8M: la autonomía económica de las mujeres va más allá del mercado laboral

Garantizar los derechos de las mujeres exige avanzar en el goce de sus tres autonomías: económica, física y en la toma de decisiones. Las cuestiones de género inundan cada ámbito de la vida cotidiana: se conversan en familia, se escuchan en los medios, se ven en las calles. «Los desafíos por los derechos aún son sustanciales: en muchos espacios de la vida, las mujeres aún no alcanzan su pleno potencial», advierten desde CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) de Buenos Aires, institución independiente que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.

Gracias a los movimientos feministas, en las últimas décadas, los avances en Argentina han sido palpables. Las mujeres lograron ocupar espacios impensados tiempo atrás, conquistando derechos y visibilizando una nueva norma. Día a día, se ponen en tela de juicio acciones y conductas que durante mucho tiempo estuvieron naturalizadas, desde el lenguaje que utilizamos hasta las dinámicas que se dan al interior de los hogares, pasando por el rol de los distintos géneros en la vida pública.

«Los últimos cinco años registraron un auge de la agenda de género en nuestro país, con el surgimiento de Ni una menos y los reclamos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este fenómeno se dio en consonancia con una tendencia a nivel global por visibilizar las injusticias y la violencia que viven las mujeres a diario. Sin embargo, los desafíos aún son sustanciales: en muchos espacios de la vida, las mujeres aún no alcanzan su pleno potencial», advierten desde CIPPEC.

Tras un estudio realizado por los especialistas en Protección Social, Alejandro Biondi, Florencia Caro Sachetti y José Florito, concluyeron que «es necesario avanzar en garantizar los derechos de las mujeres exige avanzar en el goce de sus tres autonomías: económica, física y en la toma de decisiones. El 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos interpela particularmente sobre la primera y nos exige la necesidad de actuar para garantizar los derechos de las mujeres», señalaron al difundir un informe titulado «8M: la autonomía económica de las mujeres va más allá del mercado laboral”.

Analizaron los avances del rol de las mujeres en los hogares y cómo, según el nivel socioeconómico varía su aporte al hogar: en el 10% más rico de la población, solo 1 de cada 4 tienen como principal proveedora a una mujer. Si consideramos la totalidad de los hogares, el 36% tiene una mujer como principal sostén económico, es uno de los datos que rescatan del estudio.

 

 

La dinámica se da pese a las brechas de actividad: en los sectores más pobres, la participación laboral de las mujeres es más baja, pero ellas realizan el mayor aporte. En los más ricos, la brecha es casi nula pero existe una diferencia de ingresos que favorece a los varones.

Los hogares monomarentales de los sectores más vulnerables son los que más seriamente manifiestan la tensión que implica conciliar la generación de ingresos y el trabajo reproductivo, ante los déficits en la oferta de políticas de cuidados adecuadas.

“Una inserción laboral de las mujeres que avance su autonomía económica debe ser producto de decisiones libres y en condiciones decentes. Esto requiere una nueva redistribución social del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que evite perpetuar las desigualdades existentes”, explicaron los autores del estudio.

 

 

El trabajo decente y la corresponsabilidad en el cuidado como condiciones necesarias para la autonomía económica

La autonomía económica es comprendida como las posibilidades de las personas de generar y hacer uso de recursos, de disponer libremente de su tiempo, de alcanzar su pleno desarrollo y de participar activamente de la vida pública (CEPAL, 2016). Las mujeres enfrentan mayores déficit en su ejercicio. Por esta razón, garantizar la libertad de las mujeres para participar de manera plena en el mercado de trabajo, si así lo desean, se convierte en un factor crítico para promover el goce de sus derechos económicos.

Pese a este imperativo, la brecha de género persiste: solo el 62% de las mujeres en edad de trabajar participan del mercado laboral, en comparación al 81% de los varones (INDEC, 2018).

La diferencia en la tasa de actividad entre los géneros es aún más amplia al observar la situación de algunos grupos en particular. En los sectores de mayor nivel socioeconómico, por ejemplo, las mujeres participan casi a la par que los varones; sin embargo, en los sectores de menores ingresos la brecha asciende a 28 puntos porcentuales.

 

Los contrastes también son evidentes al examinar la situación de los jefes de hogar y cónyuges de acuerdo a la tenencia de hijos/as. La presencia de niñas/os en el hogar está asociada con un aumento en la participación de los varones en el mercado de trabajo y con una caída de la actividad de las mujeres, que se profundiza a medida que aumenta la cantidad de niñas/os en la familia.

