El fuerte impacto del gasto en personal en las finanzas provinciales -absorbe más del 50% del gasto primario- augura una millonaria inversión en esta materia -de al menos 18 mil millones de pesos- por parte de los gobernadores para calmar los reclamos gremiales salariales en el año electoral.
En este marco, para Economía & Regiones, «las provincias lograrían alcanzar un equilibrio fiscal si y solo si los aumentos salariales se ubicaran en torno al 15% o 16%».
A priori, los sindicatos nacionales docentes exigen una suba del salario mínimo de casi el 36% para llevarlo a 2.500 pesos. El final de esa discusión terminará signando las negociaciones con los maestros del interior y con toda la administración pública en general.
A partir de esa postal, un informe de la consultora sostiene que «cada punto de aumento salarial que otorguen las provincias durante 2011 equivaldrá a una erogación adicional de casi $ 1.000 millones anuales».
En esa línea, el estudio construye tres escenarios con diferentes pautas salariales -del 20%, 25% y del 30%-, «más alineadas con la tasa de inflación prevista».
Variantes
De esta manera, remarca que «los tres escenarios proyectados implicarían un costo anualizado de 18.100 millones de pesos, 22.600 millones, 27.100 millones o 32.600 millones, presentándose resultados deficitarios en todos los casos, desde un mínimo de 3.500 millones de pesos hasta los 18.000 millones de pesos (0,9% del PBI)».
Entre planta permanente, transitoria y personal contratado, las provincias cuentan con un total aproximado de 1.850.000 agentes públicos. (Ambito)
