El nuevo acuerdo con el FMI explicita los alcances del plan Caputo. Suba de impuestos, ajuste del gasto y reducción de importaciones serán necesarios para cumplir con la meta fiscal y la de acumulación de reservas. El ajuste no lo pagará la casta sino el conjunto de la sociedad en forma de inflación, recesión y una drástica disminución del poder adquisitivo del salario. Ese contexto de austeridad extrema obliga el nuevo gobierno a negociar la aprobación del DNU y la ley ómnibus con garrotes y sin zanahorias.
El cambio de gobierno nacional coincidió con un nuevo salto en la inflación, que durante la segunda mitad de 2023 se mantuvo entre el 8 a 12 por ciento mensual pero en diciembre alcanzó 25,5 por ciento. Número que no alcanza a reflejar el impacto real que tuvo la suba de precios en los bolsillos de la gran mayoría de los argentinos.
Como diciembre tuvo los últimos diez días de la presidencia de Alberto Fernández y los primeros 20 de la administración de Javier Milei, no está del todo claro quién es el padrino de la inflación de más de 25 puntos, algo que no se veía en Argentina desde los últimos estertores de la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90.
En términos estadísticos el asunto no es menor, porque si se toma el dato interanual de noviembre como válido para el último año de la administración de Alberto, estaríamos frente a un gobierno que cerró su mandato con 160% de inflación interanual, pero si se extendiera a diciembre, el mismo índice interanual arroja más de 211%.
Como suele ocurrir en Argentina, el dato es el mismo para todos, pero las interpretaciones no lo son. Milei afirmó que al momento de asumir había una dinámica inflacionaria del 45% mensual y consideró que cualquier valor inferior al 30% ameritaba pasear en andas a su ministro de Economía. Después de conocido el dato de diciembre, los libertarios coparon las redes sociales con una campaña que aseguraba que el nuevo presidente había conjurado una híper.
Si bien es cierto que durante los primeros días de diciembre hubo un recalentamiento de los precios, alentado en buena medida por la inminente asunción de un presidente que ya había anticipado que eliminaría controles y desregularía todos los mercados, hasta la asunción de Milei no había condiciones para llegar a una inflación mensual de más de 25 puntos.
El IPC de noviembre se había plantado en 12,8% y los especialistas consultados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipaban a fines de ese mes que la inflación de diciembre estaría en torno a los 17 puntos.
Decir que Milei conjuró una híper que nadie tenía en su radar, equivale a afirmar que el nuevo presidente evitó un terremoto, solo por el hecho de que esa tragedia no se produjo bajo su primer mes de mandato.
A favor del nuevo presidente hay que decir que la inflación de 25,5% no hubiera sido posible sin las medidas de corte electoralista que tomó Sergio Massa en los últimos meses en los que estuvo a cargo del gobierno de Alberto, concedido eso, el libertario debería reconocer que los principales factores para esta nueva aceleración de los precios fueron la devaluación dispuesta por su ministro de Economía, que duplicó la cotización del dólar oficial, y el furioso reacomodamiento de precios relativos que llegó con los primeros aires desreguladores de su administración.
Ese último factor es el que hizo que en los bolsillos de la gente la inflación se sintiera mucho más alta que el número que arrojó el INDEC. Porque el objetivo de las regulaciones que mantenía el anterior gobierno era justamente pisar los precios más sensibles para el común de la población.
Así fue como el combustible duplicó su valor, el aceite de girasol, la harina de trigo y el arroz blanco aumentaron entre 50% y 60%, la carne lo hizo en más de 40%, mientras que los rubros salud y transporte aumentaron 33% y 32% respectivamente.
Lo peor del caso es que ningún analista, consultora u opinólogo calificado prevé que la inflación vaya a tranquilizarse en los próximos meses. Porque todavía falta absorber la quita de subsidios que el Gobierno nacional proyecta aplicar en la primera parte de 2024.
