La suma que se investiga fue extraída a través de órdenes de pago «truchas» firmadas por la ex jueza del Civil y Comercial N° 1, Graciela Salvado de Sotelo. El expediente podría ser anexado a la megaestafa. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Retiraron indebidamente 36.700 pesos en menos de un mes, pero la estafa podría ser mayor.[/su_note][su_note note_color=»#cdcdcd»]Los números de la megaestafa no dejan de ser un misterio, incluso para los investigadores de la causa.[/su_note]Los mismos de siempre. A casi dos años del escándalo de la megaestafa a las cuentas bajo custodia judicial, en la justicia siguen saltando denuncias en donde aparecen nuevas estafas con la marca de la ex jueza del Civil y Comercial N° 1, Graciela Salvado de Sotelo.
En esta oportunidad, la fiscalía de Instrucción N° 1 recibió una denuncia en donde aparece una docena de órdenes de pago supuestamente «truchas». Fue el síndico que intervino en el expediente N°564/95 «Pinturería Maddiona SRL y Roque Maddiona S/ quiebra», quien dio el alerta de las anomalías y de las extracciones que no se encontraban en el expediente.
Algunos de los nombres de quienes cobraron las ordenes de pago libradas por el Civil y Comercial N° 1, ya son conocidos en la causa que investigó el juez de Instrucción N° 3, José Luis Rey. En menos de un mes y medio, Paula Espinosa, Claudio Martínez, y Jorge Piriz, retiraron indebidamente 36.700 pesos de una cuenta judicial.
El síndico había advertido que en un informe del Banco Macro no se contemplaba «la existencia real de fondos obtenidos en esta quiebra». Claro, lo que sucedió es que alguien estaba vaciando la cuenta judicial destinada al expediente en curso, en supuesta complicidad con algún miembro del juzgado donde se tramitaba la causa.
«Sobre las mencionadas cuentas, se produjeron una serie de movimientos de extracción y depósito de los cuales esta sindicatura sólo tomó conocimiento vía expediente del oficio N° 846 diligenciado por el cual se transfirieron 3.150 pesos para responder a la tasa de justicia», según consta en el informe del síndico y que ahora investiga la justicia.
El contador designado por la justicia para entender en la quiebra, señaló en su informe que «los demás movimientos mencionados en el informe brindado por el Banco Macro, esta sindicatura desconoce quiénes son los responsables de los mismos, más allá de lo informado en cuanto al nombre de las personas que efectuaron las extracciones, ya que no constan en el expediente ninguna de las órdenes de pago libradas».
El 29 de noviembre del año pasado, la jueza a cargo de la subrogación del Civil y Comercial N° 1, Rossana Venchiarutti, informó a la Cámara de Apelaciones que «la sindicatura ha presentado el informe requerido, del cual surge que se han realizado extracciones de fondos ilegalmente».
Todo el expediente que en principio se manejaba en el Civil y Comercial N° 1, ahora se encuentra en el juzgado de Instrucción N° 1 a cargo del juez Horacio Gallardo. Fuentes judiciales no descartaron que el juez de turno envíe el expediente al juez Rey.
La megaestafa sin números
A pesar que el expediente de la causa conocida como la megaestafa a las cuentas judiciales habla que el monto de la estafa es de 1.500.000 de dólares, la verdadera cifra es un verdadero misterio.
«No nos debería extrañar que sigan apareciendo estafas de este tipo, porque no se sabe cuántas órdenes de pago se utilizaron en la megaestafa», explicó una fuente judicial, que conoce los pormenores de la investigación que conmocionó a la justicia misionera.
La ex jueza del Civil y Comercial N° 1, Graciela Salvado de Sotelo; la ex jefa de despacho Nora Castelli, Cayetano «Nani» Castelli, y los abogados Paula Espinosa, y Guillermo Abdón Fernández, son los únicos detenidos en la causa, tras ser procesados como los organizadores de la asociación ilícita, que se dedicaba a la extracción de fondos bajo la custodia judicial mediante órdenes de pago «truchas».
Los abogados Alejandro Jabornicki y José Alberto Tuvi, el contador Eduardo Mártires Solís, el empresario constructor Roberto Motta, el ex empleado del juzgado investigado Alan López, y la ex secretaria del Civil Nº 1, Miriam Saidman, también se encuentran procesados, pero no están tras las rejas, ya que quedaron fuera de la asociación ilícita.
