Hacinamiento y abuso de prisión preventiva: el desafío del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y su inspección a las cárceles de Misiones

Representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura visitaron Misiones e inspeccionaron las cárceles y comisarías de la provincia. Quienes son, sus desafíos y la lucha contra el hacinamiento y el exceso de prisiones preventivas.

En una charla con Misiones Online, Kevin Nielsen, miembro destacado del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, se refirió a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario argentino.

Como parte de un organismo autónomo y autárquico, Nielsen explicó la misión primordial del Comité: emitir recomendaciones para prevenir los malos tratos en contextos de privación de libertad, abarcando desde cárceles hasta residencias de adultos mayores y salud mental.

Con acceso irrestricto a todas las instalaciones, el Comité realiza inspecciones exhaustivas en todo el país, culminando recientemente una visita a la provincia de Misiones. Allí, Nielsen y su equipo han identificado una serie de preocupaciones comunes, incluido el alarmante hacinamiento en las cárceles, que sobrepasa la capacidad de las mismas.

“¿Cómo hacemos nuestro trabajo?, lo hacemos a partir de inspecciones exhaustivas, con acceso irrestricto a todos los lugares de atención. Esto lo hacemos en todo el país, en este momento estamos culminando una visita a la provincia de Misiones, donde pudimos visitar la mayor parte de las unidades penales, comisarías, hogares de niños y centros de salud mental y, lo que hacemos es un informe donde, así como destacamos las buenas prácticas, también señalamos las falencias, el defecto de las asignaturas pendientes y emitimos recomendaciones”.

Este fenómeno, asociado con un aumento en las tasas de encarcelamiento, desencadena una serie de violaciones de derechos básicos, desde problemas de atención médica hasta dificultades en el acceso a la educación y la reinserción social.

Una de las problemáticas más destacadas es el abuso en el uso de la prisión preventiva, con provincias como Misiones mostrando un uso excesivo de esta medida, dejando a muchas personas en situación de detención sin condena, en un claro desafío a los principios de justicia y presunción de inocencia.

“Encontramos generalmente el hacinamiento carcelario como un denominador común, donde aumentan las tasas de prisión y la construcción de cárceles no va al ritmo del aumento del encarcelamiento”.

Si bien se reconocen iniciativas positivas para la reinserción, Nielsen subraya la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a este fin. La falta de oportunidades educativas dentro de las cárceles, junto con el estigma social asociado a la experiencia carcelaria, crea un ciclo de marginalización y reincidencia que solo puede romperse con una intervención sistémica y una inversión adecuada en programas de reintegración.

“El hacinamiento provoca muchísimas falencias y negaciones de derechos, problemas de la atención médica, problemas de la alimentación, problemas de acceso a la salud, problemas en el acceso a talleres de oficio, a la escolarización de las personas privadas de su libertad. Obviamente impactan en las posibilidades de socializarse y reintegrarse en la sociedad, estos son denominadores comunes en otras provincias. También encontramos particularidades como el abuso en el uso de la prisión preventiva”.

En un contexto nacional marcado por un discurso punitivo y un enfoque en el castigo como solución a la inseguridad, Nielsen advierte sobre los peligros de esta mentalidad. El encarcelamiento masivo, lejos de resolver los problemas de seguridad, contribuye a la exclusión y la ruptura del tejido social, alimentando un ciclo de delincuencia y desesperación.

“Las comisarías no son ámbitos o espacios idóneos para alojar personas, lo cual conlleva que es necesario que inevitablemente se afecten los derechos de la persona que están ahí alojadas y al mismo tiempo también dificulta el trabajo de la policía que tiene que prevenir o curar, investigar el delito, brindar seguridad ciudadana y custodiar personas, que son trabajos de los servicios penitenciarios”.

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Continuó, “Los presos en comisarías es una problemática que vamos encontrando y que va en aumento y de la mano con el aumento del encarcelamiento como principal respuesta del Estado a la conflictividad, a las necesidades, a la marginación social. Y esto es algo que nosotros también intentamos señalar y hacer sugerencias para revertirlo”.

En última instancia, la visión de Nielsen es clara: es hora de abandonar las políticas fallidas del pasado y adoptar un enfoque más holístico y humano hacia la justicia penal, priorizando la prevención, la rehabilitación y la reintegración como pilares fundamentales de un sistema más justo y seguro para todos los argentinos.

“La idea es que la cárcel también sea una oportunidad para poder culminar los estudios. Pero, sin embargo, cuando visitamos las provincias, vemos que hay iniciativas para la culminación de estudios, pero nunca son suficientes. El interno generalmente quiere trabajar y estudiar”, cerró.

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