Para ejercer el «control y resguardo» de servicios públicos prestados por organismos o empresas públicas o privadas, el MAP presentó un proyecto de ley en la Legislatura, que postula la creación de un Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. La idea es que trabaje en conjunto con los entes reguladores nacionales y las defensorías del Pueblo locales y nacional. El objetivo es «la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del ambiente», explicó el diputado del Movimiento de Acción Popular, Jorge Galeano, autor de la iniciativa.
El diputado del MAP se preguntó «¿quién controla en nuestra provincia el transporte interjurisdiccional? ¿Quién vela por la iluminación y señalamiento de las rutas que cruzan nuestra provincia y que están conesionadas? ¿Quién protege a la población regulando la manipulación y tratamiento de residuos patológicos y peligrosos? La respuesta es indudable: nadie».
Es por eso que Galeano propone»para no incrementar el presupuesto provincial» un solo ente regulador de todos los servicios públicos, los cuales estarán sujetos a una «regulación provincial equitativa en el trato para los usuarios y consumidores respecto de las poderosas empresas».
En este sentido, son contemplados como servicios públicos los prestados por el transporte público de pasajeros, la televisión por cable y los servicios públicos de agua, electricidad, el alumbrado público y señalamiento luminoso. También se incluye al control de estacionamiento por concesión, la conservación y mantenimiento vial del peaje; y el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos. Adelantándose al futuro, la norma también regulará el gas natural cuando se encuentre en funcionamiento.
«Así las cosas todo ello estará debidamente regulado por este Ente Único Regulador de los Servicios Públicos en la Provincia que contará con la legitimación procesal, independencia funcional y autarquía para la toma de decisiones pudiendo actuar de oficio o por denuncia de los consumidores y usuarios», aclaró el mapista.
Entre las funciones que tendría el Ente, está la de fiscalizar las actividades de los prestadores de servicios públicos (seguridad, higiene y regularidad entre otras). También se encargará de «informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los usuarios, consumidores y a las asociaciones que éstos conforman». Otra de las actividades que le competen será la de «analizar las bases de cálculos de los regímenes tarifarios, intervenir en la modificación de su estructura y aprobar en forma previa las tarifas que aplicarán los prestadores según los regímenes de formación y actualización de precios vigentes en los diferentes servicios».
Reparación de calles y veredas de Posadas
Hace dos semanas el Concejal del MAP, Enrique de Arrechea presentó ante la Seccional 2 del Juzgado de Instrucción 3 una denuncia penal contra SAMSA y el ente encargado de controlarla: el EPRAC (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas). Motivó su presentación el «estado de deterioro de las calles» que está provocando la construcción de las redes cloacales en Posadas.
Lo que concretamente critica el edil mapista es que la empresa no hace los efectivos arreglos a medida que va terminando su trabajo en las distintas zonas de la ciudad. «Samsa se apoderó de la ciudad, la está destruyendo. No hay esquina por donde uno pase donde no ha dejado sus secuelas y sus señales de destrucción. Después de hacer el extendido de las cloacas deja las obras sin terminar, en eso hay una clarísima responsabilidad de daño al erario público. Por supuesto en consonancia con eso hay una corresponsabilidad por parte del EPRAC», fustigó el concejal de Arrechea.
Desde el MAP aún están esperando una respuesta a su pedido de paralización de las obras para que la empresa se dedique a pleno a arreglar lo destruido en las calles y veredas. Enrique de Arrechea sugiere que «inmediatamente se suspendan las obras, y que toda la energía que se está poniendo en romper la ciudad inmediatamente la traslade en construir lo que destruyó».
Para el diputado del MAP, Jorge Galeano, «el EPRAC parece más un socio de la firma SAMSA que alguien que debe velar por el cumplimiento en la correcta prestación del servicio protegiendo a usuarios y consumidores». Por ello reflexionó que la situación que se está viviendo en la Capital Misionera» no hace más que corroborar acerca de la necesidad de un Ente encargado de controlar a la prestación de servicios públicos».
