Nuevas políticas macroeconómicas corren en suelo argentino. De eso nadie duda. Lo que sí hay incertidumbre es sobre el alcance de algunos de los anuncios y la profundidad de las medidas que se anticipan.
Por ejemplo, el 31 de Diciembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer su documento titulado “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para el año 2016”. En el mismo se señala que, el principal objetivo de la entidad será conseguir la “estabilidad de precios domésticos” o sea, reducir la tasa de inflación a valores semejantes a los que tienen hoy países emergentes como el nuestro.
Este documento no brinda muchas precisiones, no indica qué meta de inflación se propone para el año 2016 o que política de creación de base monetaria. Hasta ahí aparecía la incertidumbre que yo señalaba en el primer párrafo de esta artículo. Lo que está claro, que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger plantea con claridad su meta de reducir la tasa de inflación, y las medidas adoptadas desde que conduce el organismo ha sido reducir la cantidad de dinero en circulación para mitigar efectos inflacionarios: Cuando Alejandro Vanoli dejó el BCRA, la cantidad de dinero en circulación había aumentado a un ritmo de 41% anual, lo que a mediano plazo, se traduciría en mayor aumento de precios, con la colocación de letras para absorber pesos circulantes, logró que al 31 de Diciembre de 2015 la Base Monetaria redujera su crecimiento en el año 2015 al 34,9% y al 20 de enero ha reducido ese incremento al 29,9% anual.
Fue entonces el turno del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay de brindar alguna precisión sobre metas de política económica para los próximos años: por lo pronto lograr que la inflación del año 2016 no supere el 25% y el déficit fiscal cierre en 4,8% del PBI, un punto menos del déficit primario estimado para el año 2015. “No castigar el gasto social ni las inversiones” señaló el ministro de Hacienda, entonces ¿cómo lograr que baje la inflación –no mucho más allá de lo que fue con seguridad hasta septiembre de 2015- sin ajustar el déficit fiscal –causa del proceso inflacionario según lo señalaban los mismos que hoy ocupan cargos en el ejecutivo-?
En lo inmediato, las primeras medidas anunciadas para reducir el déficit fiscal han sido el despido de empleados públicos –bajo el argumento que eran ñoquis- y la reducción de los subsidios a la energía a partir del mes de febrero. Tampoco hay precisión sobre el alcance de este segundo punto.
Es cierto que, desde el año 2010, la expansión monetaria en Argentina se debió en su gran mayoría a la financiación del déficit fiscal, es decir, el BCRA le adelantaba los fondos a la Tesorería –quien le entregaba Títulos de esa cartera a pagar quien sabe cuándo-. La deuda pública crecía, es cierto, pero era una intra-deuda pública, una deuda contable que no tenía exigibilidad, pues el Estado le debía a otro estamento del Estado. También es cierto, que entonces los argentinos pagábamos ese déficit con una inflación creciente producto del crecimiento no moderado de la oferta de dinero.
El citado informe del BCRA corrobora el dato en su informe anual: mientras que hasta el año 2010 la principal causa de la expansión monetaria fue la compra de dólares por parte del BCRA, desde ese año, fue la financiación a la Tesorería de la Nación.
Para salir del cepo cambiario y “mejorar la calidad de los activos del BCRA”, el actual presidente de la entidad canjeó las letras de la Tesorería en pesos y sin interés por Letras en Dólares: Mejoró la situación patrimonial del BCRA pero empeoró entonces la situación patrimonial de la Tesorería que ahora debe en moneda extranjera.
Es claro entonces que el próximo paso del Gobierno Nacional será el endeudamiento externo. ¿Si se ha previsto una meta de déficit fiscal de 4,8% del PBI como será financiada si no se contará con la asistencia del BCRA?. Recurrir a la autoridad monetaria como ha ocurrido desde el 2010 en adelante significará seguir emitiendo pesos y alentar el proceso inflacionario que se pretende combatir. Nos queda deducir que para financiar ese déficit fiscal –pues no hay otra opción- será recurrir al endeudamiento interno y externo. Es por ello que desde el Gobierno Nacional insisten con salir a recuperar el crédito internacional, pero para ello el arreglo con los holdouts será el primer problema a subsanar.
¿Es lo correcto? ¿Arrojar un problema a generaciones futuras (deuda pública) que en realidad deberíamos solucionarlo “nosotros” –los argentinos- ahora? Tomar deuda externa para financiar gastos corrientes del Estado y que los próximos argentinos se hagan cargo de cancelarla no coincide con ninguna doctrina económica conocida. Lo que hacía el Gobierno anterior, al provocar que el déficit fiscal disparara mayor inflación –como expliqué en párrafos anteriores- significaba que nosotros mismos en el período corriente nos “hacíamos cargo” del déficit fiscal producido en el mismo lapso de tiempo.
En un artículo en ámbito financiero del pasado jueves 21 de enero, Daniel Artana Econimista Jefe de FIEL, señala en su artículo titulado “Las sombras del plan económico” que con el déficit fiscal que preveé el actual ministro de hacienda para los próximos 4 años, que totalizará el 13% del PBI, sumarán cerca de U$S 60.000 millones, suponiendo que un tercio de ellos pueda ser financiado por el mercado interno, quiere decir que el Gobierno Nacional con estas metas propuestas se endeudará en U$S 40.000 millones en su gestión, cifra nada despreciable.
Otro detalle de política económica: el liberalismo económico será –como se anticipó- parte de la actual filosofía del gobierno nacional pero con un fuerte grado de pragmatismo. No emito juicio de valor sobre el tema, es una consideración lo más objetiva posible.
Lo que ha ocurrido con la empresa Cresta Roja, o con la aeronáutica Sol, en la que ante el primer inconveniente el Gobierno no sale a asistir a las empresas en crisis por simples cuestiones del mercado, pero ante el reclamo de diferentes sectores (evitar piquetes, o paros nacionales del personal aeronáutico por citar estos casos) obligó al Gobierno Nacional adoptar otras medidas ante estos trabajadores sin empleo.
La apertura al comercio exterior, simplificando los trámites para exportar e importar, permitiendo volver a recuperar mercados externos pero también permitiendo que productos importados vengan a competir con la industria nacional, también será la tónica que se viene.
Esto también significa que el Estado tendrá la menor injerencia posible en la economía: quita de retenciones, eliminación de subsidios, son medidas claras que este será el camino.
El liberalismo económico –la escuela económica clásica- sostiene que el funcionamiento de los mercados sin intervención del Estado, logra que los mismos trabajen de manera eficiente, asegurando el crecimiento económico con equidad.
Naturalmente, hay corrientes económicas que disienten radicalmente de esta posición y abundan los materiales de lectura sobre estos temas.
Por lo pronto, es cierto que la tasa de desempleo podrá registrar un ascenso en los próximos meses, producto de estas medidas, pero entiendo que será leve, y el ajuste en las cuentas públicas no será –por lo menos así anunciado- tan impactante como se podía esperar.
