La medida alcanza al represor misionero Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi y sus parejas. La UIF anunció que apelará la resolución.
El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer el congelamiento de los bienes de los represores prófugos Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi y de sus parejas. La Unidad de Información Financiera (UIF) adelantó que apelará la decisión ya que el magistrado anuló todas las medidas que tomó el organismo para trabar los fondos de todo su entorno familiar y empresas que podrían financiar la huida de los dos condenados por delitos de lesa humanidad.
En una breve resolución tomada el viernes pasado, Bonadio dispuso «el congelamiento de la totalidad de bienes y activos que pertenezcan a Olivera y De Marchi» y de sus parejas, Marta Noemí Ravasi y Vicenta Britez Lezcano.
Por otro lado, el juez anuló la «totalidad de las disposiciones administrativas» tomadas por la UIF en el caso, es decir el congelamiento de los bienes de los represores así como de todo su entorno familiar y de sus empresas. «La UIF sólo tiene la facultad de congelar los bienes de una persona en el marco de la posible existencia de actividades terroristas no siendo este el supuesto de estas actuaciones en las que es la hipótesis más probable de investigación el delito de evasión», explicó Bonadio. Y argumentó que «los delitos por los que fueron condenados ambos causantes, cesaron de cometerse mucho tiempo atrás y no tienen efectos en la actualidad».
Desde la UIF ya adelantaron que preparan los argumentos para apelar la resolución de Bonadio. «La cuestión de terrorismo está vigente porque las personas desaparecidas no están y los delitos están vigentes mientras permanecen desaparecidos. Por otro lado, la sola libertad de los condenados prófugos por delitos de lesa humanidad intimida todo el esquema de testigos habida cuenta de lo que pasó con (Jorge Julio) López», aseguró el titular de la UIF, José Sbattella a Tiempo Argentino.
Para el funcionario, la situación actual «no puede estar alejada del delito de origen: el terror de la población era una de los objetivos del terrorismo de Estado y uno de los objetivos actuales es generar terror en los testigos».
Olivera y De Marchi se dieron a la fuga el 4 de julio pasado del Hospital Militar Cosme Argerich. Ambos habían sido condenados en San Juan por delitos de lesa humanidad y aprovecharon su traslado a la Ciudad de Buenos Aires por una consulta médica para escapar.
(Fuente: Tiempo Argentino)
