La denuncia efectuada por el juez de Instrucción 2 de Posadas, César Yaya, sobre presunto espionaje informático a sus expedientes por parte de usuarios externos denunciado el viernes pasado, causó profundo malestar y una ola de especulaciones entre los propios integrantes del Poder Judicial, ya que en el Superior Tribunal de Justicia descreen de los fundamentos esgrimidos en la presentación ante la fiscal Amalia Spinatto y apuntan la situación generada al emplazamiento efectuado por el Alto Cuerpo a los magistrados del fuero penal capitalino para determinar responsabilidades y cortar con lo que se cree sería un «festival de entregas de autos de lujo en depósito Judicial a parientes, amigos y empleados».
Es que tras la denuncia de Yaya, los responsables informáticos del Sistema de Gestión de Expedientes Digitalizados SIGED, ya habrían dejado en claro a sus superiores que lo informado como posible «modificación o adulteración» de datos de los expedientes fue «parte de un proceso rutinario de actualización del sistema informático por parte de la secretaría encargada» de implementarlo.
Un funcionario presuntamente involucrado en la denuncia es el coordinador responsable del sistema de gestión de expedientes digital (SIGED), quién es el encargado de realizar actualizaciones periódicas del sistema.
Ya aseguró a sus superiores que como es costumbre el trabajo de «back up» o de copias de seguridad en los servidores, necesario en todo sistema informático, se realizó en horario nocturno como parte de la normativa definida por el Superior Tribunal de Justicia para no afectar el normal funcionamiento en plena jornada de trabajo, y el hecho de que el funcionario quede registrado en las auditorías es «parte de un proceso de transparencia por parte de la Secretaría Informática en la cual todas las tareas realizadas por el sistema hasta las más mínimas quedan reflejadas en el mismo», como una manera de realizar los debidos seguimientos de intervención, los que en el caso fueron cumplidas por funcionarios del Poder Judicial, habilitados legalmente para realizarlas, lo que resulta una tarea rutinaria cumplida sobre el sistema en general, con impacto en cada una de las causas.
Esos funcionarios remarcaron que “que el deber de reserva y confidencialidad pesa sobre todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, a lo que se suma el trabajo incesante de todos los profesionales del área de la Secretaría Informática en la mejora continua de los sistemas adoptando al efecto estándares internacionales de seguridad”.
Otro agente presuntamente mencionado en la denuncia responde al departamento de implementación, y su participación esta habilitada como parte de la capacitación a los usuarios de los distintos juzgados del fuero penal.
Fuentes del STJ aseguraban ayer que por expresa instrucción del Alto Cuerpo en acordada Nº 144/2014, en su carácter de superintendente del proceso de implementación, uso y mejoramiento permanente del sistema, se instruyó a la Secretaría Informática a elevar informes trimestrales respecto del uso del sistema por parte de todos los magistrados, funcionarios y empleados en los cuales se ha puesto en funcionamiento el SIGED y es en ese contexto que se dan las actuaciones e intervenciones sobre el sistema por parte de los funcionarios denunciados, y no sobre los datos constantes en los expedientes. Ambos funcionarios ya habrían aclarado que la situación donde un usuario pueda tener más de una cuenta de correo con formato nombre «Usuario2», responde a la necesidad de que el operador, por lo general el juez, pueda subrogar otro juzgado y pueda operar con los expedientes digitales en dos o más dependencias.
Ya en las últimas actualizaciones de la plataforma SIGED se optimizó y superó ese procedimiento, de tal forma que los operadores puedan acceder desde un único usuario a todos los expedientes de las distintas dependencias en las que formen parte.
Aseguraron que «bajo ninguna circunstancia estas cuentas de correo/usuario generaron actividad de emisión de correos electrónicos, como se hace mención de posible uso irregular, dado que por políticas de seguridad ese usuario y clave es utilizado para acceso a otros sistemas utilizados en el ámbito del Poder Judicial.
Digitalización por etapas
Varios miembros del Alto Cuerpo relataron que la informatización de la Justicia misionera comenzó a implementarse inicialmente en el fuero civil, lo que demandó grandes inversiones económicas y de desarrollo humano, contando en la actualidad con el apoyo del colegio de abogados y de los justiciables, quienes «palpablemente perciben los beneficios de la digitalización del Poder Judicial», y destacaban además el acompañamiento recibido por parte de los magistrados y funcionarios de ese fuero.
En la segunda etapa, el STJ ordenó la digitalización total del fuero Penal.
Para fuentes ligadas al STJ, es en el avance de la digitalización de ese fuero donde comenzaron los problemas, ya que surgen datos estadísticos importantes de todos los fueros digitalizados, y la cabeza del Poder Judicial puede comenzar a observar la eficiencia, el trabajo y los resultados en el ámbito penal, que anteriormente resultaba engorroso y tardío de evaluar.
Se analizan informes referidos a la cantidad de causas en tramites, sentencias dictadas, expedientes elevados a juicio oral y publico, personas imputadas por delitos menores que nunca llegaban a juicio, denominada comunmente como la «puerta giratoria de la Justicia, la cantidad de autos entregados en deposito judicial, empleados y Secretarios, asignados a cada juzgado, entre otros varios aspectos.
