Política en tiempos de selfies

Política en tiempos de selfies

Escribe Juan Carlos Argüello, Jefe de Redacción de Misiones On Line. Es raro que en un país donde los únicos indicadores que suben son los de la pobreza, el desempleo y la emisión de deuda externa, el Presidente diga que el punto de partida desde el que acepta ser evaluado, llegue diez meses después de haber asumido. La devaluación, la disparada de la inflación, los despidos, el cierre de cientos de empresas, la parálisis de la obra pública y la enorme transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, ocurridas todas desde el 10 de diciembre, no entran en el balance de Mauricio Macri.

Cada una de esas situaciones, contribuyó a que la pobreza alcanzara a 32,2 por ciento de los argentinos y que 6,3 por ciento hayan caído en la indigencia.

Para Macri se trata apenas de un “sinceramiento” del Indec que refleja la pesada herencia recibida. Esa idea choca con el latiguillo repetido durante la campaña y los primeros diez meses de gestión sobre el festival populista que derramaba recursos en la población. Si había derrame, la pobreza nunca pudo ser tan elevada.

Pero aún si fuera alta, no hay manera de invisibilizar el impacto en la pobreza de las medidas tomadas por el nuevo Gobierno.

El “sinceramiento” también niega a todo un proceso de recuperación de la Argentina que tuvo récord de pobreza en 2003, cuando el 45,8 por ciento de la población estaba en esa condición y el 19,4 en la indigencia. A fines de 2014 la pobreza bajó a 16,1 por ciento y la indigencia al 5,1. Después se registró un leve incremento en los porcentajes de población pobre e indigente, de 2,2 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente ya entrado el 2015. Esos datos no son del Indek, sino reconocidos por organismos internacionales como la Comisión Económica para América latina y el Caribe que el año pasado reconoció que la Argentina encabezó la lista de países que redujeron la pobreza.

Si se mide la pobreza por ingresos, la Cepal señaló que entre 2005 y 2012 la incidencia de la pobreza multidimensional se redujo, como promedio para 17 países de Latinoamérica, de 39% a 28% de la población. En todos los casos se registraron caídas en esta medición y los mayores descensos se produjeron en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela con bajas equivalentes a una disminución del índice de recuento del 7% o más por año. De estos países, tres (el Estado Plurinacional de Bolivia, la Argentina y el Brasil) también exhibieron notables progresos en la reducción de la desigualdad en el primer período.

Es decir, en la mayoría de los países gobernados por el “populismo”, hubo una inyección de recursos que sacó a millones de personas de la pobreza. El 32 por ciento actual, no puede ser herencia.

Los datos muestran otra realidad. El instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, señala que hacia finales del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se observaba que el 22% de la población de Capital y Conurbano estaba por debajo de la línea de pobreza, y el 5,9% por debajo de la línea de indigencia. Hacia fines de abril registraba un ascenso de la pobreza en ambos conglomerados hacia el 35,5% y la indigencia al 7,7%. Es decir, se ha generado una pobreza reciente en situaciones donde los ingresos no alcanzan para la satisfacción de las necesidades del hogar.

Sin datos proyectados a todo el país, solo si se toma como población de referencia el  conurbano y Capital, en valores cercanos a 12,8 millones de personas, se ve que entre diciembre y finales de abril las personas en situación de pobreza pasaron de 2.816.000 a 4.544.000. Y las que viven en la indigencia aumentaron de 752 mil personas a 985.600, en cifras aproximadas. De medirse en toda la Argentina, el investigador de Gino Germani, Eduardo Chavez Molina, estimó que habrían un poco más del doble: entre 4,5 y 5 millones nuevos de pobres. El NEA, como es previsible, tiene la tasa más alta del país, con 40,1 por ciento. En Misiones, el último dato oficial fue de 29,4.

Pero diez meses después de asumir, Macri recalcó: “Quiero decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y como gobierno”.

La imposición de ese tiempo político es sencilla. Con una línea tan alta de pobreza, cualquier medida que se tome para mover la economía, significará una baja relevante.

 

“Si la economía mejora y rebota, puede ser que en el semestre anterior a las elecciones de 2017 la pobreza baje entre dos y cuatro puntos”, dijo Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que también había revelado un crecimiento de la pobreza desde que asumió Macri, pasando de 29 por ciento al 34,5, sumando 1,4 millones de personas.

