Efectos de largo plazo

Efectos de largo plazo

El primer semestre se fue consumiendo entre despidos, ajuste, tarifazos y más inflación. Poco para celebrar tiene el presidente Mauricio Macri, quien ya corrió el límite para la llegada de buenas noticias al 2017. Será el primero o segundo semestre, pero ya no en la segunda mitad de este año. En lo político tampoco puede anotarse grandes logros y la confianza de sus propios votantes comienza a ser menor. Encima, debe soportar desplantes como el del Papa Francisco, que rechazó una ayuda del Presidente por 16 millones de pesos para financiar el programa Scholas Occorrentes. En una misiva, el Sumo Pontífice argumentó que el país no podía mandar ese dinero por las “necesidades que pasa el Pueblo”, toda una alusión a la situación social de la Argentina.

Las heridas de esta primera mitad pueden ser perennes. El Gobierno está tomando decisiones que se extenderán en el tiempo, así como los tarifazos, el cierre de fábricas y el despido de trabajadores, que causan en muchos casos, daños irreversibles.

Una empresa cerrada no se recupera al otro día. Un despedido no encuentra trabajo a la vuelta de la esquina y los “topes” de 500 por ciento para las subas en las tarifas de energía, son igualmente impagables por más que los funcionarios pretendan con esto mostrar “moderación”. Ni las empresas ni las familias pueden afrontar semejantes aumentos.

Los resultados de esas acciones quedan.

Hay otras cuestiones de fondo que está tomando el presidente Mauricio Macri que no son tan visibles, aunque las consecuencias pueden ser  también difíciles de revertir.

Macri formalizó su idea de integrarse a la Alianza del Pacífico, un mercado común parido de acuerdo a los lineamientos de Washington con un potencial mercado consumidor de 200 millones de personas, pero desgravaciones impositivas que significarían la ruina para muchas producciones locales que ya sufren la falta de competitividad. La alarma no es producto de visiones de la oposición local, sino de las víctimas del acuerdo, como la Sociedad de Agricultores de Colombia, para la que “la Alianza es el peor tratado comercial firmado por el país”, ya que fueron más las desventajas que las ventajas de ese sector. Al desgravarse el 92 % del universo arancelario, es decir, abrirle la puerta a Perú, Chile, y México para que ingresen productos industriales y alimentos desde esos países (sin impuestos), los agricultores quedarán a merced de una fuerte competencia y sin derecho a defenderse, dice Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Lo cierto es que esta alianza tiene su gran valor, más que en lo económico o comercial, en lo geoestratégico e integrarse significaría debilitar al Mercosur.  La Alianza “ha funcionado como engranaje para constituir en la práctica un área de libre comercio a lo largo de toda la costa del Pacífico del hemisferio americano (con hegemonía gringa), desde Alaska hasta la Patagonia (con excepción de Ecuador), porque los cuatro fantásticos de la Alianza tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Esa es su mayor afinidad. Sirve además de base territorial para el temido y oscuro TPP (TransPacificPartnership) aislando a Brasil y partiendo a América Latina en dos”, cuenta Carlos Bedoya, abogado peruano, quien recuerda que el bloque nació como encerrona a Ollanta Humala por parte de su antecesor Alan García.

Ollanta era amigo de los presidentes “progresistas” y especialmente del PT de Lula. La alianza del Pacífico aisló a Perú a negociar con Chile, Colombia y México, países con los que ya tenía acuerdos de libre comercio, pero que ahora sumaban una mirada complaciente de Estados Unidos.

Hacia allí quiere ir Macri, quien goza de la confianza del país del norte para convertirse en el líder transformador de América Latina.

Transformar, para Estados Unidos es, esencialmente, recuperar presencia y protagonismo en el patio trasero después de una década en la que los gobiernos al sur del Río Bravo, salvo México, prefirieron hacer su propio juego.

Las transformaciones ya se iniciaron aunque no sean tan visibles. El megaproyecto de blanqueo, pago a los jubilados y cancelación de deudas con las provincias es la punta del ovillo de un gran cambio. El sistema previsional, solidario y horizontal desde la recuperación del Estado de los recursos de las Afjp, pasará a uno caritativo, con jubilados de primera y de segunda. Aquellos que no pudieron hacer sus aportes durante su vida activa tendrán derecho a una pensión equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima, que, además, no será traspasable a la hora de su muerte.

“Estamos ante un verdadero Caballo de Troya”, describió la ex presidenta Cristina Fernández, y calificó al proyecto como el “huevo de la serpiente para la destrucción del Sistema Previsional Argentino, la inequidad tributaria al eliminar impuestos progresivos (bienes personales y renta financiera) para los que más tienen” y “la ilegalidad al excluir del blanqueo a los familiares de los funcionarios políticos”.