Algunos resultados ya habían generado que desde el STJ se ordenen inspecciones a los juzgados, recomendaciones de líneas de trabajo y distintos procedimientos administrativos.
Según fuentes del STJ, el informe preliminar obtenido en lo que respecta a la cantidad de autos entregados en deposito judicial y la no elevación a juicio de los delitos cometidos por las mismas personas -reiterantes-, por los Juzgados de Instrucción de Posadas, habría sido «abrumador».
Ante esa situación,el STJ, como cabeza de Poder, resolvió por unanimidad pedir un informe pormenorizado de la cantidad de autos entregados en deposito judicial por cada juzgado de instrucción, y nómina de los beneficiarios de dicha medida judicial.
Ello debido a que del informe preliminar obtenido del sistema digital, ahora cuestionado, arrojaba que en la Justicia de Instrucción de Posadas se habrían entregado en deposito judicial autos, camionetas y motos de alta gama, teniendo como beneficiarios de esas entregas, a los propios magistrados, a sus secretarios, a empleados, hijos de empleados judiciales, amigos y hasta a parientes directos.
Estas «ligerezas procedimentales» además, habrían beneficiado a unos 150 policías, sin ningún tipo de intervención del ministerio de Gobierno, ni autorización previa del STJ, sobre quien recae la responsabilidad absoluta de la totalidad de los vehículos secuestrados.
Para peor, surge de los sistemas informáticos que la mayoría de los vehículos circulaban sin seguro obligatorio, entre otras irregularidades detectadas.
Los informes que llegaron al STJ, destacan que es el fuero penal de Posadas el que mas autos ha entregado y recibido con esa metodología, una flota valuada en millones de pesos en autos que van desde camionetas 4×4, VW Amarok, Ford Ranger, Honda, Mercedes clase A, Toyota, Sw4, VW Vento, VW Bora, Mini Cooper, Renault Step Way, entre otros tantos.
Ante lo que consideraron una situación irregular de gran magnitud, el STJ por unanimidad, ordenó que todos los juzgados de instrucción procedan a revocar los depósitos judiciales, y poner a disposición los autos secuestrados, venciendo dicho plazo mañana, lunes 11 de mayo.
¿Casualidad?
Los magistrados del Alto Cuerpo no dejan de observar la casualidad planteada que tres días antes que los magistrados debían explicar esos procedimientos y devolver la totalidad de los vehículos secuestrados que quedarían bajo custodia del STJ, con las consecuentes sanciones que procedimientos presuntamente irregulares podrían traer aparejadas, se hayan generado denuncias que cuestionan la seguridad del sistema digital implementado «con tanto éxito que permite observar todos estos casos».
También en el STJ se analizaba ayer la complejidad de relaciones entre miembros del Poder Judicial, que lleva a varios magistrados a inhibirse de actuar ante las denuncias efectuadas contra jueces, y generan corrimientos con derivaciones inesperadas.
Un ejemplo que brindaban era que por motivos de amistad, la jueza Ramona Velázquez se inhibe de intervenir en las causas que actúa como denunciante o denunciado el juez César Yaya, quien actualmente afronta un pedido de Jury en su contra.
Ante esta inhibición, la presidencia queda a cargo de César Santiago, quien deberá conducir el proceso de Jury que soporta Yaya. Pero es este último juez el que ahora motoriza la denuncia penal que pone en jaque la gestión realizada durante los últimos años por el SIGED, a cargo de Santiago, que debe analizar la situación de Yaya en el eventual Jury. Un complejo entramado que no dejaban de comentar ayer varios integrantes del STJ.
La mirada está puesta en si el mañana los jueces del fuero penal cumplirán el mandato del STJ de informar y devolver los vehiculos entregados en depósito judicial.
Otro tema que no dejaba de observarse ayer, es la situación de los vehículos robados que circulaban por todo el país con oficios de depósitos judiciales “truchos” con firma falsificada del juez Marcelo Cardozo, cuestión penal que a la fecha se encuentra tramitando el Juzgado de Instrucción Nº7 a cargo del juez Carlos Gimenez, una causa penal mediante la cual se investigan los oficios judiciales falsificados que se utilizaban para mover autos robados en todo el país.
La secretaría de Delitos Complejos del STJ, en un operativo que costó más de 50.000 pesos al Poder Judicial misionero, trasladó a un detenido Vip de la cárcel de Devoto de Buenos Aires hasta Posadas, quien estaba detenido en la Capital argentina por trasladar 20 kilos de cocaína, toda vez que sería quien proveía los autos robados a la célula local para armar los oficios truchos. Pese a los elementos que contiene la causa, aún no ha sido calificada como asociación ilícita, aunque existirían mas de 10 personas implicadas en la misma.
En el STJ se analizaba ayer que desde el fuero penal de Posadas se habría dispuesto que retornen al prisionero Vip a Buenos Aires, debiendo asumir el Poder judicial misionero nuevamente el costoso operativo del traslado, «sin que se haya ni siquiera clarificado la causa investigada, ni que exista urgencia en su extradición a su lugar de detención de origen», cuestionaban.
Un sistema que aporta transparencia
