El objetivo es recuperar al menos en parte el dinero. La medida que incluye bienes y cuentas bacarias, se tomó luego de que un grupo de afcetados por la estafa, hizo una presentación en la Justicia Civil. Aún no se sabe si los imputados tienen patrimonio a su nombre. El Juzgado Civil y Comercial 6 de Corrientes, a cargo de Selva Spessot, libró las primeras órdenes de embargos preventivos contra bienes muebles e inmuebles de los responsables de la financiera fantasma, Marcelo Melgarejo y Alejandro Rotella.
Se trata de una acción sumaria que busca trabar el embargo efectivo del patrimonio de los gerentes de Boston Continental, a fin de absorber fondos equivalentes a los montos depositados por un grupo de ahorristas que finalmente perdió su dinero con la fuga concretada en diciembre.
De acuerdo con los términos de la medida cautelar interpuesta el jueves último en el estrado de Spessot, esta semana se podría determinar cuáles eran las propiedades o vehículos que Rotella y Melgarejo tenían a su nombre. De acuerdo con lo informado ayer, se cotejarán datos en los Registros de la Propiedad Automotor e inmueble.
Asimismo, si existieran cuentas bancarias con dinero líquido podría ser sujeto a las acciones civiles encaradas a fin de recuperar los montos puestos a disposición de los contratos mutuos enmarcados en el negocio de la sociedad fantasma.
Si bien aun se investiga, cabe la posibilidad de que hayan existido transferencias de bienes a terceros, como por ejemplo inmuebles. Dar con ese patrimonio, si bien representa una instancia más en el trámite y podría representar plazos más extensos, es un salvoconducto del cual podría valerse la Justicia Civil a fin de recomponer el dinero perdido por los capitalistas de Boston Continental.
En ese sentido y aunque se desconocen mayores detalles, en el marco del trámite penal que se continúa realizando en el Juzgado Correccional, el viernes se produjo el allanamiento de un estudio notarial que estaría comprendido en el expediente.
Vale señalar, la acción penal está encabezada por la jueza Gabriela Aromí de Sommer, que este viernes dio por concluida las indagatorias al cabo de la Policía Federal Manuel Benito Romero y Juan Aurelio Gómez, detenidos por la causa, que provisoriamente fue caratulada como estafas.
Ambos sospechosos afirmaron ser inocentes del fraude y negaron haberse enriquecido como parte del negocio, en vistas a que eran clientes. Incluso el abogado defensor, Lucio Portel, detalló que el 21 de diciembre Gómez había renovado su contrato, al igual que Romero, quien lo había hecho apenas dos días antes del cierre abrupto de la sociedad, el 26 de ese mes.
(Diario elLitoral.com)