El Gobierno se ilusiona con que la baja de la inflación se estabilice y se sostengan los “brotes verdes”. También proyecta comenzar a liberar antes de fin de año, recurso para obras públicas, para evitar que el deterioro social tenga un impacto en las elecciones del año que viene. Atajándose, el Presidente ya dio por perimida una de sus principales promesas de campaña: «Pobreza cero es obvio que no se puede alcanzar en cuatro años. Lo planteamos a los argentinos como una meta, como un camino, pero lo importante que tomamos las medidas para bajar la inflación, le pagamos a los holdouts, para defender los salarios de los trabajadores y generar nuevos empleos y traer inversiones», admitió.

Mientras la meta de pobreza es inalcanzable, las otras medidas sí fueron automáticas. El campo ganó más de ocho mil millones de dólares con la devaluación y la baja en las retenciones a la soja y otros cereales. No fue la única transferencia directa de recursos.

Pagarle a los fondos Buitre significó apenas el paso inicial a un proceso de aumento de la deuda externa que ya genera rispideces incluso entre los economistas del propio Gobierno.

 

“La idea de tomar deuda que tiene como destino gasto corriente hay que cortarla cuanto antes”, dijo el presidente del banco Nación, Carlos Melconian, a quien no puede reprochársele idea heterodoxa alguna. Del otro lado, el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay dice que el endeudamiento “no es un problema” porque el nivel es bajo, gracias, vaya paradoja, al desendeudamiento del Gobierno anterior. Mientras, sigue emitiendo. El último boletín indica un nuevo crédito por 600 millones de dólares.

Solo con los 15 mil millones de dólares tomados para pagarle a los Buitres, Argentina se convirtió en el país más emisor en los últimos 20 años. Hasta agosto,  la deuda había superado los 50 mil millones de dólares.

Además de la pobreza, todos los indicadores marcan retrocesos mes a mes. Al cierre de septiembre, fueron varios los datos alarmantes. El lunes el ministerio de Trabajo reveló una nueva caída del empleo, del 0,7% respecto al mismo mes de 2015 y del 0,2% contra julio. Horas después el Estimador Mensual de la Actividad Económica reveló que el PBI tuvo un retroceso del 5,9 por ciento en julio, la mayor caída desde 2009; y además se perdieron 20.000 puestos de trabajo en la industria. Solo crece el empleo en el Estado, que desde diciembre sumó 80.000 trabajadores, pese a la permanente demonización del empleo público.

La actividad industrial cayó 5,7 por ciento y la construcción 3,8 por ciento, mientras que el consumo de agosto marcó con un retroceso del 7,4 por ciento.

Sin embargo, llueven los elogios… del FMI. “El avance logrado es importante”, firmó el italiano Roberto Cardarelli, ejecutivo del Fondo Monetario que vino a evaluar la economía del país. Las misiones volvieron a la Argentina después de una década. Pero el organismo nunca escatimó elogios para el país. “El mejor presidente de los últimos 50 años es Carlos Menem”, dijo Michel Camdessus, en octubre de 1998, cuando la pobreza y el desempleo mostraban el rostro más duro de la Convertibilidad.

«Nuestra estimación es que también la Argentina ha comenzado a recuperar su actividad económica y que mostrará crecimiento al cabo de este año», prometió Stanley Fischer en enero de 2000 después de cerrar un nuevo acuerdo con el gobierno de Fernando De la Rúa que “actuó de inmediato y muy bien, proponiendo reformas y aprobando leyes a las que el FMI dio su apoyo porque eran propuestas sólidas y seriamente presentadas». De la Rúa se fue en helicóptero.

El camino del ajuste, que es tan elogiado por el FMI, tiene efectos colaterales que van más allá de la pobreza y el desempleo y comienzan a generar tensiones en las provincias.

A pesar de todo el apoyo brindado por el gobierno de Misiones a la Nación, sigue siendo muy dura la gestión para lograr que los funcionarios nacionales liberen recursos. “Si la actitud de la Renovación fuera otra, más belicosa, sería mucho peor para los misioneros ya que no vendría nada”, advierte no sin resignación un funcionario provincial de alto nivel.

La buena convivencia está garantizada hasta el pan dulce de fin de año. El jefe de Gabinete, Adolfo Pischik, les pidió a los intendentes, por recomendación del gobernador Hugo Passalacqua, que tengan paciencia y afronten la escasez aunque signifique algún costo político. En el Gobierno saben que pararse hoy en la vereda de enfrente no cambiará la ecuación.

