La Cámara federal porteña dejó a un paso del juicio oral al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y al ex policía Ariel Zanchetta, por haber realizado tareas de espionaje ilegal.
Los jueces confirmaron el procesamiento de ambos por haber accedido de forma indebida a los teléfonos celulares de magistrados federales, quienes intervinieron en diferentes instancias del caso Vialidad. En la resolución, los camaristas calificaron al un hecho como de «gravedad institucional».
A Zanchetta se lo procesó por acceso ilegitimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa. La Cámara federal también confirmó estas acusaciones como su prisión preventiva.
En esta investigación instruida por la fiscalía de Gerardo Pollicita, se acreditó que al menos desde febrero de 2022 y hasta mayo de 2023 «se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas» de los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y de los integrantes del TOF 2 Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Desde una localidad de Misiones, Nuñes Pinheiro recibió instrucciones a través de Telegram para hackear quince “objetivos” -como los denominaba él-, según confesó ante la jueza porteña Araceli Martínez y la fiscal especializada en cibercrimen, Daniela Dupuy, que comenzaron a investigarlo por la violación del teléfono del ex secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro. Esa lista incluía a jueces federales de Comodoro Py.
En la explicación que amplió ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi -que interviene por la intromisión a sus colegas del fuero federal- el hacker reiteró que se originó todo en una comunidad de Telegram llamada Dark PFA, que vendía datos del RENAPER. Nuñes Pinheiro Incursionó en ese grupo cuando por privado un usuario le preguntó si conocía la técnica llamada “SIM SWAP” o creación de tarjetas SIM mellizas de los celulares.
En agosto del año pasado, y después de una respuesta afirmativa a esa consulta, otro usuario de la misma aplicación le ofreció un trabajo: hackear el celular de quince personas. Por cada “objetivo” dijo que cobró 15.000 pesos.
Al analizar el caso, los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, indicaron que deben tenerse en cuenta una serie puntos en común entre las personas que fueron víctimas de los hackeos de sus respectivos celulares. «Por un lado la naturaleza de las funciones de quiénes fueron “blancos”, la coincidencia temporal, de modus operandi y los eventuales usos que podrían darse a los datos, otorgan fuertes motivos para sospechar que la trama posee móviles que exceden a los económicos y que otorgan al caso ribetes de gravedad institucional».
Asimismo, señalaron en la resolución que «las acciones y omisiones detectadas en torno a los mecanismos de comercialización –en uso de información sensible y datos personales- empleados por las firmas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, dan cuenta de eventuales responsabilidades respecto de las cuales no fue todavía encaminada la instrucción».
Los jueces de la Sala II de la Cámara señalaron que Martínez De Giorgi debe profundizar su investigación sobre la responsabilidad de las empresas que prestaban el servicio de telefonía móvil a los jueces federales.
Los camaristas convalidaron el criterio del juez de instrucción y plantearon que Nuñes Pinheiro es responsable de los delitos atribuidos: «hay elementos suficientes para sostener que ocupó un rol central en diferentes fases de los hechos que implicaron la obtención de información personal de los magistrados, la toma de control de sus líneas telefónicas (con la consecuente afectación a sus comunicaciones), el acceso a todas las cuestiones de naturaleza privada que poseían en el historial de sus aplicaciones y el posterior uso dado a lo anterior», expresaron.
El espía que se hacía pasar por periodista
Respecto del rol del ex policía, dieron por probado que «el usuario ‘arjunin’, correspondiente a Ariel Pedro Zanchetta, había obtenido informes sobre los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Lo central: la operación se concretó el 8 de septiembre de 2022. Ese día –poco antes-, el segundo perdió el control de su línea. En esa fecha, lo mismo le sucedió al magistrado Giménez Uriburu. A Hornos le ocurriría menos de un mes después».
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Las consultas que realizó Zanchetta incluyeron no sólo las líneas telefónicas de los jueces, sino también sus números de documento, domicilios actuales y anteriores, el nombre de otros sujetos vinculados a esos domicilios, empleadores, bancos en los que operan, automotores, correos electrónicos, sociedades y datos de salud.
Además, durante 2022, «el mismo imputado efectuó 2157 consultas de datos. Entre aquellos, estaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti –el 11 de mayo de 2022-. Recuérdese: en el marco de este proceso se corroboró que entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, se dieron de alta ilegítimamente cinco abonados telefónicos usando el nombre de Rosatti».
Junto con todos estos elementos de prueba, la Sala II ponderó que hay indicios de análogas operaciones en «perjuicio del también Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, entre otros”.
El ex policía federal «también solicitó informes en relación a los doctores Juan Carlos Maqueda, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ricardo Bustos Fierro —jueces federales, integrantes de la Corte, de la Cámara Federal y de un juzgado federal de Córdoba—».
Ariel Zanchetta -consta en el expediente- se desempeñó en la Policía Federal Argentina desde 1988 hasta su retiro como Sargento Primero en 2013. Actualmente, se encuentra registrado con la actividad de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p.”. Él alegó que ejercía como periodista y que para eso usaba la información de “Sudamericadata”.
Sin embargo, la fiscalía no dio con ningún artículo periodístico que dé cuenta de el uso de la información recabada sobre los jueces federales e integrantes de la Corte.
Por ese motivo, los camaristas confirmaron el procesamiento en su contra por entender que había prueba suficiente para atribuirle «operaciones compatibles con la práctica de espionaje» y que efectivamente «desplegó un papel activo en las maniobras descriptas».
Hacker misionero
Fuente: Clarín
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