La Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen de la comisión Especial de Seguimiento de Escuchas Ilegales, que tiene como objetivo que el Superior Tribunal de Justicia informe sobre las intervenciones telefónicas realizadas en la provincia desde el año 1983 hasta la actualidad. El pedido surgió a partir de una moción efectuada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, para que los informes abarquen a la totalidad de las intervenciones realizadas por la justicia desde el regreso a la democracia.
Entre los principales puntos, se solicita al STJ datos pormenorizados -para cada caso- sobre «el solicitante de la medida; causa en que se tramita e identificación de los expedientes; identificación de las líneas intervenidas, nombres y apellidos de los titulares desde el inicio de la intervención hasta su cese y sus prórrogas; fecha de libramiento de la orden de intervención telefónica; fecha de efectiva intervención telefónica, prórrogas, y en su caso, causas que la motivaron y cese de las mismas; y juez o funcionario judicial competente que autorizó u ordenó la medida».
Además, se pide que las empresas telefónicas que prestan servicios en Misiones informen las líneas fijas y móviles que fueron intervenidas por orden judicial, identificando los datos personales de los titulares de las líneas en todo el período intervenido.
El dictamen se originó por un proyecto de comunicación presentado por el diputado Ricardo Wellbach en el cual proponía que el STJ informe sobre un caso en particular, pero, por propuesta de Rovira y por unanimidad de los legisladores presentes en la última reunión de la comisión, se decidió que se incluyan en el informe la totalidad de las intervenciones efectuadas a partir del año 1983.
La Comisión Especial de Seguimiento de Escuchas Ilegales y Otros Hechos Asociados que Violenten el Estado de Derecho tiene como objetivo analizar procedimientos e intervenciones telefónicas autorizadas por funcionarios y magistrados judiciales de la provincia de Misiones, con miras a la protección y resguardo de la intimidad y los derechos constitucionales de los ciudadanos.
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