El juez Sergio Torres fue quien lo procesó por una mega causa por tráfico de marihuana. Lo consideró jefe de una asociación ilicita compuesta por dos de sus secretarios, abogados, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad.
«Jamás en mi larga trayectoria como juez exigí ni hice exigir un solo peso de prebenda alguna de ningún imputado sometido a mi juzgamiento», aseguró el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila (70) ante su par Sergio Torres quien el 10 de diciembre lo indagó en lo Tribunales de Comodoro Py como líder y organizador de una banda que cobraba coimas para favorecer a narcotraficantes.
Representado por el estudio Diaz Cantón- uno de los más importantes de Buenos Aires- Soto Dávila se desligo de cualquier maniobra corrupta y hasta defendió (aunque no hasta las ultimas consecuencias) a sus dos secretarios penales, detenidos en la misma causa.
Pero se ve que Torres no le creyó: en una resolución de 425 páginas -a la que accedió Clarín- lo procesó como jefe de una asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo agravado y prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley). En la misma linea le impuso un embargo de 20 millones de pesos.
Como Soto Dávila no renunció a su cargo- y el Consejo de la Magistratura recién lo cito para el 26 de febrero- el juez federal de Corrientes no ira preso de momento, gracias a sus fueros.
Los que no tuvieron tanta suerte fueron sus dos secretarios, Federico Grau (56) y Pablo Molina (48), presos desde el 4 de diciembre. Ambos recibieron un procesamiento con prisión preventiva, por lo que seguirán en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. En el caso de Grau el embargo fue de 13 millones de pesos y en el de Molina de 15 millones.
Algo muy similar ocurrió con el ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone (55) y cinco abogados a los que se acusa de ser los intermediarios entre los narcos y el juzgado en el comercio de beneficios a cambio de coimas. Fueron procesados con preventiva como miembros de la asociación ilicita.
«El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte», resumió el juez Torres en la resolución de procesamiento.
La caída de Soto Dávila causó un enorme impacto en la sociedad correntina donde el juez federal lleva 22 años en su cargo y es considerado un hombre con mucho poder y conexiones. No es menor el hecho de que su juzgado es el único que tiene competencia electoral. «Todos le deben algún favor», coinciden las fuentes consultadas por Clarin.
Las acusaciones en su contra son muy similares a las que llevaron a la cárcel al ex juez federal de Oran, Raul Reynoso considerado durante años como un gran luchador contra el trafico de drogas en la frontera con Bolivia.
Reynoso fue procesado en noviembre de 2015 por favorecer narcos, cayo preso cuando renuncio a su cargo (en mayo del 2016) y la semana pasada, sobre el final del juicio oral en su contra, el fiscal Carlos Amad pidió que se lo condene a 25 años de prisión.
Tarifario
En total la investigación de los fiscales Favio Ferrini, Carlos Schaefer ( de Corrientes), Carlos Stornelli y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reunió pruebas concretas sobre 8 casos que muestran un cobro sistemático de coimas.
De acuerdo a la acusación, tomada por el juez Torres en su resolución, todo se manejaba en base a un tarifario cuyo piso era de 30.000 pesos y su techo llego a un millón en el caso concreto del narco correntino, Carlos «Cachito» Bareiro quien pagó esa suma para lograr una eximición de prisión.
Durante la investigación declararon siete arrepentidos. El ultimo de ellos contó, desde su experiencia personal, cómo funcionaba el sistema de dádivas Y le apunto sobre todo al secretario Pablo Molina. «Cada uno venía en su auto. Cuando Molina llegaba, yo me subía al vehículo de él, que era un Vento blanco que tenía como depositario judicial, ya que se lo había entregado Soto Dávila. Ahí, adentro de su auto, le entregué la plata y él se fue. Así terminó este arreglo. Sé que después Molina le entregaba una parte a Soto Dávila, no sé cuánto, eso lo arreglaban entre ellos».
El perfil que hizo el arrepentido del secretario del juez es el de alguien insaciable. «Molina era terrible. Siempre decía: ‘¿Dónde está la plata? ¿Ya pagó? ‘. Era tan insistente que me daban ganas de hacer todo por derecha. A veces me insistía tanto que prefería darle su parte y quedarme sin ganancia. (…). Molina viajaba a cada rato, era impresionante, se iba a Europa, New York, a Paraguay iba a cada rato a comprar electrónica, yo le decía: ‘Pará un poco la mano, no podés viajar tanto, que la gente se va a dar cuenta, no podés tener ese nivel de vida’”.
Arrepentidos, escuchas y el análisis de decenas de expedientes judiciales cuestionados conformaron una acusación que para los imputados solo es un armado malintencionado en su contra, una interna, una mentira armada para perjudicarlos por motivos políticos. (Clarin)
Cómo era el tarifario de coimas para narcos en el juzgado de Carlos Soto Dávila
Ordenan detener al juez federal de Corrientes por favorecer a narcotraficantes
