Diez puntos concretos para la agenda de seguridad

El problema de la creciente inseguridad en nuestro país requiere de soluciones de fondo y en todos los aspectos que forman parte del sistema de seguridad. Más allá de las declaraciones oportunistas de algunos dirigentes, que abordan la problemática desde soluciones efectistas y/o parciales, la seguridad de los bienes y de las personas requiere trabajar en forma decidida, con toda voluntad política, y en varios aspectos, tales como la formación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad, la coordinación de las mismas, su remuneración, la cercanía con la sociedad civil, los mecanismos de control, el sistema penitenciario, la infraestructura de comunicaciones, el sistema de iluminación pública y las barreras urbanas, la justicia y las leyes incluyendo el código penal y la falta de una política inmigratoria. Así mismo, habría que re discutir el rol de las fuerzas armadas de la nación, ante la ausencia de hipótesis de conflictos limítrofes inminentes.

1-Formación
Respecto de la formación profesional de las fuerzas de seguridad, más allá de la específica de orden militar, técnica y física, es necesario dotar a aquellas personas en las que delegamos el uso de la fuerza y de las armas, de una profunda formación ética y moral, que asegure el mayor equilibrio posible al momento de utilizar la fuerza y su total integridad moral ante el delito. Al mismo tiempo profundizar los mecanismos necesarios que mejor aseguren controlar, periódicamente, la estabilidad emocional de los efectivos. Estas premisas requieren de una acción frontal que debe empezar a realizarse lo antes posible mediante convenios con universidades públicas y privadas para mejorar la formación de los efectivos en actividad, exigiendo cursos, seminarios, etc., dictados por civiles, y con los concejos profesionales del área de la psiquiatría y la psicología para su control emocional en forma regular. Así mismo, deberían adecuarse de inmediato, los planes de estudio para los nuevos ingresantes, enderezados al cumplimiento de estas premisas.

2-Equipamiento
Con respecto al equipamiento de las fuerzas de seguridad, es menester que quienes están dispuestos a arriesgar la vida para defendernos, cuenten con todos los elementos que hacen a su seguridad personal, y que al mismo tiempo dispongan de equipamiento moderno y efectivo para el cumplimiento de tan delicada misión. Debemos terminar con los chalecos anti balas vencidos, armas y municiones defectuosas o de inferior calidad y menor poder de fuego que la de los delincuentes. Móviles patrulleros en malas condiciones, sin mantenimiento, sin combustible, equipos de comunicaciones obsoletos y/o vulnerables, falta de radarización de nuestro espacio aéreo, etc. Si existiese verdadera vocación política de encarar el problema de la seguridad, estas cuestiones no deberían soslayarse más.

3-Remuneración
La remuneración de los efectivos debe ser acorde a lo necesario para mantener a sus familias en forma digna, despejando la preocupación económica de los problemas que deben enfrentar quienes cuidan de nuestra vida y de nuestros bienes. En este sentido, y para evitar los conflictos producidos por las negociaciones salariales, o por la ausencia de las mismas, proponemos enganchar la remuneración de los efectivos a la escala salarial de los empleados del poder judicial, contemplando los adicionales que correspondan de acuerdo a las tareas desempeñadas y a los riesgos asumidos.

4-Coordinación
También resulta evidente que quienes conducen y dirigen a las distintas fuerzas de seguridad que operan en el país, no han encontrado hasta ahora, los mecanismos idóneos para coordinar inteligentemente el accionar de las fuerzas. En efecto, policías federales, provinciales, municipales, gendarmes y prefectos superponen sus acciones, perdiendo efectividad y dilapidando recursos por falta de una adecuada coordinación de quienes conducen y fijan las políticas de seguridad. En este sentido, consideramos que gendarmes dirigiendo el tránsito o policías montados recorriendo avenidas céntricas, no responden a ninguna lógica en la asignación de las tareas. Debe implementarse de inmediato una unidad de coordinación que garantice la maximización de los recursos humanos y de equipamiento disponibles, utilizando cada efectivo en el ámbito para el que mejor se encuentra capacitado y equipado.

5-Fronteras
Más allá de las declaraciones de los funcionarios oficialistas, las fronteras argentinas son sumamente vulnerables, tanto para el tránsito de mercaderías, como de personas. Así mismo, es menester revisar la política migratoria que está vigente en nuestro país. Sin caer en ningún tipo de xenofobia, no podemos pasar por alto que Argentina se ha transformado en el destino predilecto de narcos y sicarios. Tampoco podemos dejar de observar que las organizaciones encargadas de distribuir drogas están manejadas, en la mayoría de los casos, por ciudadanos extranjeros. Si no tomamos en cuenta estos datos objetivos de la realidad, lejos estaremos de poder solucionar los problemas de seguridad derivados de la vulnerabilidad de nuestras fronteras. Se torna necesario revisar la posición adoptada por nuestro país respecto de la recepción de ciudadanos extranjeros y endurecer las condiciones para aquellos que pretenden radicarse en nuestro territorio. Así mismo, agilizar al máximo los procesos de deportación de residentes ilegales, sean o no delincuentes, con trámites abreviados.

