Ayer por la tarde fue la última reunión de la comisión mixta conformada por profesionales de la Cámara de Representantes y del Poder Judicial para trabajar en la actualización del Código Procesal Civil. Las comisiones encargadas de estudiar las reformas de los códigos procesales Penal y Laboral concluyeron el trabajo días pasados. Desde la coordinación adelantaron que la propuesta general con las modificaciones para cada materia sería presentada en el mes de julio, a fin de ser abordada por los legisladores.
Esta iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación institucional firmado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, y por el director ejecutivo del Centro de Capacitación Judicial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Sergio César Santiago.
Fueron creadas tres comisiones de trabajo, cada una abocada a estudiar posibles reformas de los códigos de procedimientos con miras a facilitar la resolución de conflictos y agilizar la administración de justicia.
Cecilia Britto, coordinadora general por parte de la Legislatura, comentó que “está terminando una instancia que podemos definir histórica, y hoy quienes participaron de la mesa del cierre de la comisión de reforma del Código de Procedimiento Civil así lo manifestaron”.
“Este convenio, firmado e impulsado desde la Presidencia de Cámara por el Ing. Carlos Rovira con el Poder Judicial, abre una instancia histórica ya que dos Poderes del Estado coinciden en una agenda para elaborar una reforma que va a tener un impacto y beneficio directo en todos los ciudadanos”, dijo.
Sostuvo que “ese es el espíritu de la reforma, actualizar los textos para que el justiciable acceda más rápidamente a la justicia, más económicamente, en un corto plazo, y que se alcance el valor justicia”.
La letrada destacó a Carlos Rovira como “el primer presidente y político que decide y define una instancia tan generosa y aperturista, porque las comisiones fueron integradas por jueces, defensores, fiscales, los ministros del STJ, sus relatores, el Colegio de Abogados, estuvieron presentes colegas independientes, sindicatos, el Ministerio de Trabajo”.
“Tuvo una participación que legitima esta reforma, y la legitimidad está en que quienes trabajaron son los que utilizan el código como herramienta de labor, los jueces, los abogados, y en definitiva, el ciudadano que es el que va a recibir el servicio de justicia”, indicó.
Remarcó que “como todas las cosas que propone Rovira, esto tiene un principio y un fin. Todos los proyectos se concretan, no quedan en palabras, sino que hoy podemos decir que está concluido un anteproyecto que en los próximos días va a ser presentado al presidente de la Cámara, y seguramente después a todos los diputados, con la tranquilidad de que ha tenido una discusión profunda”.
Reforma a la “misionera”
Britto puso énfasis en los factores locales como lineamientos determinantes del proceso de trabajo. “Esta va a ser una reforma a la misionera, no se hizo ninguna copia sino que se analizaron institutos de otras provincias, pero se terminó decidiendo en función de la idiosincrasia, de la costumbre, de las características de nuestro pueblo: es una reforma histórica, misionera, impulsada por Carlos Rovira y con la garantía de un trabajo arduo de los actores que han intervenido en la elaboración de esta reforma”, subrayó.
El ministro del STJ, Froilán Zarza, destacó que el trabajo tuvo “un saldo sumamente positivo, porque se logró proponer reformas a lo largo de todas las partes del Código, se agilizaron procesos, se establecieron figuras procesales nuevas que acompañan a los tiempos que corren, se ha hecho sobre todo de la mano de un intenso debate, muy democrático”.
“El resultado es fantástico desde todo punto de vista, y más allá de que el anteproyecto que se eleve sea una ayuda para los legisladores obviamente contará con una legitimidad importante por el origen que tienen todas las reformas que se proponen, tratando de darle la mayor agilidad al proceso civil, tratando de valorizar la buena fe, de generar institutos que hagan que el justiciable tenga la posibilidad de ver satisfecho su reclamo”, explicó.
Principios de celeridad
Por su parte, la ministra del STJ, María Laura Niveyro, dijo que “esto es un momento inédito en el cual se ha unido el Poder Legislativo con el Poder Judicial para establecer un proceso donde rijan los principios de celeridad, economía, donde el justiciable pueda cumplir con su objetivo, que es alcanzar, a través de una sentencia, una justicia ajustada a derecho”.
“Esto tiene un valor agregado no solamente por lo que se ha logrado sino por la participación activa de todas las partes”, indicó.
Remarcó que desde lo personal “fue realmente muy satisfactorio, nos llevó a colaborar y participar activamente desde la apertura, el debate, el estudio, así que es una gran satisfacción estar en este grupo y formar parte de este momento que es importantísimo para la provincia”.
Para la titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Rosanna Pia Venchiarutti Sartori el saldo también fue satisfactorio. “Fuimos escuchados los operadores de la justicia, hicimos propuestas basadas en la realidad, nos es lo mismo la realidad de la Capital que la del interior, escuchamos a jueces del interior, pensamos en institutos nuevos que sirvan de la misma manera tanto en Posadas, como en Oberá y Eldorado”, comentó.
“En base a esto hemos tomado cuestiones que se venían practicando jurisprudencialmente como la medida autosatisfactiva, la tutela anticipada, la revocatoria in extremis, y que quedaban a criterio de cada uno de los jueces. Lo que intentamos es darle seguridad jurídica al letrado y a las partes, y que ya no sea una cuestión de criterio sino que se establezca de forma pareja cuáles son las reglas del juego”, concluyó.
