La iniciativa presentada por el diputado Alberto Alvarez obtuvo dictamen unánime de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes.
Propone que no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios “las personas que hayan usurpado cargos electivos y las que hayan ocupado cargos políticos en cualquier repartición del Estado nacional, provincial o municipal, durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.
En el dictamen, se considera cargos políticos a los subsecretarios, secretarios, ministros y otros que tengan el mismo rango. Alvarez pretende que se sustituyan artículos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo además en la restricción a “las personas que hayan sido condenadas en calidad de autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores de delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o de lesa humanidad”.El autor manifestó que “hay muchos que fueron partícipes de los procesos de reorganización nacional del ’76 al ’83, entonces estamos pidiendo que los funcionarios con cargos políticos en la administración nacional, provincial o municipal se vean imposibilitados de ocupar cargos electivos o cargos políticos dentro de los partidos”.
Explicó que su iniciativa apunta “a todos aquellos que fueron cómplices, partícipes de un proceso sangriento con muchos desaparecidos, con mucha represión, muchas torturas, familias desmembradas, hijos de desaparecidos regalados o vendidos y familias asaltadas”.“Creo que los gobernadores, ministros o subsecretarios de estos gobiernos fueron cómplices de este daño que se le hizo al pueblo argentino, y esta medida es un reconocimiento para aquellas familias que tanto sufrieron, que pelearon y siguen peleando aún, para recuperar aunque sea los cuerpos de sus hijos o sus nietos”, agregó.Consideró que se trata de “una ley en la cual los dirigentes políticos nos veíamos con la obligación, no sólo con los familiares sino con la sociedad argentina, y creo que es histórica a nivel nacional. Misiones es la vanguardia en el cuidado de los derechos humanos”.
