio pacto de mayo no con los gobernadores sino “con la gente”.

El poroteo muestra a un Senado dividido con el bloque de UP plantado en la vereda de la oposición y con los dialoguistas presentando objeciones, incluso entre las filas del PRO, el bloque más cercano a los libertarios.

En ese escenario incierto cobran relevancia los senadores misioneros de la renovación, que ya anticiparon que votarán a favor del proyecto. En el Gobierno de Misiones prima el espíritu colaborativo con un Gobierno nacional que fue electo por una muy amplia mayoría y cuyo proyecto económico estuvo claramente explicitado durante la campaña.

Desde el oficialismo misionero pretenden darle a Milei las herramientas que reclama para llevar adelante el programa que la gente votó y entonces sí la recuperación de la economía sería entera responsabilidad del Gobierno nacional, sin excusas que refieran a palos y a ruedas ni diatribas basadas en el mentado principio de revelación.

“El país necesita recuperar los acuerdos que revaloricen el rol de la política en la solución de los conflictos económicos, sociales y políticos”, señalaron desde la Rosadita.

Ese espíritu de búsqueda de consensos estuvo presente el jueves, en la tradicional reunión previa a la sesión de la Legislatura en la que el conductor Carlos Rovira comparte con una muy selecta convocatoria su visión acerca de los temas centrales de la política y bosqueja los lineamientos generales de la acción del partido de gobierno.

Este jueves llamó la atención la numerosa presencia de dirigentes del ala NEO y las apelaciones del conductor a promover el constante “rejuvenecimiento” de la renovación mediante la incorporación de “nuevas energías” y nuevas ideas a la “construcción constante” del armado renovador.

El rejuvenecimiento al que se refería hace alusión a la incorporación de una cantidad importante de jóvenes que se identifican como libertarios y encuentran en la renovación un espacio político que les permite llegar rápidamente a lugares de toma de decisiones en los que pueden desarrollar sus ideas y canalizar sus inquietudes. Desde la renovación exigen a cambio que los jóvenes se comprometan a defender los principios de autonomía, austeridad y cercanía con la gente, que desde ese espacio definen como ejes centrales de su acción política.

 

Avances y retrocesos de la economía

La inflación bajó en abril por cuarto mes consecutivo después del fogonazo de diciembre, provocado por la devaluación dispuesta por Milei cuando recién asumía y el festival de emisión que impulsó Sergio Massa en el último tramo de su campaña presidencial.

La baja en los niveles de consumo en prácticamente todas las actividades es la principal explicación para la caída de la inflación, lo que abre un interrogante respecto a cómo se comportarán los precios si, como anticipan desde el Gobierno, se produjera una reactivación pronunciada de la economía y se recuperan los salarios.

Pero lo cierto es que las señales de reactivación todavía no aparecen.

El último informe de la UIA marcó que la actividad del sector cayó más del 20% en el primer cuatrimestre. Los despachos de cemento se derrumbaron 30% y la producción de acero un 40%.

El empleo empieza a sentir el rigor de la recesión. En menos de un mes casi una decena de empresas de primera línea informaron despidos. Por ejemplo, ChangoMas anunció 150 cesantías y anticipó que avanza en un plan de readecuación en función de la demanda y la fábrica de neumáticos FATE despidió a más de cien empleados.

Los que conservaron su trabajo perdieron poder adquisitivo. Según un informe publicado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), los ingresos de los trabajadores se vieron fuertemente golpeados durante diciembre y enero.

En enero la caída real del salario llegó a 21,3%, siendo más importante aún en las clases bajas por el fuerte salto de los alimentos y bebidas, uno de los rubros más sensibles que durante el último mes de 2023 y los primeros dos de 2024 acumuló un alza superior al 65%.

Otro dato positivo que mostró la macro esta semana fue que el Sector Público Nacional registró en abril superávit financiero por cuarto mes consecutivo, esta vez de $17.409 millones, producto de un superávit primario de $264.952 millones y de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público por $247.543 millones.

