La diputada Nacional Stella Peso advierte con profundo desasosiego a la Cámara Baja del Congreso de la Nación, la «desenfrenada ocupación ilegal y depredación» de la que está siendo objeto la Reserva Biosfera Yabotí en la provincia de Misiones.
Pide se requiera informes al Poder Ejecutivo de la Nación, más concretamente a secretaría de Seguridad Interior (SSI) del Ministerio de Justicia, Seguridad y de los Derechos Humanos y Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a fin de que se expidan, concretamente, acerca de «si tienen conocimiento sobre las permanentes denuncias por delitos ambientales que se cometen en esa zona, espacio natural único en el planeta, que integra la Selva paranaense» y por lo tanto, ha sido declarada «área de máxima prioridad de conservación».
Hace referencia en su proyecto de Resolución, entre otras cosas, a la denuncia que por delito ambiental formulara la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense en el mes de agosto de 2007, ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Nación (UFIMA) dependiente de la Procuración General de la Nación.
La diputada Peso señaló que «en Colonia Pepirí, municipio de San Pedro, por ejemplo, la usurpación de los lotes es actividad corriente por parte de los brasileños y también nacionales que se asientan en el lugar, y ni los propietarios de las tierras, ni las fuerzas de seguridad ni mucho menos las autoridades provinciales logran frenar a los ocupantes que son también depredadores».
«Diarios digitales como Forestal.Com y Misiones On Line que han visitado el lugar, y los medios escritos, orales y televisivos de la provincia de Misiones se han hecho eco de estas denuncias y reclamos», manifiesta, pero lo cierto es que «la intrusión, la devastación de importante monte nativo con especies en extinción, el reemplazo de la selva por la tala rasa y prácticas agropecuarias con utilización de rastras de alta pendiente y aplicación de agroquímicos de alta toxicidad, la caza y pesca furtiva, la venta de madera de ley como leña, hasta el negocio inmobiliario de tierras ajenas con la venta también de sus mejoras, son situaciones que han llegado a desbordar a los propietarios legales de las propiedades y asociaciones ambientalistas» finaliza.
Por tales motivos pide que el PEN informe si posee registro actualizado e informatizado del estado de ocupación y uso de dichas tierras fronterizas con el Brasil, sean ellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, y eventualmente, que medidas administrativas se estarían tomando sobre el particular.