“Un auténtico bodrio legislativo. Por método y por contenido. Poco común. Tal vez solo comparable, en mi experiencia como legisladora (1989-2007), con el famoso proyecto de ‘super-poderes’ para Cavallo, que nos enviara el Gobierno de la Alianza durante el año 2000. Cualquier coincidencia con la actualidad no es mera casualidad, sino absoluta causalidad”, añadió.

En una nota publicada a través de las redes sociales bajo el título “Para que nunca más digas que no sabías. Y que tampoco nadie te lo diga a vos”, la ex mandataria se refirió así a la iniciativa del Gobierno que se encamina a su aprobación. La preocupación radica en que el sistema previsional deberá soportar en un corto plazo un incremento de sus erogaciones para pagar las jubilaciones judicializadas, sin que haya garantías de que se sostenga el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que reemplazó al sistema de las AFJP.

No es una crítica resentida. La fundación Mediterránea, crítica de Cristina y mucho más alineada con las ideas PRO, advierte que el proyecto bajo tratamiento del Congreso estipula un aumento en el flujo de las erogaciones previsionales equivalente a 0,9 % del PIB, además de un stock de retroactivos de aproximadamente 90 mil millones de pesos, a saldar en tres años. “Si a la propuesta de reparación a jubilados se le agrega la devolución a provincias del 15 % de coparticipación, el resultado fiscal de la ANSES pasaría de un superávit de 1 punto del PIB a un déficit de 1,6 puntos del PIB, un deterioro equivalente a 2,6 % del PIB que ocurriría en pocos años. Inicialmente, el Programa de Reparación a Jubilados sería cubierto con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que actualmente obtiene un rendimiento cercano al 10 % anual en dólares, pero se estima que en tres años esa renta no será suficiente para financiar el flujo adicional de gastos, por lo que se prevé la venta de algunos activos en el futuro”, indica.

Del total de ingresos de la ANSES, 55% del total corresponde a ingresos no tributarios, especialmente aportes y contribuciones a la seguridad social. Este monto no alcanza para solventar las prestaciones de la seguridad social, ni las demás transferencias y gastos que ejecuta la ANSES, por lo que en términos exclusivamente previsionales, la ANSES presenta un déficit de 251.950 millones de pesos (equivalente al déficit del Sector Público Nacional). Considerando los ingresos tributarios, se tiene el superávit de 59.393 millones antes mencionado, explica la Mediterránea. Una vez que se efectivicen los cambios, la ANSES tendrá un resultado negativo de aproximadamente $35 mil millones, a los cuales deben agregarse los gastos extraordinarios generados por el Programa de Reparación Histórica a los jubilados. En tres años el rendimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no será suficiente para financiar el flujo adicional, y deberá recurrirse a la venta de algunos de sus activos para financiar el programa. Si no hay recursos, una vía puede ser la financiación vía endeudamiento. La otra, que vuelvan las penas de los jubilados para cobrar en tiempo y forma sus pensiones con aumentos acordes al costo de vida.

Por entonces habrá culminado el mandato inicial de Macri, pero las consecuencias, serán de mucho mayor plazo.

Mientras tanto, se computa como un logro arreglar la deuda con los jubilados, que, no son, vale aclararlo, todos los jubilados. Los que tienen litigios con el Estado son un tercio del universo. Por ejemplo, en Misiones, hay más de cien mil jubilados que dependen de la Anses. Solo diez mil tendrán beneficios reales con el nuevo programa.

El Gobierno necesita con urgencia mostrar algún resultado. Los seis meses se esfumaron con el incremento de la pobreza, tarifazos y frases poco felices, que son casi una característica. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue protagonista en varias oportunidades de frases con escasa sensibilidad social. El ex CEO y dueño de acciones de Shell, parece llevarlo en la piel. En una reunión con empresarios que le fueron a presentar casos concretos de los excesos de los tarifazos, que ponen al borde de la quiebra a cientos de empresas, como respuesta, Aranguren  hizo hincapié en la emergencia energética y aseguró: “Los cortes se iban a producir no por las facturas impagas, sino porque no hay gas y la responsabilidad de este ministerio es que haya energía”.

En este sentido, advirtió que “vamos al colapso y no tenemos energía, por más que se judicialice el problema, no va a ver más gas”.

En cuanto a los aumentos apuntó: “Los cuadros tarifarios eran un dibujo, desde el 2001 que la electricidad no se actualizaba” y se comprometió a evaluar con el Ministerio de Producción las estructuras de costo por cada rubro, para que tengan un tratamiento diferencial porque “la tarifa no puede ser la condición para que una actividad funcione o no”. La tarifa, en realidad, es la diferencia entre la continuidad o el cierre de una fábrica.