La energía aumentaría alrededor de 200% en un plazo máximo de tres meses, solo por efecto de la quita de subsidios, y la cuenta podría venir todavía más abultada si el Gobierno nacional además cumpliera con la promesa que le hizo a las generadoras y distribuidoras de mejorarles la rentabilidad.
El combo de quita de subsidios y mejora para las empresas elevaría las tarifas que pagan los usuarios por encima del 300% respecto a lo que están pagando ahora.
Tomando en cuenta esos factores que vienen a sumarse a una dinámica recalentada de aumento de precios, las consultoras estiman que el trimestre diciembre, enero y febrero cerraría con una inflación acumulada del orden del 100%, número al que se llegaría con un IPC mensual de 25%.
La épica del sacrificio
Como las políticas de ajuste que planea Milei son más severas que las que exige el FMI, llegar a un nuevo acuerdo de renegociación de la deuda con el organismo de crédito no resultó un problema.
La enésima renegociación para lidiar con el mega préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri le permitió al nuevo gobierno despejar el horizonte de vencimientos y, a través de las metas comprometidas, dejó algunos números concretos que dan cuenta de la magnitud del ajuste que se viene.
Los dos datos salientes pasan por la meta fiscal de superávit primario de 2% del PBI y por la meta de acumulación de reservas netas para el primer año, establecida en 10.000 millones de dólares.
Teniendo en cuenta que el fallido gobierno de Alberto deja como pesada herencia un déficit primario del orden de 5% del PIB, llegar a un superávit del 2% obligará al gobierno a una política fiscal sumamente contractiva que atentará contra la actividad económica y contra el poder adquisitivo de las familias.
A los efectos del plan de Caputo, un cierto nivel de inflación que licúe los ingresos de la gente no es un efecto no deseado sino una condición necesaria para cumplir con los objetivos planteados. Que la gente sea cada vez más pobre es parte del plan.
Que la gente sea cada vez más pobre es parte del plan.
Tras su objetivo de revertir el déficit, el gobierno de Milei prevé un combo de suba de impuestos y reducción del gasto.
Para incrementar los ingresos fiscales ya aumentó el impuesto PAIS para importadores y se generalizó el cobro de retenciones a las exportaciones con alícuotas mayores a las que estaban vigentes. Actividades que estaban exentas de ese tributo, en Misiones el tabaco y la forestoindustria por ejemplo, comenzaron a pagarlo.
En los planes de corto plazo figura revertir la reforma de ganancias que aplicó Sergio Massa en el último tramo de su gestión.
Aquello de bajar impuestos para recaudar más a partir del incremento de actividad que la propia baja de impuestos generaría, es una teoría que a los libertarios les sonaba bien cuando eran oposición, pero puestos a gobernar prefirieron no aplicarla y fueron por la vía más tradicional del impuestazo.
Pero el brutal ajuste fiscal garantiza una retracción del consumo en el mercado interno, lo que hará que la suba de impuestos no se traduzca en aumento de la recaudación, al menos no de forma lineal.
Recortes en las transferencias de jubilaciones y pensiones y programas sociales con intermediarios, en los que si bien se mantendrían las prestaciones en términos reales, se haría desde pisos más bajos.
El fantasma de 2001 está tan presente que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ya elevó un proyecto a su legislatura para emitir moneda propia “ante el abandono de Milei”.
Quintela admitió que la situación de los riojanos es “desesperante” y manifestó que no quiere que la gente “se muera de hambre”. “Si antes no llegábamos a fin de mes, hoy no llegan a la finalización de la primera semana después del cobro. Pagan sus obligaciones y se quedan sin plata, van a comprar y no compran nada”, lamentó.
Es que la recesión juega un rol importante para cumplir con el segundo objetivo que se plantea el plan Caputo y que está explicitado en el acuerdo con el Fondo: la acumulación de reservas.
