El sistema le otorgaba a muchos medios periodísticos una forma de cobrar acreencias con el estado nacional por pautas oportunamente contratadas pero que a la postre no fueron pagadas. Desde la jefatura de Gabinete argumentan que la eliminación de este mecanismo responde a que “las empresas que han solicitado su ingreso al sistema de dación en pago, ninguna responde a las necesidades de comunicación institucional”. En el decreto consta además que todos los acuerdos que quedaron pendientes de firma, no se aprobarán.
A través de un decreto firmado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se derogaron los decretos 852/2014, 2379/2015 y 345/2016, que les otorgaban a los medios de comunicación la posibilidad de abonar con espacio publicitario las deudas impositivas, aduaneras y previsionales. El mecanismo era la única vía que encontraban muchas empresas del sector para cobrar –a cuenta de impuestos- acreencias que mantenían con el Estado por servicios de publicidad.
En los considerandos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, desde la jefatura de Gabinete argumentan que la medida se adoptó para corregir una “desigualdad evidente” que habría surgido entre las empresas que accedieron al sistema y “aquellos contribuyentes que no se han visto favorecidos con medidas de esta magnitud y con semejante prolongación en el tiempo, debiendo afrontar el pago de todas sus obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales en cumplimiento de la normativa que rige la materia”.
Otro de los argumentos para eliminar el sistema tiene que ver con evitar que el Estado termine otorgando un beneficio fiscal a medios que “no responden a las necesidades de comunicación institucional” del Gobierno. Según consta en el reciente decreto, la Secretaría de Comunicación Pública “ha determinado que de entre las empresas que han solicitado su ingreso al sistema de dación en pago, ninguna responde a las necesidades de comunicación institucional”.
“Si bien no existe duda alguna que los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental de la estructura democrática y que atañen al interés público, el respaldo estatal no puede vincularse con la extensión sin límite temporal de un beneficio fiscal inequitativo”, explican desde la jefatura de Gabinete.
En tanto, según la medida, la innovación tecnológica introducida en el sector, así como la adecuación de las empresas como consecuencia de las reorganizaciones o adquisición de otros medios de comunicación, han puesto de manifiesto que algunas de las nuevas plataformas “no resultan de interés para la apropiada aplicación de la publicidad oficial, circunstancia esta que condiciona la prestación del servicio para la cancelación de las obligaciones incluidas en los acuerdos suscriptos”.
JRC
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