Si bien se sostiene el superávit primario, es cada vez más corto. Los 264 mil millones de abril resultan una cifra 57% menor que el resultado de marzo, un 78% menor que la de febrero y un 86% menor que la de enero.

Los números muestran que el efecto fiscal de la licuación inicial se va diluyendo mes a mes, tendencia que se pronunciaría con la vigencia de la nueva movilidad jubilatoria.

De allí la necesidad del Gobierno de aumentar la presión fiscal a través de, por ejemplo, la reinstauración del impuesto a las ganancias para los trabajadores.

Otro aspecto a tener en cuenta para asegurar la continuidad del superávit fiscal pasa por los subsidios a los servicios. Allí el objetivo fiscal choca con el objetivo inflacionario. De hecho, el Ejecutivo postergó subas en las tarifas y aumentó los subsidios al transporte público del AMBA para evitar que la inflación vuelva a calentarse.

Pero el aspecto que más cuestionan los analistas de raigambre liberal ortodoxa es la política cambiaria, crítica que enfurece al presidente Milei, quien expresó su ira en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Ante un selecto grupo de empresarios que esperaba algún anuncio, el presidente se despachó con un stand up plagado de ácidas y ocurrentes críticas a los analistas que advierten por un supuesto atraso en el tipo de cambio.

Son varios los economistas, muchos de ellos muy cercanos al pensamiento del presidente, los que advierten que Argentina se está volviendo cada vez más cara en dólares y eso penaliza a los exportadores y amenaza a la industria nacional.

Como respuesta, Milei volvió a negar de forma terminante que vaya a impulsar una nueva devaluación o a acelerar el crawling peg. Como argumento principal se limitó a desacreditar a quienes lo cuestionan: “han currado durante años con sus análisis berretas y ahora necesitan justificar porque le pifiaron”, dijo, antes de calificar a todos los que no están de acuerdo en un 100% con sus políticas como “liberticidas, chantas, caraduras y deshonestos intelectuales”.

Después abordó el avión presidencial para viajar a Madrid por cinco días sin agenda oficial y con una actividad central: participar de la cumbre de la ultraderecha nacionalista europea convocada por la agrupación VOX, una agrupación minoritaria dentro de la escena política española y con posturas extremas para los estándares de la Unión Europea.

Otros lideres de derecha, como el primer ministro húngaro Viktor Orban y la premier italiana Giorgia Meloni prefirieron no viajar a España, aunque estuvieran mucho más cerca que Milei, para evitar tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez, al que constantemente petardean desde VOX.

 

Conflicto policial

El programa de ajuste del gasto público que instrumenta el Gobierno nacional está calentando la conflictividad en cada una de las negociaciones de salarios, especialmente en el sector público y particularmente en las provincias, blancos principales de la motosierra de Milei.

De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a Misiones cayeron 20% real en el primer cuatrimestre, las no automáticas se diluyeron prácticamente a cero y la recaudación propia también se reduce de la mano de la caída en el consumo y de los cambios en el comercio de frontera.

Mientras tanto, la inflación fue de 65% en los primeros cuatro meses y la interanual roza los 290 puntos.

La demanda de aumentos salariales corre al ritmo de la inflación, pero la posibilidad del Estado provincial de satisfacerla, encuentra severas limitaciones en el recorte de fondos federales y en la caída de la recaudación propia.

Los trabajadores necesitan un incremento salarial abultado para sostener el estándar de vida que llevaban hasta el año pasado pero su empleador (el Estado) sufrió un severo recorte en sus ingresos.

Las mesas de concertación se mantienen abiertas y ya se autorizaron tres aumentos salariales en lo que va del año que superan los porcentajes de la inflación acumulada, aun así, la impaciencia de los agentes públicos se incrementa y traduce en diferentes medidas de protesta, algunas más legítimas que otras, y en la ley del río revuelto (como siempre) aparecen oportunistas con el único objetivo de acalorar los ánimos, de “pudrirla” como dirían en el barrio.