Para cumplir esa meta, al Gobierno no le basta con que aumenten las exportaciones -algo que está garantizado porque se terminó la sequía- sino también que caigan las importaciones, lo que debería ocurrir de la mano de retracción del consumo en el mercado interno que demandará menos productos, insumos y materias primas importadas.
Por eso es que entre las primeras medidas anunciadas por Caputo, en el DNU o la ley ómnibus, no hay medidas que permitan hablar de una apertura de importaciones, componente que suele estar en todos los planes de corte liberal ortodoxo.
El mismo efecto que el gobierno anterior buscaba a través de controles estatales, como el vituperado SIRA, la administración Milei lo busca con mecanismos más directos, como la devaluación, aumento de impuestos y reducción real de salarios para planchar la demanda.
¿Hasta cuándo soportará la gente un programa económico que tiene al salario y a las jubilaciones como principal variable de ajuste? ¿Cómo reaccionará la clase media cuando encuentre dificultades reales para pagar las cuentas y para parar la olla? ¿Qué pasará cuando el salario promedio se aproxime a la línea de indigencia?
De las respuestas a todas esas preguntas -antes que del derrotero que sigan el DNU y la ley ómnibus- dependerá la viabilidad del proyecto de Milei.
Sin medidas previstas para amortiguar el golpe del ajuste a los empobrecidos bolsillos argentinos, el único bálsamo que ofrece en enviado de las fuerzas del cielo a la gente es una retórica que apela a la épica del sacrificio.
Afirmado en la tradición judeo-cristiana, Milei sueña con ser el Moisés que lleve a su pueblo a la tierra prometida. Habrá que ver si ese pueblo está dispuesto a seguirlo a través del árido desierto sin certeza alguna de llegar alguna vez a buen destino.
El garrote sin la zanahoria
En el plano político, toda la atención está puesta en el mega DNU y la ley ómnibus. El decreto ya está en vigencia y tiene más posibilidades de sortear el trámite legislativo, porque bastará con que una sola de las cámaras lo apruebe para que quede firme. Pero acumula planteos en la justicia, a las cautelares en contra de los artículos que modificaron leyes laborales se sumó el jueves un fallo de la justicia misionera en contra de la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Puesto a negociar en un contexto de severo apretón fiscal y en flagrante minoría legislativa, el oficialismo adoptó a la amenaza como principal argumento.
Si no nos aprueban lo que les mandamos va a ser peor para todos, repiten como una letanía el ajustador Caputo, el vocero Adorni y el hábil operador Francos ante diputados y senadores opositores, gobernadores y periodistas. “Sean cuidadosos y hagan su parte”, recomendó Adorni a los legisladores no libertarios minutos antes de atribuir la suba de los dólares paralelos a las “demoras” en el tratamiento del DNU y el paquete ómnibus.
La reticencia del Gobierno a negociar cambios en ambos instrumentos llevó a algunos legisladores, como el radical Rodrigo De Loredo, a preguntarse si el presidente verdaderamente buscaba la aprobación del Congreso o pretendía una negativa de los legisladores para usarla como excusa que justifique los fracasos que debiera enfrentar su gestión.
Frente a los expedientes que envió el Ejecutivo hay tres grupos con posturas bien diferenciadas: los que apoyan la aprobación a libro cerrado, los que rechazan de plano todo y los “opositores moderados”, que estarían dispuestos a apoyar si se introdujeran algunos cambios y se eliminaran otros artículos.
Ninguno de los tres grupos tiene números por sí solo, lo que obliga al Gobierno a negociar con los opositores moderados, ya que con los otros no tendría sentido hacerlo.
Uno de los problemas que enfrenta esa negociación es que entre ese grupo de moderados no hay consenso respecto al modo en el que debería avanzar el tratamiento. Entre los radicales prima la idea de revisar artículo por artículo e introducir los cambios pertinentes, mientras que otros proponen armar un proyecto que reúna todos los puntos en los que hay un consenso más o menos generalizado, aprobar primero eso y luego analizar todo lo demás.