Estas dificultades que enfrentan las mujeres no se restringen únicamente al ingreso al mercado de trabajo, sino que también se evidencian una vez que están insertas en el mundo laboral. La tasa de empleo se encuentra en 55% para las mujeres y en 75% para los varones, diferencial que se incrementa para los sectores de menos recursos o para las personas con hijas/os. Las barreras para acceder al trabajo decente también se manifiestan en el desempleo y la informalidad, fenómenos que afectan en mayor medida a las mujeres que a los varones.

Asimismo, las mujeres registran mayores intermitencias en su trayectoria laboral: si bien la mayoría de los varones y de las mujeres ocupadas tienden a permanecer en el mismo puesto al cabo de un año y medio, para las mujeres es mucho más frecuente retirarse del mercado de trabajo laboral (14%) en comparación a los varones (4%). En este caso, la brecha también es mayor en los sectores de menores ingresos y entre mujeres y varones que tienen hijas/os menores de 6 años.

Uno de los principales factores que explica estas tendencias es la doble carga laboral que enfrentan las mujeres por ser las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Una inserción laboral de las mujeres que avance su autonomía económica debe ser producto de decisiones libres y en condiciones decentes. Para este fin, se requiere una nueva redistribución social del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que involucre tanto a los varones al interior de los hogares como al Estado desde las políticas públicas. Caso contrario, las modalidades de trabajo precarizadas, tanto en el mercado laboral como en los hogares, solo perpetúan las desigualdades existentes.

 

Los hogares más vulnerables están encabezados por mujeres que cuidan solas

Si bien estas dinámicas operan para prácticamente la totalidad de las mujeres, son especialmente críticas en hogares con carga de cuidados y para aquellas mujeres en contextos más vulnerables, donde es, a su vez, mucho más probable que ellas sean el principal sostén económico del hogar (PSH)[1]. Del total de hogares argentinos, el 36% tiene una mujer como PSH, pero existen fuertes heterogeneidades: en el 10% más rico de la población, solo 1 de cada 4 hogares tiene una mujer como PSH; en cambio, en el 10% de ingresos más bajos, ellas encabezan el 55% de los hogares.

Este dato resulta llamativo: en los sectores más pobres, donde la participación laboral de las mujeres es más baja, ellas son con mayor frecuencia quienes realizan el mayor aporte de recursos al hogar. En cambio, en los hogares más ricos, la brecha en la participación entre varones y mujeres es casi nula pero sí existe una diferencia de ingresos que favorece en mayor medida a los varones. Así, se evidencian las diversas desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en los distintos niveles socioeconómicos.

Por otro lado, además de concentrarse en el segmento de menores ingresos, la composición de los hogares encabezados por mujeres es muy diferente a aquellos encabezados por varones. Mientras que siete de cada diez hogares con PSH varón están compuestos por una pareja, con o sin hijos/as, entre los hogares encabezados por mujeres la participación de estos hogares “tradicionales” cae drásticamente.

Las políticas de mercado de trabajo y de protección social también son críticas y complementarias para garantizar el acceso al trabajo decente para todas las personas, y en particular para las mujeres. Esto resalta la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y jerarquiza la importancia de realizar acciones específicas, como fortalecer los mecanismos para la formalización laboral, brindar apoyo a las mujeres que generan ingresos de manera independiente en contextos vulnerables y eliminar las restricciones legales para la participación laboral de las mujeres. Con el fin de garantizar ingresos, es también crucial garantizar el acceso a transferencias monetarias para protección social, que contemplen a las familias con niños/as, a las personas desempleadas y a las personas mayores, entre otras poblaciones de mayor vulnerabilidad.

Estas medidas, además de contribuir a una mayor igualdad de género y a una distribución más justa de las tareas de cuidado, tienen el potencial de reducir la pobreza -especialmente, su infantilización- y la desigualdad, y de contribuir muy concretamente a la reactivación de la economía, especialmente en contextos de crisis.

Garantizar la autonomía económica de las mujeres nos acerca un poco más a una sociedad justa e igualitaria, en donde el género no condicione el acceso a los derechos de las personas. Además, la evidencia es contundente en demostrar los retornos económicos de cerrar las brechas de género en el mercado de trabajo. Por lo tanto, no hay excusas que valgan para no avanzar en políticas de igualdad.

«El 8M nos pone sobre la mesa los avances, pero también ilumina los reclamos, las reivindicaciones y las muchas deudas pendientes. Actuemos para lograr que los próximos años esta fecha sea solo motivo de celebración por los derechos adquiridos de las mujeres», señalaron los profesionales.

 

Fuente: CIPPEC

 

PE