Un negocio redondo sin regulación

Los llamados créditos en el acto que «prestan» una sumada de dinero en efectivo sin demasiados requisitos más que el documento y la firma del prestador, son una estafa según una reciente investigación del Procaduría de Criminalidad Económica y Lavado de dinero (PROCELAC).
Las víctimas son las personas de bajos recursos que no pueden obtener créditos en bancos, porque no tienen los requisitos suficientes o no conocen esos préstamos.
Las empresas que otorgan dinero en el acto, mediante diferentes mecanismos de cooptación, cobran tasas de interés que llegan a superar el 165 por ciento anual.
Es decir que si una persona pidió un préstamo de 10.000 pesos, al cabo de un año debe pagar 26.500 pesos.
El Banco Central es la entidad que debe velar por el marco legal en que se realizan los créditos, sin embargo no puede imponer una tasa máxima de interés. Una ley surgida en la dictadura deja que los intereses por el «préstamo» de dinero quede en manos de las propias entidades privadas.
El negocio de los préstamos no busca que el tomador de crédito pague en tiempo y forma. En verdad intenta que se atrase en el pago para que se activen las clausulas de interés que multiplican las tasas de interés de las empresas prestadoras. «El negocio de los préstamos en el acto también está dirigido al atraso en el pago para la posterior aplicación de elevadas tasas de interés punitorias o incluso la ejecución de la letra de cambio para embargar el salario y/o los bienes de la persona endeudada a través de la Justicia comercial», explica el documento del PROCELAC.
El negocio de los préstamos reproduce la desigualdad social y vuelve más pobres a las personas de bajos recursos. Mientras la clase media toma créditos a una tasa de interés razonable, las personas de estratos sociales bajos deben devolver un porcentaje mucho mayor, que se lleva gran parte de sus ingresos.
El informe del PROCELAC termina con un llamado de atención al Estado: los préstamos deberían ser regulados. La estafa perjudica y ahoga a las clases sociales pobres que se ven esclavizadas al trabajo para poder pagar por los créditos que obtuvieron. La ausencia del Estado posibilita la gran estafa.