En el Gobierno no quiere saber nada con dividir el proyecto porque saben que el momento político para sacar una ley de esa magnitud es el presente, cuando el respaldo que obtuvo Milei en las urnas todavía está fresco y el ajuste todavía no hizo estragos en los bolsillos del ciudadano.
Otro inconveniente que plantean los diputados es la ausencia de un vocero calificado por pate del oficialismo. Varios se quejaron de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no tiene capacidad para decidir por sí mismo y eso demora todas las negociaciones.
En defensa del INYM
La reforma que más ruido hizo en Misiones de todas las que pretende impulsar el gobierno de Milei es la licuación de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate, más conocido como el INYM.
El DNU le quita al instituto la potestad de definir precios, de disponer medidas tendientes a regular la oferta de la materia prima, de mantener registros de productores y establecimientos y de decomisar yerba que se traslade, venda o exhiba sin tener adherida la estampilla que cobra el propio INYM en concepto de tasa de fiscalización y que financia enteramente al instituto. El decreto además abre la posibilidad de que el Ejecutivo disponga de lo recaudado a través de la mencionada estampilla, lo que desfinanciaría al organismo yerbatero.
Los propios productores fueron los primeros en poner el grito en el cielo en defensa de su propio instituto. Casi al mismo tiempo, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó un recurso de amparo ante la justicia federal solicitando una cautelar que deje sin efecto los artículos del DNU que modificaron el funcionamiento del INYM.
El conductor de la Renovación, Carlos Rovira, propuso luego la creación de un instituto yerbatero que opere bajo la órbita provincial y tenga similares atribuciones al INYM.
Los productores elevaron sus reclamos y también fueron a la justicia. Plantearon que el DNU pondría en riesgo la continuidad de la obra social para productores yerbateros que funciona gracias a un acuerdo entre el INYM y el gobierno de Misiones y también impediría la aplicación del convenio de corresponsabilidad gremial que permitió un blanqueo masivo de los trabajadores rurales.
Con ese reclamo, consiguieron que la jueza civil y comercial de la justicia provincial, Adriana Fiori, diera curso a una cautelar en contra en DNU de Milei.
La movilización de los productores adoptó distintos formatos. Como gesto simbólico estacionaron un viejo tractor en la Plaza 9 de Julio a modo de recordatorio de la gesta que desembocó en la conformación del INYM, después fueron a Buenos Aires a presentar sus reclamos frente a legisladores nacionales y amenazaron con protestar frente a los grandes molinos que son los únicos que se beneficiarían con la desregulación de la economía yerbatera que impulsa el Gobierno Nacional asesorado por los Puerta.
Entre los productores hay coincidencia, nadie quiere volver a los 90 cuando un puñado de empresas se quedaba con la parte del león del negocio yerbatero y también con las chacras de los colonos, que las vendían apremiados por el hambre.
Los diputados y senadores de la Renovación motorizaron la reunión en el Congreso para que los productores y cooperativas de yerba expresaran su rechazo al DNU y les informaran a los legisladores de todo el país el daño que ocasionará la desregulación a la economía de 10 mil familias. Martín Goerling, Martín Arjol y otros que apoyan el DNU, no estuvieron ni siquiera para escuchar.
En la misma línea se encuentran todas las cámaras de turismo van a hacer una presentación en la justicia por la desregulación del sector que se plantea en el DNU judicializado.
Para atender el daño sobre este sector, en una colaboración continua entre los sectores públicos y privados, el Gobierno provincial decidió relanzar, en un momento desafiante a nivel nacional, el programa “Ahora Viajá por Misiones”.
Esta iniciativa busca estimular el turismo interno, resaltar y preservar los encantos de la provincia, y proteger empleos locales. A partir del próximo viernes 12 de enero, “Ahora Viajá por Misiones” se fortalece con mejoras significativas: pago en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro. límite financiable de hasta $400.000; reintegro del 5% con un tope de $15.000.