Hay otros ministros que tienen el termómetro un poco más realista. El de Transporte, Guillermo Dietrich fue el primero que vino a Misiones con números y fechas concretos. Prometió inversiones en el corto plazo para los aeropuertos de Posadas e Iguazú y un “ambicioso plan de obras viales”, con las autopistas como prioridad, especialmente las de acceso a la capital y la que llega hasta San Ignacio. A futuro, como promesa quedó llegar a las Cataratas del Iguazú. Dietrich dejó una buena impresión en el gobernador Hugo Passalacqua y el intendente Joaquín Losada. A diferencia de otros ministros que vinieron antes, con las manos vacías, demostró estar bastante en conocimiento de las necesidades locales y se puso plazos razonables. Pero en medio de las gentilezas, deslizó el discurso macrista por excelencia. Las obras que se hagan serán con transparencia para terminar con la corrupción, como los casos que estamos descubriendo, dijo en referencia a los sobreprecios en las obras públicas que ganó Lázaro Báez.

Lázaro Báez es, se sabe, la historia reciente. Quizás no conozca demasiado el pasado. El propio Mauricio Macri, mucho antes de iniciar su carrera política se hizo conocido en Misiones por las obras públicas que ganó junto a la empresa familiar, potenciadas después por la amistad con Ramón Puerta, su ahora embajador en España. El radicalismo, por entonces oposición y hoy, vueltas de la vida, socio menor en la alianza gobernante, había denunciado a Macri por sobreprecios en la construcción de la ruta 103, que une a Oberá con Alba Posse.

Los radicales más memoriosos aseguran que se le pagó un millón de pesos-dólares el kilómetro, cuando la Cámara Argentina de la Construcción había tasado el trabajo en la mitad. Fue la primera ruta de seis metros de ancho en lugar de los 7,20 metros habituales y con un asfaltado de cuatro centímetros, en lugar de los doce usuales.

Iecsa, una de las empresas familiares, construyó la hidroeléctrica Urugua-í, presupuestada en 80 millones de dólares aunque finalmente costara 300 millones. Bajo la gestión de Puerta se le otorgó a Macri un contrato para el funcionamiento de la hidroeléctrica cobrando un canon mensual de 340 mil pesos “produjera o no electricidad”. En 2004 el contrato fue rescindido por el entonces gobernador Carlos Rovira, porque, entre otros motivos, una auditoría probó que podía funcionar por menos de la mitad del canon que se estaba pagando. Iecsa es hoy propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri y socio de Báez en distintas obras públicas. Es una rueda que gira. Dietrich debería conocerla.

El relato del pasado reciente tampoco dejó muy conforme a algunos socios de la alianza en Misiones. Claudio Wipplinger dejó asentada su profunda “sorpresa y decepción” con la actitud del ministro quien relativizó la preocupación por los “desmanejos” en el transporte público misionero. Wipplinger, obsesionado con la guerra personal al grupo Zbikoski le recordó que “los millonarios subsidios que da la Nación son para que el usuario reciba un beneficio y tenga un pasaje más accesible y que no termine solo abultando onerosamente los ingresos abusivos de un servicio oligopólico a costa de los usuarios que terminan no recibiendo el beneficio del subsidio”. Dietrich pasó a otro tema.

El macrismo sabe que tiene que salir a hacer política para no perder el terreno ganado. Las elecciones legislativas del 2017 representan el primer desafío. El PRO solo no puede y por eso decidió aceptar a los socios radicales en Misiones, donde la alianza nunca llegó a formalizarse, aunque los radicales son, de hecho, los mayores defensores de las medidas del Gobierno nacional. Trabajarán junto a Alex Ziegler, hasta ahora el más resistido dentro de Cambiemos, pese a los votos que aportó como candidato. El eldoradense no esconde su malestar por cómo es tratado y advirtió que “no debemos juntarnos solo para ganar elecciones”.

El resto de la mesa, quiere justamente, constituirse, principalmente, como una alternativa electoral que pueda disputarle el poder a la Renovación, aprovechando el “viento de cola” que pueda significar el Gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, el poderío electoral de la Renovación parece estar intacto aún con un gobierno nacional en contra y en tiempo de crisis y vacas flacas. Las elecciones del Instituto de Previsión Social volvieron a ratificar a los candidatos presentados por el oficialismo, con una amplísima diferencia. Es el segundo triunfo del oficialismo, después de la ratificación de Stella Maris Leverberg al frente de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. Esta vez los afiliados decidieron seguir confiando en las políticas previsionales que marcaron este año, por decisión de Passalacqua, el fin de todos los topes jubilatorios.



Quizás tambien le interese...

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE