Ampliaron inversiones en áreas sociales y el gasto legislativo

Se aprobó por mayoría el cálculo de gastos y recursos enviado por el Ejecutivo. Se incrementa fuertemente la inversión en Salud, Educación y Bienestar Social. Los fondos para obra pública marcan un récord.

Maratón. La sesión duró cinco horas y empezó con dos horas de atraso por la demora en la elaboración de dictámenes.

Maratón. La sesión duró cinco horas y empezó con dos horas de atraso por la demora en la elaboración de dictámenes.

[su_note note_color=”#cdcdcd”]La sesión estuvo cargada por el cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición[/su_note]La Cámara de Diputados aprobó tras un extenso debate las leyes de Presupuesto provincial, la prórroga de la emergencia previsional, con la suba de los topes a las jubilaciones privilegiadas y la ampliación del presupuesto legislativo de 31 a 37 millones de pesos. La última sesión del año estuvo marcada inicialmente por las demoras en la redacción definitiva del dictamen de la ley de Presupuesto y posteriormente por largas argumentaciones de los diputados de la oposición que cuestionaron cada una de las iniciativas, salvo el aumento presupuestario para ellos mismos, que acompañaron sin discutir.

La ley de Presupuesto salió casi tal cual como fue enviada por el Poder Ejecutivo en junio pasado, con la única salvedad de la autorización para Salud Pública para que pueda incorporar como contratados hasta un cinco por ciento de la planta total de empleados, en lugar del tres por ciento habitual.

La provincia tendrá el año que viene un presupuesto de casi 500 millones de pesos mayor al vigente. Hay una proyección de gastos de 2.551.565.100 pesos, de los cuales el 54,81 por ciento, 1.398.226.200 pesos estarán destinados al área social, con un incremento de 389.093.700 pesos en comparación con el presupuesto vigente. Además de la inversión social, que es récord, también la obra pública marcará un nuevo récord con una proyección de 861.018.300 pesos, con una participación de 33.74 por ciento en el presupuesto general. Además, para pagar la deuda se destinarán 88 millones de pesos en intereses, más 302 millones en amortización de capital, lo que representa un 12 por ciento del Presupuesto general y casi lo mismo que se volcará al desarrollo de la economía, con una participación del 18.48 por ciento del total de las erogaciones y una inversión de 471.632.000 pesos.

Aunque se sabía de antemano que el oficialismo contaba con los votos para sancionar la ley, la oposición no quiso dejar pasar la oportunidad de cuestionar la proyección de gastos.

El radical Pablo Andersen inició el ataque: “Esta ley es inconstitucional por el abuso de poder”, disparó en relación a las facultades que se dejan en manos del Ejecutivo para renegociar la deuda pública o modificar partidas presupuestarias, los denominados “superpoderes” por la oposición.

Además, cuestionó la necesidad de financiamiento de 600 millones de pesos y calificó al proyecto del Ejecutivo como “el más desequilibrado de la historia” y sostuvo que el incremento de la inversión social obedece a que en la provincia aumentó la pobreza. Con agregados, todos los referentes de la oposición compartieron las críticas de Andersen y cuestionaron “los superpoderes”, incluso Esteban Lozina, quien hasta agosto pasado elogiaba la composición del gasto del Estado y aprobó el año pasado una ley prácticamente idéntica. También, según los diputados del oficialismo, el presupuesto legislativo que manejó hasta el 10 de diciembre contiene las mismas prácticas presupuestarias que Lozina rechazó en el recinto. El ex renovador también advirtió sobre “una crisis de gobernabilidad” en el año electoral que se avecina y sostuvo que no se puede “delegar la cuestión de la deuda”. Lo curioso es que todo el arco opositor, en años anteriores impulsó la misma cesión de facultades o acompañó al oficialismo de turno desde el gobernador radical Ricardo Barrios Arrechea hasta el primer año del gobierno de Carlos Rovira, cuando la Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto del Ejecutivo, contando con el voto radical.

“Se ve que la década del 90 no era tan mala, porque la Renovación repite todas las leyes que usó Ramón Puerta”, ironizó la peronista Blanca Acosta.
“Esto es oposición por oposición misma. El ex presidente (de la Legislatura) usó los superpoderes y no escuché a ningún diputado de la oposición cuestionar el manejo de los fondos”, dijo la oficialista Sandra Giménez en uno de los más encendidos discursos.

“¿Dónde estuvieron los pruritos institucionales cuando en la década pasada se tomó deuda y se privatizaron los bienes de la provincia? En la década pasada la UCR acompañó la privatización de la Administración Provincial de Obras Sanitarias (Apos). En cambio, este es un Gobierno que se hace cargo de las responsabilidades y obligaciones que tiene y paga las deudas que otros dejaron”, arengó la diputada Sandra Montiel.

Otra de las leyes aprobadas fue la enviada por el Ejecutivo con cambios en el Código Fiscal para los impuestos al parque automotor, que cambia en el modo de recaudación, pero sin aumentos. La política fiscal se mantiene, pero se espera que la recaudación mejore sustancialmente el año que viene: 403.000.008 pesos, contra 257 millones previstos para este año. En este caso, hubo acompañamiento del bloque “Causa Ciudadana”, que preside Lozina.

La aprobación del Presupuesto incluyó la extensión de la emergencia económica, que frena los juicios contra el Estado y congela pasivos por más de 200 millones de dólares. En este punto, la oposición también expuso un particular análisis: “No hay porqué prorrogar la emergencia económica, si el Gobierno se cansa de decir que hay superávit tanto en el ámbito nacional como provincial”, dijo el ultraopositor Jorge Galeano, para quien también debería derogarse la ley de emergencia previsional que fue aprobada por el oficialismo con la suba de los topes a las jubilaciones de privilegio.

Sin embargo, el radical independiente Edmundo Soria Vieta quien por primera vez en más de quince años de vigencia acompañó la extensión de la emergencia previsional, hizo un cálculo de lo que significaría su
derogación: “Haría falta casi un presupuesto del poder legislativo para pagar a los jubilados de privilegio (390), con 25 millones de pesos al año a razón de ocho mil pesos en promedio para cada uno. Sería injusto, teniendo en cuenta que el 29 por ciento de los jubilados del Instituto de Previsión Social cobra menos de 500 pesos, un 42 por ciento hasta mil. y apenas el 3.21 más de 2.500 pesos”, indicó. La extensión de la emergencia, en cambio, eleva los topes de 3034 pesos a 3.350 y elimina el requisito de enfermedad para los mayores de 75 años, que podrán cobrar hasta 4.100 pesos.

Sin ejecuciones
La Cámara de Diputados aprobó la extensión de la emergencia habitacional que caducaba el 31 de diciembre y la prorrogó hasta diciembre del año que viene.

La ley suspende excepcionalmente por dicho término, los procesos de ejecuciones hipotecarias por deudas originadas con anterioridad al 6 de enero de 2002 que tengan por objeto la vivienda única de uso permanente y domicilio real de su titular y/o grupo familiar, como así también, todo trámite de ejecución de gastos y costas relacionado con las mismas.Quedan comprendidos dentro de la ley los inmuebles rurales afectados al régimen de cédulas hipotecarias rurales u otros créditos hipotecarios rurales que se encuentran en ejecución judicial.

La extensión de la prórroga de la emergencia habitacional era reclamada por los deudores hipotecarios que veían peligrar sus viviendas, acosadas por el aumento de las hipotecas y la imposibilidad de pagarlas. La medida imita al Gobierno nacional que decidió extender por 120 días más la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de vivienda única.



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