El Subsecretario de Agricultura, Ganadería, y Forestación (Sagpya), Javier de Urquiza, explicó que para acelerar los procesos y resolver aspectos legal-administrativo y el económico-administrativo de la cuestionada ley de promoción forestal. «Se han conformado dos grupos de trabajo a pedido del propio secretario de Agricultura, Miguel Campos», informó el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestació, Javier de Urquiza. El Subsecretario de Agricultura, Ganadería, y Forestación (Sagpya), Javier de Urquiza, explicó que para acelerar los procesos de análisis de las dificultades administrativas y operativas de la cuestionada Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados se han conformado dos grupos de trabajo a pedido del propio secretario de Agricultura, Miguel Campos.
Uno de estos grupos está conformado por el propio De Urquiza, un asesor del titular de la Sagpya, Malacari, y representantes de la Asociación Forestal Argentina (Afoa), con el objetivo de avanzar en la resolución de los planteos que surgen de las reuniones de la Comisión Asesora, con informes que deben presentar a Campos en forma semanal o quincenal.
El segundo grupo está integrado por profesionales, entre ellos se contrataron a dos abogados y un contador, para avanzar en dos niveles: el legal-administrativo y el económico-administrativo, que tendrán como eje fundamental resolver los problemas que se presentan en los proyectos foresto-industriales tanto en la Administración Nacional de Aduanas, como en el reintegro del IVA, según detalló el Subsecretario de Agricultura y Forestación a ArgentinaForestal.com.
Por otra parte, el funcionario anunció la posibilidad de que la próxima reunión de Comisión Asesora se realice el viernes 1 de junio en el marco de Fitecma 2005, aceptando la invitación por parte de la ASORA.
En diálogo con la prensa, De Urquiza revalorizó el compromiso asumido por la Nación con el sector forestal y foresto-industrial, indicó que en este marco se dieron tres etapas «el fuerte impulso dado por el presidente Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo de 2003, luego la etapa de la auditoría generada por el sumario administrativo a la Dirección de Forestación, y la tercera, mientras continúa esta instancia que está en manos de la Justicia Federal, hacer los máximos esfuerzos para que la operatoria continúe lo mejor posible».
Entre los cuestionamientos que se reiteraron a las autoridades nacionales en las últimas reuniones de la Comisión Asesora, y que fueron vueltos a plantar en la realizada el pasado lunes 9 de mayo, se registraron:
-Luis Mestres, director de Recursos Forestales de Corrientes: reclamó por la falta de circulación de información respecto al avance de los planes entre el área de aplicación nacional y la Provincia. «No vemos que haya algún método que permita ver si realmente hay un avance entre lo que se plantea en una reunión y la otra, ahora en junio vuelve a sesionar la Comisión Asesora Mixta, y algún parámetro tenemos que tener para evaluar si se ha progresado, las autoridades nacionales dicen que sí, a mi me quedan serias dudas».
-José Eduardo Saíz, gerente de la Asociación Forestal Argentina regional NEA: volvió a pedir que se aclare en la resolución de aplicación de la Ley 25.080 específicamente que los planes presentados por plantaciones de hasta 300 hectáreas son reconocidos por el beneficio económico hasta el 80%, mientras que de 301 a 500 has. el reconocimiento es por el 20% del total. «Es necesario que se aclare específicamente en la resolución para que este punto no quede sujeto este criterio al gobierno o funcionario de turno».
-Desde la Asociación Forestal Argentina se cuestionó porque aún no hay establecido un sistema por el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pague los reintegros del IVA, obligando a las empresas a tomar el valor como crédito fiscal.
-Preocupación común: la información surgida de que se produjeron despidos en el ámbito de la Dirección de Forestación. A los diversos planteos que se hicieron en este sentido, De Urquiza explicó que se trataron de cuatro «reasignaciones, es decir personal que fue cambiado de área pero nunca despedido», y explicó que esto se hizo por «sugerencia de quienes llevan adelante la auditoría a la Dirección de Forestación, porque son personas que podrían haber tenido algún tipo de contacto con los expedientes cuestionados». En ese marco, el funcionario aclaró que José Luis Darraidau está dentro del grupo de estos cuatro empleados removidos.
-Otra vez el 10%: en la reunión de la Comisión Malacari tuvo que volver a aclarar que todas las inspecciones realizadas por la Nación y que tengan una diferencia igual o menor al 10% con la realizada por la provincia correspondiente se enviará a resolución de pago por la superficie certificada por la autoridad nacional, en tanto que en relevamientos donde la diferencia sea mayor se le pedirá a los técnicos responsables que envíen información que explique esta discrepancia, y recalcó que si bien hasta el momento «la Nación actuó con paciencia, el objetivo es consolidar este sistema y que si la información de los profesionales no responde a la duda planteada por la Nación, el expediente sea dado de baja».
-Pedido de sanciones: otro pedido común durante la reunión fue que se sancione a los técnicos que en sus planes presentados y certificaciones muestren incongruencias con las inspecciones realizadas por la Nación y que no tengan su debida justificación. La respuesta de las autoridades nacionales es que no descartan hacerlo, pero que por el momento «no quieren apresurar las cosas».
