El dictamen de la comisión de Enjuiciamiento fue elevado ayer al Concejo y al Jurado. El defensor de la jueza dijo que hubo arbitrariedad entre los ediles. [su_note note_color=»#cdcdcd»]Lo que distingue a un juez es su sensatez y su actuación sin parcialidad, dice el dictamen.[/su_note]Los integrantes de la Comisión de Enjuiciamiento presentaron en la sesión de ayer, el dictamen a través del cual dieron luz verde al juicio político contra la jueza de Faltas María Marta Guimaraes, por la supuesta irregularidad cometida al liberar un vehículo del corralón municipal.
En los argumentos del dictamen, los concejales dejaron constancia que lo «que distingue la tarea de un juez, lo que destaca de su labor está dado por: su conocimiento del derecho, su capacidad, su inteligencia, cuando sepa en materia jurídica; pero por sobre todas las cosas, su sensatez, su buen juicio, su prudencia, su capacidad de mantenerse distante de los intereses que están en juego. Su actuación sin parcialidad ni favoritismo».
Más adelante, los ediles aclararon que en el análisis ut-supra realizado entiende esta comisión que el accionar de la jueza estaría encuadrado en las causales previstas en el artículo 36 de la Carta Orgánica Municipal, neglicencia, irregularidad en sus funciones e indignidad».
El presidente de la Comisión, René «Cacho» Reppeto dijo que por unanimidad los integrantes de la comisión detectaron que había «determinadas irregularidades que ameritan que esto pase a la instancia superior, donde el Jurado de Enjuiciamiento deberá evaluar esos datos que aportamos y de ahí en más ellos serán los que tendrán la decisión de juzgar o no esa supuesta actuación irregular», de la jueza.
La magistrada habría actuado de manera irregular al retirar del corralón el vehículo de Alfredo Abrazián, sin los elementos de seguridad.
Reppeto explicó ayer que «no evaluamos el hecho de la violación de la luz roja, la falta de barra de tiros, de balizas, de la falta del último seguro obligatorio», que motivaron el secuestro del auto del periodista y agregó que «para el dictamen tuvimos en cuenta el comportamiento de la jueza todo su tiempo en el juzgado».
Denuncian arbitrariedad
Por su parte, el abogado defensor de la jueza Marta Guimaraes, Roberto Nicolás Chemes, criticó el dictamen establecido por unanimidad por la Comisión de Enjuiciamiento.
Chemes manifestó que está muy sorprendido por el dictamen y dijo que «hasta ayer a la mañana (por el miércoles) todos los datos que teníamos indicaban que se iba a archivar la causa porque no había ningún motivo serio para enjuiciar a la doctora». Y agregó que «de golpe suspendieron la reunión de la mañana y la pasaron a la tarde, y de forma sorpresiva decidieron lo contrario a lo previsto». En ese sentido el letrado afirmó que «estamos en presencia de actos de una arbitrariedad elocuente».
Asimismo, Chemes añadió que «así el lugar que tiene la justicia es el tacho de basura, sólo se busca manipular y acumular poder para cerrar un círculo autocrático tras la fachada democrática, y eso hace mal a toda la sociedad».
«Todo esto es muy decepcionante y creo que en muy pocas suceden debacles enormes como éstas», enfatizó.
Además, Chemes sostuvo que «la denuncia es totalmente imprecisa y está redactada en una hoja de oficio», y explicó que «no se debe registrar un caso de enjuiciamiento ocupando una hoja oficio».
El abogado defensor de Marta Guimares se reunió con ella ayer por la tarde para analizar los pasos a seguir, a partir de ahora, y en vista de las respuestas que deberá contestar al Jurado.
La interna se coló en el recinto
Si la sesión de la semana pasada dejó al descubierto los desencuentros entre los integrantes del bloque renovador, la de ayer, evidenció las diferencias que ahora existe entre los justicialistas.
Dos proyectos sirvieron para hacer traslucir las fricciones entre los seguidores del Frente para la Victoria y de Peronismo Activo: el subsidio de 30 mil pesos para el Club Itapúa y el aumento de las asignaciones familiares.
El justicialista Guido Barreyro intentó ayer tratar sobre tablas ambos proyectos, pero fueron frenados por sus pares y enviados a las comisiones correspondientes.
El proyecto de asignaciones familiares que presentó Barreyro se adjuntará con el que ya había presentado el presidente de la comisión de Hacienda, José Garzón Maceda. El del médico propone una asignación de 60 pesos por hijo para los trabajadores que perciban remuneraciones de hasta 725 pesos, mientras que el de Garzón Maceda sólo impulsa la mitad (aunque eso representa un aumento del 50 por ciento sobre el actual monto).
Mientras que la asignación por hijo con discapacidad es de 240 pesos.
Según Barreyro, los montos propuestos equiparan la asignación municipal a la que se da en la Nación. Sin embargo, luego de un cuarto intermedio y de una acalorada discusión, se decidió enviar el proyecto a comisión.