6-Infraestructura pública
Respecto de la infraestructura, tanto la vial, como la de comunicaciones, la de iluminación pública, las cámaras de vigilancia, etc., el estado debe garantizar las mejores condiciones de desplazamiento para quienes transitan, estudian y trabajan. Decididamente se debe encarar la apertura de calles en condiciones de asegurar el tránsito de ambulancias, patrulleros, transportes públicos, etc., en todos los asentamientos y lugares que sirven de refugio a la delincuencia organizada. El estado no puede resignar, en ningún caso, la potestad que le atañe en cuanto al control del tránsito de personas y de bienes en todo el territorio nacional. La presencia física y con acciones concretas, no puede tener excusas de ningún tipo. Debe quedar absolutamente claro que nadie puede disputarle al estado el monopolio de la fuerza en ningún rincón del país.

7-Cercanía y control ciudadano
La cercanía de las comisarías con la sociedad civil organizada, debe actuar como una vía de ida y vuelta. Por un lado, las asociaciones barriales, comisiones vecinales, cooperadoras escolares, foros de seguridad, ONG, etc., que estén en la jurisdicción, deben involucrarse con la comisaría, destacamento y/o delegación policial para aportar ideas e informar sobre delitos o conductas y/o lugares sospechosas, o acercar medidas a implementar para garantizar mayor seguridad, y por otra parte estas asociaciones civiles deben calificar anualmente el desempeño del comisario o responsable de la jurisdicción, en forma vinculante con sus posibles asensos o traslados.

8-Sistema penitenciario
En cuanto el sistema penitenciario, tanto el nacional como los provinciales, no podemos seguir ocultando la ineficacia de los mismos. En efecto, la falta de infraestructura, el hacinamiento de los reclusos, los efectivos con preparación deficiente (vale lo mismo que lo antes dicho para las fuerzas de seguridad), y los objetivos difusos que persigue el cumplimiento de las condenas, garantizan más bien un post grado en delincuencia, antes que la re inserción de los condenados en la sociedad.

También en este sentido, habría que profundizar los controles físicos y psíquicos de guardia cárceles y reclusos. El estado debe extremar los esfuerzos para que todos aquellos ciudadanos que delinquen egresen con algún tipo de capacitación laboral obligatoria al término de su condena, que facilite su mejor reinserción a la sociedad. El recluso debe adquirir una clara conciencia del delito cometido, resarciendo a la sociedad, durante su cautiverio y mediante su trabajo, los costes de su mantenimiento en prisión. Para la consecución de estos objetivos, la infraestructura carcelaria y la formación moral y académica de los guardias, debe reformularse en su totalidad, involucrando a diferentes ONG, observatorios sociales, comisiones legislativas, organizaciones educativas, religiosas, cámaras empresarias, etc., en el seguimiento y control de los diferentes programas de reinserción, calificando el desempeño de los responsables de las unidades penitenciarias en forma vinculante con sus posibles asensos y/o traslados.

9-Justicia
En cuanto al poder judicial, como parte esencial del sistema de seguridad, el mismo amerita una reestructuración total, acorde al crecimiento de las causas y a la rápida tramitación que las mismas requieren. En primer término deben acordarse las causas de posible resolución extra judicial, sin mediación de jueces letrados, a fin de no recargar con cuestiones menores al poder judicial. Las contravenciones y diferencias entre ciudadanos que tienen baja litigiosidad, deben resolverse con mediaciones rápidas e inapelables. Asimismo se debe dotar al Poder Judicial de las mejores herramientas informáticas a fin de utilizar los avances tecnológicos disponibles para agilizar y mejorar las investigaciones de los delitos complejos. Se debe garantizar la independencia de los jueces sin dejar de efectuar rigurosos controles sobre el avance de las causas.

10-Fuerzas armadas
Nuestro país ha resuelto por la vía diplomática todos los conflictos territoriales con los países limítrofes. El único territorio argentino en litigio internacional son las Islas Malvinas. Esta hipótesis de conflicto debe ser descartada de resolverse por el uso de la fuerza. Ante esta circunstancia, es preciso discutir que rol le queremos asignar los argentinos a nuestras fuerzas armadas. Reducir la función de las tres armas a la participación en desfiles y/o paradas militares, o a tareas de colaboración con la sociedad civil, es menospreciar la preparación y la capacidad de nuestros soldados. Debemos revisar y aprender de nuestros errores como sociedad. Seguir cargando sobre las actuales fuerzas armadas el triste y lamentable accionar del denominado proceso militar, significa estigmatizarlas y condenarlas a un rol intrascendente en nuestra historia. La principal hipótesis de conflicto que enfrenta hoy nuestro país, es el riesgo de desintegración nacional por el avance del narcotráfico. Estas organizaciones de delincuentes le disputan al estado, en algunas ciudades y caminos vecinales, el monopolio de la fuerza. Sin ninguna intención de recrear el espíritu de la doctrina de seguridad interior, se podría asignar a nuestros militares profesionales, el control y cuidado de nuestras fronteras. En efecto, vastas extensiones de nuestro territorio fronterizo se encuentran absolutamente desprotegidas, ofreciendo inmejorables condiciones para el tráfico de drogas y el ingreso y/o egreso de personas sin ningún tipo de control. En tal sentido, países de la región, como Brasil, no vacilan en movilizar sus efectivos militares para el cuidado de sus fronteras. Poner a cargo de las fuerzas armadas, con presencia efectiva, la custodia de nuestras fronteras terrestres, aéreas y fluviales, constituiría una clara señal de que Argentina encara una lucha frontal contra el narcotráfico y la inmigración ilegal indiscriminada. Ello no significa de ninguna manera, inmiscuir a los profesionales de la defensa en cuestiones internas.



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