Se implementó en 2018 en el gobierno de Macri y lo continuó Fernández. Desde el Ministerio de Salud dicen que cada provincia se tiene que hacer cargo.
Desde 2018 existe en Argentina una política pública que ha tenido resultados positivos para revertir una de las problemáticas sociales y de salud más complejas de abordar. Se llama Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y logró reducir la tasa en un 50% en cinco años. El Plan acaba de ser desmantelado por el gobierno en un contexto de achicamiento general del Estado. Para especialistas de distintos ámbitos, la decisión es un enorme retroceso.
En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años. Al año siguiente se lanzó el Plan. El presidente de entonces era Mauricio Macri. El Plan continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Las últimas estadísticas dan cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años. El Plan Enia logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.
Desde hace décadas, en casi todos los países del mundo se trabaja para que desciendan las tasas de embarazo en la adolescencia. Las razones son múltiples: van desde los enormes riesgos físicos que implica para cuerpos aún en desarrollo, hasta los problemas psíquicos que puede desencadenar, además de los determinantes económicos y laborales que provoca en las trayectorias de vida.
Argentina tiene una tasa de fecundidad adolescente de 25 cada 1000 en una región en la que la tasa de fecundidad adolescente es de 67 por 1000 adolescentes: Es decir, el Plan ENIA es un ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe.
«En el marco de las auditorías que está llevando adelante el gobierno, en este caso en el Ministerio de Salud de la Nación… Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan Enia…», anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Desde el área de prensa del Ministerio aseguraron que el Plan seguirá pero sin dar más explicaciones: «Como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios. Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia».
«Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos».
¿Quién estará a cargo del Plan y qué presupuesto será asignado?
Dicen que dependerá de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero está acéfala. Esta Dirección a su vez depende de la Subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación, a cargo de Paula Singoni.
Cómo surgió el programa
«El Plan Enia es un programa que se empezó a diseñar en 2016. Lo impulsamos desde el Cippec junto con el Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), y fue liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia). Se pensó porque era necesario articular las intervenciones que había distribuidas en distintas áreas del gobierno. La idea fue integrarlas para reforzar su impacto», explicó Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
«Los métodos anticonceptivos no llegaban a los adolescentes, básicamente porque se daban en los hospitales y los adolescentes son una población sana, no van al hospital. Entonces se hicieron consejerías en las escuelas, donde sí están los adolescentes, y se fue a los barrios -detalla-. Al principio se implementó en doce provincias hasta que llegó a todo el país, y el embarazo adolescente cayó a la mitad. El Plan Enia es una política efectiva porque no implicó costos adicionales sino articular políticas que ya existían. Hoy los niveles de pobreza son elevadísimos, hay una reproducción de pobreza entre generaciones, y el embarazo en la adolescencia es un hito central en la reproducción de la pobreza», agregó Díaz Langou.
«El desmantelamiento del Plan Enia significa abandonar a las adolescentes, retirar el apoyo que en los últimos cinco años se les dio para que tuvieran mejores oportunidades para completar sus estudios e ingresar al mercado de trabajo en mejor situación. También significa desmantelar una política pública ejemplar por su eficiencia, su buena relación costo-beneficio, ya que cada embarazo prevenido sólo cuesta 60 dólares, su transparencia y su enorme impacto en la reducción de la fecundidad adolescente a la mitad en un tiempo récord. Las niñas abusadas serán abandonadas también», dijo Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES y ex coordinadora técnica del Plan.
«No hay comunicación oficial sobre qué se piensa hacer para seguir resolviendo el problema del embarazo no intencional en la adolescencia que reproduce el ciclo Inter generacional de la pobreza. Pero sin recursos humanos no hay plan Enia. Y eso es lo que ha sucedido con la baja de los contratos de los agentes del Plan. La visión sobre el problema está clara», concluyó Ramos.
«En los resultados de la auditoría del Ministerio de Salud se hace referencia a unos contratos de ‘consultorías’ para el programa ENIA, entiendo que refiere a los contratos de menos de 200.000 pesos cada uno que recibían psicólogos/as , médicos/as, enfermeros/as, docentes en todo el país que trabajaban en este programa», dijo Pablo Yedlin, médico y al frente de la Comisión de Salud de la cámara de Diputados.
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Fuente: Clarín
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