Más duro fue el presidente del Instituto de Desarrollo Habitacional, Santiago Ros. “Acá cayó una bomba atómica. No pidan más dinero”, les dijo a los intendentes antes de partir hacia una reunión para la foto con Macri. La caída en los envíos de recursos federales obliga a cambiar las políticas provinciales. Ros advirtió que se terminaron los tiempos de grandes barriadas hechas por el Estado y ahora la prioridad estará orientada en atender las familias de escasos recursos, con casas de 30 metros cuadrados. “Hay 17 mil familias de clase media que necesitan viviendas. No va a ser nuestra prioridad, sino las 105 mil familias con Necesidades Básicas Insatisfechas que ganan menos de cinco mil pesos por mes”, precisó. Sólo seguirán en marcha las viviendas rurales y los planes Techo, porque para las obras financiadas por Nación, los fondos vienen en forma muy irregular, aseveró el funcionario.

Los intendentes, quienes deben salir a dar la cara en sus municipios, sienten que “esas cosas hay que contarlas”, porque “a nosotros nos comen los talones”.

De todos modos, también admiten que el tiempo de la pelea electoral comenzará en enero. Por eso muchos fueron al encuentro “federal” con Macri en Tecnópolis, esperanzados en recibir una sorpresa. No la hubo. Fue una foto para la selfie del Presidente, se quejaron desde todas las latitudes. No hubo ningún anuncio concreto de reactivar obras ya iniciadas o alguna fecha plausible para comenzar a regularizar el flujo de dinero.

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A sabiendas de que la política nacional comienza a hacer mella en sus propias oportunidades electorales en Misiones, en la alianza Cambiemos comenzaron a operar por lo bajo sobre algunos intendentes para “conseguirles cosas” en Buenos Aires. Algunos cayeron en la trampa y prepararon carpetas técnicas que fueron llevadas a las oficinas nacionales.

De allá volvieron con un mensaje claro: las gestiones se canalizan a través del gobernador Hugo Passalacqua, al que, al menos por ahora, se le respeta el acuerdo de gobernabilidad. Es la única señal real de buena convivencia.

En la provincia no pasa lo mismo. En la Legislatura, el PRO mantiene cierta línea, pero sus socios radicales se desviven por ser y parecer opositores.

En el radicalismo está claro que la renovación generacional en los cargos no implica dejar atrás las prácticas de los vitalicios que manejan los hilos partidarios. Las internas dinamitan la pertenencia de quienes se animan a desafiarlos. Mario Pegoraro tuvo que irse del bloque radical, despreciado por Germán Bordón y Gustavo González y vilipendiado en el partido por haberse animado a poner su nombre en la boleta de Cambiemos, cuando el egoísmo partidario prefirió ir en soledad para mostrar “poderío”. El poderío no apareció y la división le restó votos a Humberto Schiavoni, presidente del PRO y candidato a diputado nacional. Sin embargo, no le perdonaron a Pegoraro haber desobedecido, pese a que hoy el radicalismo es un furgón de cola del PRO y se desespera por ser parte real de la alianza gobernante.

En Posadas, la sociedad entre radicales y el puertismo-massismo dio una muestra de lo poco que le importa la gobernabilidad, si es ajena. Aumentaron el presupuesto del Concejo Deliberante en 146 por ciento, cuando la Municipalidad que comanda Joaquín Losada tendrá un incremento del 24, 7 por ciento, y la Defensoría del Pueblo, del 23 por ciento. El Concejo manejado por massista Alejandro Velázquez gastará el año que viene un presupuesto cercano a los 246 millones de pesos. La mayoría que tienen transitoriamente, hasta ahora no ha redundado en algún resultado positivo para la Capital y  ni siquiera logran cumplir con la derogación de las normas a las que supuestamente se oponen, como la adhesión a la ley de Lemas.

El aumento implica un gasto de 689.431 pesos por día. Cada concejal cuesta 17.857.142 pesos al año. Proporcionalmente, el gasto es mayor que en la Legislatura, que cubre todo el territorio y tiene 40 representantes.

Sin embargo, allí se toman decisiones que tienen impacto en toda la provincia y trascienden las coyunturas electorales. En la última sesión, por ejemplo, se aprobó la creación de un Plan Maestro Forestal, proyecto impulsado por el presidente de la Legislatura que se sancionó en paralelo a la creación de un Instituto Forestal, ideado por el radical de Vanguardia, Hugo Escalada, con el objetivo de promover, evaluar, fijar precios y planificar en un sector hoy paralizado por las asimetrías y los altos costos, pero que puede ser fundamental para la riqueza de las próximas décadas.



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