El gobernador envió a la Cámara pliegos para cubrir cuatro vacantes de la Corte

El gobernador envió a la Legislatura los pliegos para cubrir cuatro vacantes en la Corte. Se trata de Ramona Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset, Cristina Irene Leiva y Mario Dei Castelli para los cargos del Superior Tribunal de Justicia. Para la Fiscalía de Estado se nominó a Fidel Eduardo Duarte y para fiscal del Tribunal de Cuentas, a Ramón Cabral

Se terminó el misterio. El gobernador Carlos Rovira envió a la Legislatura los pliegos de los candidatos a cubrir cuatro de las cinco vacantes del Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Estado y el flamante cargo de fiscal superior del Tribunal de Cuentas. Entre las nominaciones hay una mezcla de experiencia y juventud y con la caracterítica de que salvo uno, los demás no tienen experiencia dentro del Poder Judicial. Para el Superior Tribunal fueron postulados Ramona Beatriz Velázquez, abogada y procuradora, ex docente y apoderada externa de la Dirección General de Rentas; Roberto Rubén Uset, abogado, actual subsecretario de Legal y Técnica del Gobierno, Cristina Irene Leiva, abogada, directora de Asuntos Jurídicos de Multimedios y con sólo 37 años y Mario Dei Castelli, abogado desde 1970, juez cesante durante la dictadura militar, ex subsecretario de Gobierno durante los primeros tres años del gobierno del radical Ricardo Barrios Arrechea y luego constituyente por la Unión Cívica Radical en la reforma de 1994. Además es hijo de Roberto Dei Castelli, quien presidió el STJ y actualmente es jubilado.

Para cubrir la vacante generada por la destitución del fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström, el gobernador candidateó al abogado y asesor del Gobierno, Fidel Eduardo Duarte, quien fue uno de sus colaboradores en los reiterados conflictos de poderes con la Cámara de Diputados manejada por el justicialismo, junto a Uset.

Asimismo, para el nuevo cargo de Fiscal Superior del Tribunal de Cuentas, postuló al contador público Ramón Roberto Cabral, quien fue jefe del departamento técnico de la Dirección General de Rentas desde diciembre de 1976 hasta diciembre de 1983 e incluso estuvo a cargo de ese organismo en el gobierno de Barrios Arrechea y actualmente es subdirector de Recaudación.

Las postulaciones cayeron de sorpresa entre los diputados: cada uno de los candidatos requerirá los dos tercios de los votos de los diputados para acceder a sus cargos y en la oposición hay resistencia a varios de los nombres, aunque otros resultaron «desconocidos».

El expediente fue ingresado por el Presidente de la bancada renovadora, Néstor Ortega, y remitido por el presidente de la Cámara, Esteban Lozina, a la comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Bibliotecas, para ser tratados en el transcurso de la semana próxima. Marcos Aurelio Rodríguez, presidente de esa comisión, convocó para la primera reunión de análisis para el próximo miércoles.

Las vacantes en la Corte corresponden a las renuncias de Marta Poggiese de Oudín, Luis Absi y Julio Dionisi, quienes se acogieron al régimen de jubilación sin tope salarial para retirarse con el 85 por ciento móvil de los sueldos que cobran actualmente. La otra candidatura es para cubrir el cargo del fallecido Julio Máximo Silveira Márquez. Todavía queda una vacante por cubrir cuando quede firme la sentencia de destitución de la ex magistrada Marta Catella.

Catella sigue peleando por su cargo y pretende llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a cortes internacionales para recuperarlo.
Será la primera vez que a un ministro del Superior se le dará acuerdo público, ya que antes los acuerdos se hacían en sesión secreta. A partir de la reforma constitucional, los acuerdos se realizan en sesión pública, pero no hay audiencias públicas, por lo que los ciudadanos no pueden presentar impugnaciones a las candidaturas, que son consideradas «políticas».

Quiénes son
Sin dudas, el candidato a la Corte más reconocido es Dei Castelli. De amplia trayectoria como abogado y un trunco paso por la Justicia que se cortó con la dictadura militar, parece ser el candidato que pasará sin problemas el filtro de la Cámara. Uset, de 51 años, abogado desde 1983 también recibió respaldos de algunos diputados de la oposición. Integró el Colegio de Abogados y lo representó en el Consejo de la Magistratura -también como representante del Ejecutivo- y ejerció la docencia en forma ad honorem. En el sector público trabajó en el Instituto Provincial del Seguro entre 1984 y 1990, después en la administración de Obras Sanitarias de Misiones, como asesor jurídico del Defensor del Pueblo de Posadas. Fue director de Asuntos Municipales, subsecretario de Gobierno y actualmente de Legal y Técnica. Además tiene el título de mediador.

El caso de Ramona Velázquez es el más llamativo: de 65 años, se jubiló como docente en 1992. Es profesora de biología con un posgrado en Ciencias Naturales.

Recién después de jubilada, en 1993 inició la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Santa Fe, delegación Posadas, de la que egresó el 27 de mayo de 1997. Después organizó jornadas de Derecho Penal y se volcó al derecho comercial, de sociedades, concursos y quiebras. En el estudio Ayala, Cardozo & Jourdan, Yaya, es desde 1997 la encargada del área de Derecho Administrativo y de Familia y desde 2004, apoderada externa de la Dirección General de Rentas.

Si aprueban su pliego, Cristina Leiva tendrá el privilegio de ser una de las ministras de la Corte más jóvenes del país. Con sólo 37 años, tiene una larga trayectoria como abogada.

Se recibió en 1993 en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Encarnación, Paraguay. Revalidó su título en la Universidad Nacional del Nordeste ese mismo año y ejerce desde 1994 en estudios jurídicos propios en Posadas y Eldorado, de donde es oriunda. Fue asesora del Concejo Deliberante de Posadas, del IFAI y jefa del departamento jurídico de Canal 12 desde 1987. En 2001 ascendió a directora de Asuntos Jurídicos del Multimedios Sapem y realizó numerosos cursos de especialización.

Las reacciones
El Colegio de Abogados expresó su molestia por las designaciones, ya que habían propuesto al gobernador que las candidaturas se expongan públicamente como hizo el Presidente Néstor Kirchner con las candidaturas a la Corte Suprema.

«Pretendemos que resulte un acto totalmente transparente, que demuestre una verdadera vocación por mejorar la justicia de la provincia de Misiones. Por ello proponemos se ponga en funcionamiento, mediante un decreto que reglamente su facultad para una mejor selección de los candidatos y un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, obteniendo como resultado la designación de ministros del Superior Tribunal de Justicia con méritos suficientes desde el punto de vista personal, intelectual y moral para el cubrimiento de los cargos», señala una nota del Colegio presentada al gobernador.

Conocidas las postulaciones, el Colegio se reunió por más de tres horas para emitir una opinión que no fue favorable. Por un lado cuestionó la «falta de currículum de los postulantes» y por el otro, la cercanía con el Gobierno, lo que «daría una imagen de dependencia», sentenció el presidente de la asociación, Rubén López.

Sostuvo que la mayoría «son empleados públicos, hay una carencia total de currículum, no se nota que tengan especialización ni antecedentes académicos, ni doctrinarios y se pone en riesgo la independencia judicial».
Los diputados de la oposición también cuestionaron algunos nombres, pero no se expresaron públicamente sobre los candidatos. «Habrá una evaluación en el partido», indicaron voceros del PJ y la UCR.