Penayo: “no podemos entender como la Justicia obvia la Ley provincial XII N° 35”

 

Durante la mañana del miércoles, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo participó de un Foro con abogados reconocidos, dónde se discutieron los marcos regulatorios y leyes existentes respecto a los asentamientos y fallos de la Justicia, en relación a los desalojos en Posadas.

 

Al respecto se aclaró, que actualmente en la provincia se encuentra vigente la ley XII n° 35 (antes n° 28), que incorporó entre otros el artículo 1 bis que cita: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2019, las acciones procesales que conducen a desalojos en la totalidad de los bienes inmuebles ubicados en los terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Procesos de Integración Urbana (RENABAP) en la provincia de Misiones. Para estos casos, no es necesario realizar el empadronamiento previsto en la presente ley a los fines de suspender las acciones, siendo suficiente la presentación del del Certificado de Vivienda Familiar RENABAP en el expediente judicial correspondiente”.

 

“Tomando el caso de la CH 239, que tiene suspendido por 10 días el desalojo: no podemos entender cómo la Justicia obvia este marco legal y vulnera la situación de estas 13 familias. El asentamiento se encuentra registrado en el RENABAP y todas las familias tienen el correspondiente Certificados” afirmó Penayo.

“Tampoco se puede entender, que dentro de este año (donde la ley misma especifica que hasta el 31 de diciembre se suspenden las acciones legales) existan otros en la misma situación” aclaró. “Nos preocupa a todos los que defendemos los derechos humanos, que se vulnere de esta manera el derecho a una vida digna, de muchos niños, ancianos, discapacitados, etc”, agregó.

 

En el foro además, se planteó que son aproximadamente 65 asentamientos relevados por el RENABAP en Posadas y que si bien aún no está la adhesión provincial a la Ley Nacional n° 27.453, ésta también se encuentra vigente. Lo que significaría doble “cobertura jurídica” para las familias que viven en los asentamientos. En el caso nombrado de las 239, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Derechos Humanos, organismos sociales y vecinos, se unieron a los efectos de solicitar a los operadores de la Justicia, que visualicen el espíritu de las leyes que legislan la materia.