El Gobierno nacional presentó un paquete de medidas en materia de seguridad. Las Fuerzas Armadas podrán intervenir directamente en operaciones internas, se propone una Ley Antimafia inspirada en el modelo italiano, se plantean penas de cárcel para piqueteros y medidas para combatir la reiterancia delictiva, incluyendo la creación de un banco de ADN. Además, se busca modificar el artículo 34 del Código Penal para ampliar el marco de la legítima defensa por parte de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno nacional presentará en el Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de manera directa en tareas de seguridad interior.
Eso hasta ahora les estaba vedado, ya que la actual legislación -que data de 1991- sólo les permite, en materia de seguridad interior, brindar apoyo logístico, tal como está ocurriendo actualmente en Rosario, o en el extremo de que se declare el estado de sitio.
La decisión de enviar esta iniciativa al Congreso fue anunciada, en conferencia de prensa, por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y forma parte de un paquete de medidas enmarcadas en el combate contra el narcocrimen en Rosario y contra la inseguridad en general.
El proyecto para modificar la Ley de Seguridad interior especifica que la actuación directa de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, en cualquier parte del país, sólo debe ser requerida ante casos de violencia extrema reiterada y terrorismo. En ese sentido, Bullrich ya había anunciado que se busca que los crímenes vinculados al narcotráfico sean considerados actos terroristas.
En ese contexto, las Fuerzas Armadas, en caso de que prospere el proyecto de ley del oficialismo, pueden quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión de personas en flagrancia.
A su vez, los efectivos de las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de “medios coercitivos”, que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las fuerzas de seguridad, “con criterios de proporcionalidad, gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”, según explicó el ministro.
Esas acciones directas en materia de seguridad interior podrán ser ejercidas por las Fuerzas Armadas previo requerimiento del comité de crisis y del gobernador de la jurisdicción que se vea afectada por “actos de terrorismo”.
Por otra parte, el ministro Petri adelantó que dado que la formación y equipamiento de las Fuerzas Armadas está orientado a actuar exclusivamente ante casos de amenazas o ataques externos, se las adecuará para el nuevo rol que se les pretende asignar.
En ese sentido, está previsto un entrenamiento especial, en una primera instancia para unos 2.000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y la dotación de armamento y demás equipamiento, acordes a esas tareas en materia de seguridad interior.
Cárcel para piqueteros
La ministra Bullrich anunció también el envío de otros proyectos de ley, entre ellos uno para penar con cárcel a quienes realicen piquetes.
Concretamente, lo que impulsa en ese sentido el Gobierno nacional es una reforma del artículo 194 del Código Penal, con un aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, instiguen cortes de calles y obliguen a otras personas a participar de esos piquetes.
A su vez, se impulsará la creación de un tipo penal para condenar con cárcel a quienes participen de bloqueos de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos, con penas de entre cuatro y seis años.
Ley Antimafias
El paquete de medidas en materia de seguridad que enviará al Congreso el Poder Ejecutivo incluye también la Ley Antimafias, que ya había anticipado Bullrich en Rosario hace diez días, tras registrarse cuatro asesinatos en la vía pública atribuidos al narcocrimen.
Ese proyecto de Ley Antimafias está basado en el modelo italiano, para combatir bandas y clanes, y uno de sus aspectos centrales en el caso de organizaciones criminales es que no sea necesario un hecho individual para determinar la pena, sino que se castigará a «aquellos que participen» de dicha banda o que sean parte de esta.
En ese sentido, la pena que cada uno de sus integrantes recibirá será igual a la que le corresponda al que haya cometido el más grave de los delitos, es decir la máxima, sin tener en cuenta el grado de participación individual de cada uno en esa banda.
Entre los delitos que se incluirán en la normativa de manera encadenada son narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación publica, terrorismo, incendios o estragos para destruir lugares para luego hacerse de éstos, tenencia ilegal de armas o explosivos y lavado de activos.
“Todos los miembros van a ser considerados partícipes necesarios para el acto delictivo: quien transporte las drogas, quien las vende, quien presta las motos, quien hace el sicariato y quien lava activos, con penas máximas de entre ocho y 12 años”, puntualizó Bullrich.
Reiterancia y banco de ADN
Otra de las medidas impulsadas es la aplicación de la Ley de Reiterancia, para «cortar con la impunidad» de quienes son detenidos por diversos delitos, son liberado hasta que llegue la sentencia y vuelven a ser detenidos por otro supuesto delito. “Reiterás el delito y vas preso”, aseveró Bullrich.
A su vez, se propone crear un banco de registros de ADN para combatir la criminalidad y facilitar así labores investigativas de identificación, que hasta ahora se centran en las huellas digitales.
“Argentina tiene un registro para condenados por delitos sexuales, y desde ahora, a cada uno que entre a una cárcel se le va a hacer una prueba de ADN, que va a estar en un sistema que nos donó el FBI. Esto no solo sirve para imputar, sino también para desvincular a inocentes y buscar personas desaparecidas”, puntualizó la ministra de Seguridad.
“Legítima defensa”
El Gobierno de Javier Milei pretende además modificar el artículo 34 del Código Penal, titulado “Legítima defensa y cumplimiento del deber”, para que los efectivos policiales “tengan un marco legal” para utilizar armas de fuego contra sospechosos de estar cometiendo un crimen, incluso si éstos no están armados.
Esa modificación, que ya está incluida en la Ley Ómnibus, implica ampliar significativamente el marco de las figuras como excluyentes de la punibilidad en caso del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, introduciendo para la proporcionalidad elementos que no estaban, como diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o número de agresores.
“No era razonable examinar sólo si el que se defiende está armado y el que ataca está desarmado, porque lo pueden matar igual”, señaló Bullrich, por lo que esta modificación busca, según explicó, “que los policías dejen de ser los victimarios”.
Además, se buscará impedir legalmente las querellas contra el Estado por parte de quien comete un delito y fue atacado y lesionado o asesinado por las fuerzas de seguridad por tal circunstancia, impedimento que incluirá a sus familiares si el supuesto delincuente muere. “Parece una inmoralidad que del delito puedan surgir derechos”, afirmó la ministra.
A su vez, se impulsará aumentar las penas para quien emplee intimidación o fuerza contra un funcionario público, e imponer una pena de cumplimiento efectivo, de 4 a 6 años de cárcel, para el atentado y resistencia agravados, como el caso de que el agresor golpeare a la autoridad.
Para que estos proyectos de ley y modificaciones entren en vigencia, es necesario que los apruebe el Congreso, algo que Bullrich está convencida que ocurrirá, porque, dijo, “quién no lo va a apoyar, sólo los que están del lado de los delincuentes”.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
El Gobierno nacional puso en marcha un inédito despliegue militar para combatir el narcotráfico en Rosario: 120 uniformados, 5 helicópteros, navíos y vehículos
