Según el proyecto aprobado este jueves por iniciativa del senador misionero Maurice Closs, se reactivará en la Superintendencia de Seguros de la Nación el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros conocido como PROSAS. Esta norma institucionaliza el denominado “Seguro Verde” que hasta 2019 fue voluntario, y pasaría a ser por ley obligatorio la recaudación para garantizar el forma complementaria el financiamiento de la ley N° 25.080, de inversiones para bosques.
La Cámara alta aprobó y giró a Diputados el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros que crea en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS), con el objeto de promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados.
Tras un corto debate, el Senado aprobó dicho proyecto de ley por 51 votos a favor, 1 negativo y 10 abstenciones.
El artículo 2, que fue modificado en el recinto, sostiene que: “E l PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091“.
Asimismo, la iniciativa propuesta por el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos) prevé que el Prosas destinará el 10 por ciento de los aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por sus similares N° 26.432 y N° 27.487.
“Busca financiar una política de Estado de un plan forestal”, explicó el legislador misionero que recordó que “el problema siempre fue que estos programas se quedaron sin recursos y ahora se establecerá su financiamiento por ley y se deberá cumplir”.
Al respecto, la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio) pidió llamar a este proyecto es un eco impuesto o un impuesto verde lo que pretende ser esta prima sobre los seguros de automotores. “Con esta ley no logramos que haya menos contaminación de dióxido de carbono de los combustibles de los autos; tampoco no modificamos acciones de consumo; y no promovemos empleos verdes bajo en carbono”, dijo la senadora de Juntos por el Cambio.
Y concluyó: “Por eso, no es un programa de sustentabilidad ambiental sino es un programa de desarrollo forestal basado en un impuesto al parque automotor”.
Según lo prevé el articulado, parte de esos recursos deberán ser aplicados a la información sobre los aportes de las compañías aseguradoras, y a tareas de difusión, concientización y capacitación sobre la forestación y su rol para incrementar el secuestro de carbono, reduciendo el impacto del cambio climático y mejorando al ambiente; pudiendo disponer de hasta 2,5 % a los efectos de apoyar la gestión de las Autoridades de Aplicación Provincial de acuerdo a lo ejecutado en cada jurisdicción.
También los recursos del PROSAS serán de aplicación para el pago de los aportes no reintegrables a otorgar a los emprendimientos forestales amparados por la Ley 25.080 y sus prórrogas 26.432 y 27.487 que obtengan las aprobaciones correspondientes establecidas en la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.
En caso de que existiera remanente presupuestario no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente. Este excedente será considerado intangible para todo fin no relacionado con los objetivos de la presente ley, según prevé la norma.
En los fundamentos, los autores del proyecto de ley aseguraron que dicha iniciativa “prevé la institucionalización por ley del denominado Seguro Verde, es decir, la normatización a través de una ley, con la estabilidad que ello implica, del programa que destina 1 por ciento del valor de cada póliza del rubro automotor para financiar los ANR de la Ley 25.080 y promover la forestación”.
Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2018, tras la realización de seis mesas forestoindustriales y el tratamiento multipartidario que se le dio en la Cámara de Diputados, el Senado aprobó por unanimidad la segunda ley de prórroga y reforma de la Ley 25.080, extendiendo los términos de su vigencia por 10 años más.
“Es oportuno entonces, plantear la jerarquización institucional del denominado Seguro Verde, estableciendo su contenido por Ley con un alcance generalizado entre los asegurados que deberán hacer el aporte de manera obligatoria, no quedando sujeto a la voluntad de las compañías aseguradoras. En la medida en la que el Régimen de Promoción de Inversiones en Bosque Cultivado se ha extendido, urge su financiamiento, permanente y garantizado a través de fuentes alternativas al fondeo presupuestario, orientado a la emergencia en tiempos de pandemia”, sostiene el texto en sus argumentos.
Fuente: El Parlamentario
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