En ese contexto, un grupo de retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario se acuarteló en la sede del Comando Radioeléctrico, en Posadas. Desde el Gobierno provincial afirman que están apoyados por dirigentes de la oposición, sobre todo el radicalismo, y que solo procuran desestabilizar al gobierno de Hugo Passalacqua.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se permitió dudar de la finalidad de la protesta. Señaló que “aparenta ser un reclamo salarial” cuando la Provincia otorgó tres aumentos en cinco meses que superaron el índice de inflación. Como caso testigo, citó que un suboficial de Posadas pasó de cobrar 489 mil pesos en diciembre, a 818 mil pesos en mayo.

La gravedad de la situación ameritó la conformación de un comité de crisis encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua e integrado por jefes de fuerzas nacionales y provinciales. Ese comité realizó denuncias penales “contra aquellas personas con estado policial que han cometido, entre otros delitos, robo y hurto calificado, sedición, incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte, entre otros delitos. El juez penal ha ordenado la restitución de los bienes del Estado y el despeje de este sector donde están protestando este pequeño grupo de retirados y policías activos”, dijo en a través de un comunicado oficial.

“Hemos también ordenado la evaluación y cuantificación del daño que esta protesta ha causado para cobrársela a aquellos que han encabezado y participado activamente de esta protesta”, conforme lo establecido en el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La justicia ya ordenó el desalojo de la unidad tomada y la Nación apoyó la decisión judicial poniendo a la Gendarmería de respaldo, pese a ello, persiste la situación hasta bien entrada la noche del sábado.

El Poder Legislativo y el Judicial expresaron su enérgico repudio a estos hechos que, “además de ser una clara violación de las normas y regulaciones que rigen el comportamiento de las fuerzas de seguridad, constituyen un acto de sedición que atenta contra los principios democráticos y el Estado de derecho. La sedición, definida como la incitación al desorden y la rebelión contra la autoridad establecida, representa una seria amenaza a la paz y estabilidad de la sociedad. La alteración del orden público causada por estos actos genera un clima de inseguridad y temor entre los ciudadanos, quienes confían en las instituciones y en las fuerzas de seguridad para garantizar su protección y bienestar”, expresaron los poderes en un comunicado conjunto.

Pese a los desmanes, desde el Gobierno provincial reiteraron su disposición a dialogar en un contexto de paz social y orden institucional entendiendo que nada se resuelve con violencia y mucho menos si proviene de aquellos que han jurado defender el estado de derecho, la seguridad y la paz social.

“Se llama la reflexión al grupo minúsculo de exaltados, que han quedado fuera de la ley, que salgan del desacato y de la sedición que rompen la paz social de una provincia tranquila, con otra filosofía de vida, y regresen a las instancias abiertas para la solución del conflicto”, señalaron desde la Provincia.

 

Un límite a las importaciones de yerba

Los productores yerbateros, golpeados por la desregulación de la actividad y el desguace del INYM, cerraron la semana con una buena noticia: la justicia misionera dio cabida a un recurso de amparo presentado por asociaciones de productores y dispuso una serie de medidas que establecen limitaciones a la importación de yerba proveniente de Paraguay y Brasil.

Desde el sector primario venían denunciando que la industria estaba importando cada vez más yerba a bajo costo desde los países vecinos con el único objetivo de planchar los precios de la materia prima en la plaza local.

La justicia aceptó los argumentos presentados por los productores que advirtieron que podría existir riesgo para los consumidores a raíz de la presencia excesiva de materiales pesados en la yerba que llega del exterior. Fue días después de que el gobernador Passalacqua solicitara a la Nación un frene a la libre importación y advirtiera que la yerba mate tiene un mercado imperfecto, con pocos compradores y muchos vendedores, lo que deja en una posición dominante a un puñado de grandes industrias y en clara desventaja a más de 13.000 productores.