Revisarán la situación de las empresas para bajar los indicadores de informalidad laboral. Consideran que es un condimento importante de la pobreza
En toda la provincia. Rentas inauguró sede en Aristóbulo del Valle.
Las empresas comenzarán a recibir los controles en los próximos días. En forma conjunta, los fiscales de la Dirección General de Rentas y la subsecretaría de Trabajo controlarán que tengan habilitaciones en regla y los impuestos al día, pero básicamente, se apuntará a revisar la situación de los empleados. En el Gobierno están convencidos que la lucha contra la informalidad laboral será clave para bajar el índice de la pobreza que en Posadas alcanza al 53 por ciento.
Por eso se reflotó un convenio firmado inicialmente con la Secretaría de Acción Cooperativa para inspeccionar las cooperativas de trabajo y se apuntará a investigar a todos los empresarios. Es que el último año el crecimiento de la economía fue del 15 ó 16 por ciento y la recaudación tuvo un salto importante, por lo que en la práctica, las empresas ganaron más dinero. Sin embargo, eso no se tradujo en la situación de sus empleados. La desocupación cayó a 4,4 por ciento, pero la informalidad laboral se mantiene en más del 50 por ciento, en el mismo porcentaje que la pobreza que subió dos puntos.
Los funcionarios de Rentas sostienen que la evasión en las grandes empresas alcanza a 20 ó 25 por ciento, lo que impacta también en el empleo en negro. Se estima que el trabajador informal cobra entre 30 y 40 por ciento menos que un trabajador debidamente legalizado y no accede a los beneficios como la obra social y los accesos a la salud.
Si se lograra bajar los indicadores de informalidad laboral y se le da el acceso a la mitad de los trabajadores a servicios que hoy no acceden, sin dudas, el dinero de su salario se podrá destinar a otras cosas y los elevaría por encima de la línea de la pobreza. Posadas se convirtió en la única ciudad del país donde la pobreza subió, cuando en el resto del país, el indicador bajó. De todas maneras, la capital misionera no es la más pobre del país, ya que hay distritos más comprometidos.
El poder de Policía Laboral le compete constitucionalmente a la Provincia a través de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, actualmente conducida por Juan Carlos Agulla, ex director de Asuntos Municipales.
El trabajo de Rentas y Trabajo se extenderá a toda la provincia también en la búsqueda de detectar evasores.
13 mil pesos
Hace quince días los controles de la Dirección General de Rentas en el puesto el Centinela secuestraron una carga de madera que no tenía los papeles en regla. Fue el primer operativo de este tipo, donde se decomisó mercadería, con las nuevas facultades otorgdas al organismo recaudador para cazar evasores.
La carga pertenecía a un empresario del Alto Paraná que casualmente había estado en los piquetes contra las nuevas medidas antievasión.
El viernes, el empresario admitió las irregularidades y pagó como multa, 13 mil pesos, el equivalente al 40 por ciento de la carga decomisada.
Además, tendrá que regularizar todos los papeles para poder retirar la carga.
La multa del 40 por ciento le corresponde por ser la primera infracción con el nuevo código, pero en caso de ser reincidente, la multa se elevará al 60 por ciento. Además del decomiso, Rentas tiene la facultad de allanar oficinas o abrir cajas de seguridad.
