En un operativo conjunto entre el Ministerio de Derechos Humanos y la Gendarmería nacional se logró rescatar a cuatro jóvenes misioneras que eran obligadas a prostituirse en un burdel de Eldorado, bajo amenazas constantes, degradación como también presiones generadas por supuestas deudas inexistentes que les imputaban para mantenerlas cautivas. Dos de ellas tenían hijos que permanecían al cuidado de sus captores, que les cobraban entre 400 y 600 pesos por dicha tarea. Ninguna tenía su documento nacional de identidad (DNI), los cuales eran guardados en un cajón de la barra de la wiskería.
Los procedimientos fueron el desenlace de una investigación que se llevó adelante por parte de las dos instituciones intervinientes que evaluaron el momento exacto para avanzar con los allanamientos, después de recibir la orden por parte del juez federal de Eldorado, dr. José Casals, y así obtener las pruebas necesarias que sirvieran para fundamentar el inicio de la causa.
Los procedimientos fueron realizados por la Agrupación IV de Gendarmería, en conjunto con el cuerpo de profesionales del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, dependiente de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos; el primero, el viernes, en una wiskería ubicada en el kilómetro 6 de la mencionada ciudad y el segundo, ya el sábado, en una vivienda particular donde residían los supuesto captores. El resultado: el rescate de cuatro misioneras mayores de edad y la detención de dos personas mayores que las obligaban a ejercer la prostitución.
A partir de allí la Trabajadora Social del Ministerio realizó el relevamiento de las condiciones en que vivían las jóvenes y se constató que era de total insalubridad: obligadas a mantener relaciones sexuales (pases) con sus clientes en las mismas habitaciones en donde vivían y tenían sus pertenencias.
Luego, las víctimas, fueron entrevistadas por la psicóloga de la misma dependencia quien constató que los detenidos las mantenían cautivas bajo amenazas, degradaciones y como una manera de pagar un canon monetario por el otorgamiento de la vivienda como así también la comida.
Además, dos de ellas tenían hijos que permanecían al cuidado de sus captores quienes les cobraban entre 400 y 600 pesos por dicha tarea. Ninguna tenía su documento nacional de identidad (DNI), los cuales eran guardados en un cajón de la barra de la wiskería.
La directora de Trata, Daniela Acosta calificó el procedimiento como “exitoso” y apuntó que estos hechos deben servir para que la población se concientice sobre este tipo de delito al que se someten a jóvenes en base a promesas engañosas.
Por último aseguró que la planificación de las estrategias que se habían formulado para luchar en esta temática: “Demuestran buenos resultados en base a los trabajos conjuntos entre el Ministerio, las fuerzas de Seguridad y la Justicia que permite que se realicen las investigaciones”.
