Lo dijo el secretario general de la CTA en Montecarlo, Rubén Ortiz, quien al igual que dirigente social Juan Carlos Di Marco, fue procesado por el juez federal de Eldorado Mario Hachiro Doi y además fue embargado por 7 mil pesos. El sindicalista consideró que hay «persecución política». Rubén Ortíz cree que para su procesamiento influyó un trabajo de investigación junto a otros docentes de la facultad de Humanidades.
«Con la ayuda de algunos intelectuales estamos haciendo un trabajo de investigación que está poniendo a la luz esta estafa millonaria contra los trabajadores y contra el Estado, y en momentos en que esto se está por transformar realmente en un acto de justicia para que los obreros dejen de percibir su descuento, nos procesan a nosotros en vez de perseguir a los estafadores».
La causa cobró estado público el 12 de febrero del 2009, cuando el juez federal ordenó la detención de Rubén Ortiz y su traslado a dependencias de la Gendarmería Nacional en Eldorado, en el marco del reclamo por un subsidio de 225 pesos para el período de la inter zafra a los tareferos de esa zona, durantes los primeros meses del año.
«Yo no niego mi solidaridad con esta gente. Pero lejos estoy de lo que se me adjudica», se defendió el docente.
Ortíz dijo en cadena Express que «yo reconozo mi solidaridad con esta gente, pero de ninguna manera lo que me adjudica el ministro (Jorge) Franco y la Gendarmería, que entró a allanar mi casa sin una orden judicial. Saben que soy un dirigente pobre y de una familia humilde. Yo no tengo siete mil pesos, o sea que me tendrán que sacar dos meses de salario docente».
